Tras las demoras del oficialismo, el PJ unido ingresó la propuesta en la Cámara de Diputados
Los nueve diputados provinciales del peronismo ingresaron un proyecto de ley para reformar la Ley Orgánica de Municipios. La iniciativa se da en el marco de las demoras en el tratamiento de la ley que envió el Ejecutivo a la Legislatura, dilaciones que surgieron de desacuerdos internos entre los principales partidos que conforman el frente oficialista Unidos.
Qué dice el proyecto
Los ejes centrales que propone el justicialismo surgen de las demandas que los intendentes del partido elevaron a los legisladores. Además, se incorporaron artículos referidos a las modalidades de empleo en municipios y comunas, sugeridos en gran medida por sectores del sindicalismo aliados al PJ.
El proyecto busca establecer disposiciones transitorias sobre la distribución de los recursos coparticipables hasta que se sancione una nueva ley que regule estas transferencias. La reforma constitucional de 2025 encomendó a la Legislatura dictar dos normas vinculadas con la efectivización de la autonomía municipal: la Ley Orgánica de Municipios y la Ley de Coparticipación.
La iniciativa del peronismo coincide con la idea que dejó trascender el oficialismo respecto de los pisos a partir de los cuales los municipios podrán declarar su autonomía. El consenso actual es que aquellas localidades con más de 10.000 habitantes puedan optar por esta vía, lo que les permitirá sancionar su propia carta orgánica.
El documento al que pudo acceder Punto Biz contempla una definición de las competencias municipales y los procedimientos mediante los cuales la provincia podrá delegar funciones a los estados locales. Además, propone que los empleados de comunas y municipios sean contratados según la legislación provincial.
Coparticipación
El texto plantea que los municipios reciban el 20% de los recursos que el Estado nacional gire a la provincia de Santa Fe. Esta relación 80-20 es la que rige en Córdoba. Semanas atrás, intendentes de distintos partidos pidieron públicamente que se aumente este porcentaje coparticipable que, según estiman, hoy se ubica por debajo del 15%.
Estos fondos se distribuirían de la siguiente manera: 40% según la población de cada municipalidad, 30% de acuerdo con los recursos percibidos el año anterior (excluyendo los provenientes de crédito y participaciones provinciales) y otro 30% en partes iguales entre todos los municipios.
Además, el proyecto propone que un 3% adicional, extraído del 80% correspondiente a la provincia, se reparta entre las localidades de más de 100.000 habitantes. Esta distribución se haría según los mismos criterios previamente mencionados.
En un contexto en el que la recaudación de impuestos federales está a la baja por la caída del consumo y el Gobierno nacional avanza con la eliminación de tributos, los intendentes pusieron el grito en el cielo para asegurarse más recursos coparticipables y no depender de la voluntad del gobierno provincial de turno. El reclamo trascendió las fronteras partidarias y dirigentes del peronismo y del socialismo coincidieron en este punto.
La recaudación que propone el peronismo
En otro pasaje del texto, el justicialismo propone que las municipalidades puedan “crear y recaudar impuestos, tasas, derechos y contribuciones, cuyo hecho imponible sólo puede recaer sobre bienes, cosas y actividades sujetas a jurisdicción local”.
El proyecto establece además límites para la recaudación impositiva. En primer lugar, los intendentes o jefes comunales no podrán crear o modificar estas disposiciones por ordenanza: esa facultad quedará en manos de los órganos legislativos. En segundo lugar, no podrán implementarse si no respetan “los principios de igualdad, irretroactividad, generalidad, no confiscatoriedad, proporcionalidad, equidad y solidaridad”.
La creación de tasas municipales ha sido fuertemente cuestionada por las cámaras empresariales con base en Santa Fe. Durante la reforma constitucional, los convencionales eliminaron un pasaje que impedía taxativamente a los municipios crear tasas que no se correspondieran con la prestación de un servicio. La decisión generó una reacción inmediata de las asociaciones empresariales, que criticaron el accionar de los constituyentes al considerar que esta práctica es habitual e ilegítima en los estados locales.
Empleo público
El artículo 15 del proyecto de ley peronista está orientado a “Recursos Humanos - Empleo Público”. Allí se estipula que “la legislación provincial en la materia sirve como base indisponible de derechos laborales, los que pueden ampliarse, pero nunca reducirse”. Es decir, las leyes laborales provinciales funcionarían como piso para todos los trabajadores municipales de Santa Fe.
Otro apartado del mismo artículo aborda el vínculo de los estados locales con los gremios. “Las municipalidades garantizan en su jurisdicción los derechos de asociación y organización sindical libre, los convenios colectivos de trabajo, el derecho a huelga y las garantías al fuero sindical de los y las representantes gremiales”, menciona el proyecto.
Segundos afuera
El debate por la ley de municipios se empantanó principalmente porque Unidos no alcanzó un consenso sobre la inclusión de la figura del viceintendente. La propuesta era impulsada por Pablo Javkin, pero no logró adhesiones de otros mandatarios locales, ni dentro ni fuera del frente oficialista.
El socialismo y el radicalismo, principales socios de la alianza, tampoco expresaron su apoyo a la iniciativa. El PS incluso coqueteó con la posibilidad de presentar su propio proyecto, aunque finalmente decidió no tensar la cuerda.
Tras varias modificaciones al texto original, la propuesta del oficialismo será tratada el jueves 12 en el recinto de la Cámara Alta. Según indicaron senadores oficialistas a Punto Biz, la inclusión de la figura del vice está prácticamente descartada. A lo sumo, podría incorporarse posteriormente en las cartas orgánicas de los municipios que así lo deseen. El peronismo, por su parte, no hizo mención a los viceintendentes en su presentación.
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