La Afip puede hacer fracasar el plan de la Rural contra las retenciones

El recurso de queja que fue presentado por los letrados de la AFIP-DGI en contra de la resolución del juez federal Ricardo Bustos Fierro, que había rechazado la apelación planteada por el organismo para frenar la admisibilidad formal de la acción colectiva iniciada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), finalmente fue tenido en cuenta por la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada por Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres. EL nuevo escenario posibilita ahora que la causa pueda ser rechazada in límine.

La AFIP apeló la legitimidad de la “acción colectiva” presentada por la Rural al entender que no tiene potestad para representar a la totalidad de los productores rurales afectados por las “retenciones”. Eso había rechazado Bustos Fierro.

En febrero último, la SRA con la Sociedad Rural de Jesús María presentaron en los tribunales federales de Córdoba una acción de amparo argumentando que, caídas las facultades delegadas que el Congreso le había otorgado al Poder Ejecutivo ya que no se votó el presupuesto 2022, el Gobierno no puede manejar las retenciones ni aumentarlas como hizo al incrementar la tasa del 31 al 33% recientemente en la harina y el aceite de soja.

La ley reglamentaria de la acción de amparo (la 16.986) establece, en su artículo 15 -entre otros puntos-, que “sólo serán apelables la sentencia definitiva”. En esta causa no existe esa situación. De hecho, Sánchez Torres en su voto admite que la presentación “tiene particularidades que le permiten apartarse” de lo regulado.

La decisión de la Cámara coincide con un día en el que el presidente Alberto Fernández reiteró la posibilidad de subir las retenciones ante el aumento de los precios de los alimentos. En diálogo con AM990, defendió las retenciones como un instrumento para “desacoplar” los precios internos de los externos y pidió un debate a la oposición. El viernes había planteado el tema y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aclaró luego que no se analizaba la posibilidad.

Hace una semana, el juez federal Enrique Alonso Regueira, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1 de CABA admitió una acción inhibitoria que solicitó la AFIP, buscando que la causa saliera de Córdoba y, además, se declaró competente para entender en la causa.

Fundamentó su decisión en que las decisiones cuestionadas por la Rural son de autoridades públicas con sede en CABA más allá de que sus efectos se registren en todo el país. Bustos Fierro no se expidió sobre el pedido de su colega porteño, pero ahora la medida de la Cámara cordobesa haría que la causa cese formalmente en Córdoba. Al magistrado cordobés se le cierran así los caminos para actuar.