Qué hace falta para erradicar al narco

El atentado al supermercado de la familia Roccuzzo puso en otro estadio al drama narco, pero hubo que esperar a que los vecinos del barrio Los Pumitas de Empalme Graneros salieran a hacer justicia por mano propia -en vivo y en directo para todo el país- para que el poder político atinara a esbozar algún tipo de respuesta. 

Ahora llegan a Rosario unos 400 efectivos de seguridad -300 de Gendarmería y otros 100 de la Policía Federal-, que ni siquiera alcanzan para completar la dotación de 1.600 efectivos prometida por Aníbal Fernández en 2021. El desapego de las autoridades nacionales condice con las propias manifestaciones públicas de los más altos funcionarios. El ministro habló de la batalla perdida contra el narco, el presidente Fernández cayó en la cuenta de que la ciudad es parte de la Argentina para comenzar a hacer algo. Peor es la actitud del kirchnerismo, que ni siquiera habla pero interviene en la gestión en lugares clave. Por caso, el auge de las telecomunicaciones narco en las cárceles federales fue propiciada por una de sus espadas. Fue una flagrante inacción que desoyó reclamos y sonó a connivencia. 

La saturación de la ciudad con efectivos de seguridad es hoy una herramienta necesaria pero insuficiente. Según lo que muestran las experiencias anteriores, las bandas delictivas se mandan a guardar por un tiempo pero siguen al acecho, esperando un nuevo turno para volver por las suyas. La última ola de acontecimientos impulsó cambios en políticas de seguridad pública y judiciales que se debaten tanto en la Legislatura como en el Congreso de la Nación, que también lucen como necesarias pero insuficientes. 

Para batir al narco hace falta pasar a un estadio superior. Ocurre que el narco rosarino es rudimentario y, si se quiere, poco poderoso en materia económica (infinitamente comparado con un Pablo Escobar, por caso), pero tiene vínculos fuertes con la Policía santafesina, con barras bravas y hasta directivos de los clubes, con sindicalistas y con los funcionarios políticos. Existe un entrelazado de corporaciones que miran para otro lado o directamente juegan para el delito. Para poder combatir esa estructura que convive, lucra o colabora con el narco se requiere trazar una línea divisoria que no deje lugar a dudas sobre de qué lado están los buenos.  

En Santa Fe existen políticos sospechados por su conexión con el delito a quienes no se los puede tocar, gracias a la protección de la Legislatura y la Corte. Existe un juez federal acusado de complicidad con el narco. Si eso ocurre en el más alto nivel del poder, ¿qué se puede esperar aguas abajo? Se necesita un plan del estilo “mani pulite” italiano de la década del '90 que habilite a los fiscales a investigar a fondo, que ponga a los funcionarios sospechados frente a un estrado, y que lo deban hacer ante jueces probos, dispuestos a cumplir con sus obligaciones. A pocos meses de las elecciones, ¿algún candidato a gobernador lo atenderá en su agenda?