El poder político sigue sin brújula para resolver el drama narco

Los medios porteños todavía estaban en Rosario por la cobertura del ataque al súper del suegro de Messi cuando se produjo la tremenda balacera en Empalme Graneros. Un menor muerto y tres heridos graves como saldo que derivaron en una violenta pueblada en el barrio Los Pumitas. Esos hechos, transmitidos casi en cadena nacional, golpearon fuerte en la Casa Rosada y en la coalición oficialista.

Las llamadas entre Alberto Fernández y Omar Perotti se intensificaron desde comienzos de semana. El tono no fue el mejor. Hubo advertencias de que la situación estaba fuera de control y en especial con temor a ser replicada en otras barriadas con necesidades básicas insatisfechas.

Esa preocupación es fundada: según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en Rosario hay 112 asentamientos irregulares donde viven 35 mil familias y más de 100 mil personas sin los servicios mínimos de agua corriente, saneamiento, energía, gas natural y calles pavimentadas. Una bomba de tiempo.

El recelo mutuo entre Fernández y Perotti por la crisis de violencia de Rosario es cada vez mayor, tanto como la distancia entre la Casa Gris y el presidente en materia política. Sólo la necesidad de ambos de encauzar el conflicto generó un principio de entendimiento.

El kirchnerismo terminó haciendo lo suyo, presionó al jefe de Estado y el martes Fernández volvió sobre sus pasos y anunció un refuerzo de fuerzas federales para combatir la violencia narco que azota a Rosario cada vez con mayor letalidad.

“Rosario nos necesita”, resaltó el primer mandatario al confirmar un nuevo desembarco de fuerzas federales esta vez con el plus de incorporar a un sector del Ejército para urbanizar los asentamientos populares de la ciudad. Una novedad que sorprendió a propios y extraños, con una tarea todavía incomprendida por la mayoría de las autoridades locales.

Se trata del octavo desembarco de gendarmes en el Gran Rosario en menos de diez años. La primera incursión de las fuerzas federales en la ciudad en 2014 liderados por Sergio Berni fue con unos 3.500 agentes. Luego llegaron unos 3.000 que puso en el territorio Patricia Bullrich en 2016. 

La actual gestión ya había destinado mil hombres el año pasado y ahora los refuerza con 400. Poco, demasiado poco para una saga de violencia imparable. Un despliegue que no guarda ninguna relación con la evolución del delito en el área metropolitana.

Los números de la criminalidad organizada muestran que los sucesivos desembarcos de fuerzas federales a la ciudad no trajeron aparejado la prometida pacificación. En 2014, cuando Berni llegó con helicópteros a la sede local de Prefectura hubo 254 crímenes. En 2022, con los operativos acotados de Aníbal Fernández hubo igualmente 288 asesinatos.

El verborrágico ministro de Seguridad de la Nación encabezó el acto de recepción de los nuevos gendarmes en el destacamento rosarino de Newbery y Circunvalación. El presidente pegó el faltazo, con la idea que el costo político ante los medios, la dirigencia local y la sociedad lo tenía que pagar uno de sus funcionarios preferidos, de los pocos que sigue agitando con la utopía del operativo reelección que tanto crispa a Cristina Kirchner.

Aníbal dio el discurso prometiendo llegar a cada barrio que lo necesite y advirtiendo que esta vez se llegará al hueso. Lo miraban con escepticismo Perotti y Pablo Javkin. Con ambos el ministro de Seguridad había tenido fortísimos cruces en redes sociales y en los medios en los últimos meses. La relación, según se notó en la calurosa mañana del martes en la zona noroeste, sigue tan fría como hace tiempo.

La presencia de la marca Rosario narco en los medios porteños al menos permitió un pequeño avance institucional en el combate del crimen organizado. El miércoles, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados aprobó el plan de fortalecimiento de la Justicia Federal en la ciudad, sumando al menos 15 fiscales para perseguir a los narcos.

"Hemos perdido mucho tiempo durante muchísimos años en no mostrar la magnitud de lo que enfrentamos o subestimar lo que estábamos enfrentando. Tal vez por el temor a que se pensara que en Santa Fe no estábamos haciendo bien las cosas", se lamentó Perotti sobre el tardío acuerdo entre ciudad, provincia y Nación para combatir la narco criminalidad.

La trama de violencia atraviesa todas las gestiones. El gobernador ya nombró cuatro ministros de Seguridad, 10 jefes de policía para Rosario y sigue rehén del slogan de la paz y el orden con el que llegó a la gobernación en 2019.

El intendente abrió las sesiones del Concejo el jueves y dedicó la mitad de su discurso a describir la saga de crímenes y balaceras que padecen a diario los rosarinos. Mostró el mapa del delito y las cárceles federales donde están detenidos los principales jefes narco que siguen digitando delitos hacia los habitantes de la ciudad y cerró prometiendo con tono cinematográfico que el bien vencerá al mal.

La semana terminó así repleta de vaguedades, promesas vacías y heridas que siguen sin cicatrizar en la relación entre las distintas ramas del poder. Una semana más dentro de una verdadera década perdida para la seguridad de los rosarinos.