La Provincia aplicó freno de mano en obra pública y chirriaron los engranajes

La obra pública santafesina atraviesa un momento difícil, no sólo por el contexto macroeconómico actual y las dificultades que tiene la ley para el pago de certificados en un contexto inflacionario, sino porque en pleno año electoral el gobierno provincial decidió ralentizarlas, algo muy extraño.

Desde la Cámara Argentina de la Construcción, delegación Rosario, explicaron que además de todos los problemas económicos que tiene el país, la inflación es el que más complicaciones genera. Rubén Llenas, gerente de la cámara, contó a Punto biz que los ajustes de precio de las redeterminaciones están regulados por una ley que “no tolera una inflación superior al 30% anual, una empresa, en el mejor de los casos, cobra una redeterminación con un 13% de actualización a los 5 meses de presentar el certificado, con un 7% u 8% de inflación mensual”.

Llenas reconoció un diálogo constante con los representantes de los gobiernos provincial y nacional. Además marcó como referencia las complicaciones que generó la sequía, “se perdieron u$s20 mil a nivel nacional y eso afectó la coparticipación con la provincia”.

En cuanto a la actualidad en Santa Fe, resaltó que se analiza cada obra, “las que están en un 85% de avance se terminan, no paran; sin embargo si se tiene que formalizar el contrato para una obra nueva, se espera a estar en una situación económica mejor”.

Empresas sorprendidas

Las empresas que se encuentran desarrollando obras públicas, se sorprendieron con la decisión del gobierno provincial de ralentizar las obras. "Veníamos con buen ritmo el año pasado y pensamos que este, siendo electoral, se mantendría”, explicó a este medio Juan Manuel Ponce, de Ponce Construcciones SRL.

El empresario destacó que “vinieron de frente, y eso te permite organizarte mejor económicamente, aunque te genere problemas que luego se trasladen, por ejemplo, a despidos o suspensiones de personal”.

No obstante, desde el sector resaltaron que una cosa es ralentizar una certificación “donde uno dice yo achico todo, hasta mis gastos general, entonces en vez de tener un avance x, vas a tener un avance x dividido 4”, pero en el caso de los certificados que están para cobrar “uno ya había hecho las previsiones de una obra que se paga a plazo, hasta completar la rueda, donde supongo que en el cuarto mes empiezo a cobrar, ahora cuando ese eslabón se para, donde venía el financiamiento, se genera un problema, porque uno contaba con ese dinero y te dicen que te lo pagan de otra manera”.

Además, desde Ponce Construcciones detallaron el problema de los certificados pendientes, “si bien las deudas parecen que son cortas, el pedido es que aceptemos pagos diferidos y particionar la certificación, con lo cual no deja de ser complejo”.

Malestar interno en el Gobierno y un ofrecimiento “extra”

En rondas de consultas, desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Santa Fe, explicaron que la situación actual de pagos de obras depende más del Ministerio de Economía que de Infraestructura, lo que puede interpretarse como una “exposición” de una situación de malestar entre ambos ministerios que viene de antes, pero que se evidencia aún más en los últimos meses de gestión.

El jueves 8 de junio, la Cámara de Construcción de Rosario había llamado a una conferencia de prensa para dar cuenta de los problemas, pero sorpresivamente la misma se “levantó” un día antes de realizarse.

El principal reclamo era el pago de los certificados pendientes, los cuales no tenían fecha de pago o ya se encontraban fuera de los plazos legales establecidos. Ante esta situación, desde el Ejecutivo habrían prometido un refuerzo económico para enfrentar dichos pagos, lo que generó más tranquilidad en algunos y enojo en otros por entender que “si el dinero estaba, porque no se hizo efectivo el pago correspondiente antes”.