Metalúrgicos apoyan la reforma del código procesal laboral de Santa Fe

La Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) expresó su apoyo al proyecto de reforma laboral que debate Santa Fe y pidió a la Legislatura avanzar “con responsabilidad y celeridad”.

Según planteó la entidad, el sistema actual terminó generando un combo difícil para el entramado productivo: más litigios, costos laborales en alza y un impacto directo sobre la competitividad, sin que eso se traduzca —remarcan— en una mejor protección para los trabajadores.

El diagnóstico del sector parte de un dato central. Santa Fe se ubica entre las provincias con mayor cantidad de juicios laborales. Para AIM, esa dinámica empuja gastos crecientes, sobre todo en las pymes industriales, que son las que tienen menos margen para absorber sobrecostos.

En ese marco, la entidad puso el foco en el valor de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART). "Las empresas santafesinas afrontan una alícuota promedio del 4,03%, muy por encima del 2,78% que promedia el país", señalaron. La diferencia, afirmaron, se siente en las nóminas mensuales y termina restando aire a nuevas inversiones, mejoras tecnológicas y, en última instancia, a la creación de empleo registrado.

AIM también comparó el nivel de judicialización con provincias vecinas. Un trabajador santafesino tendría más del doble de probabilidades de iniciar un juicio laboral que uno de Córdoba. Para la cámara, ese comportamiento no solo encarece el sistema, sino que instala una incertidumbre permanente que golpea en especial a la industria, donde los costos y la previsibilidad son variables decisivas para sostener la producción.

Qué cambios propone la reforma

El proyecto que acompaña el sector metalúrgico incluye, según describieron, medidas orientadas a ordenar el sistema y descomprimir tribunales. Entre los ejes, se destacan dos puntos:

- comisiones médicas como instancia obligatoria previa antes de llegar a la vía judicial, con la idea de resolver controversias de forma más rápida y técnica;

- revisión del esquema de honorarios periciales, para corregir incentivos que hoy empujan a la judicialización y distorsionan el funcionamiento del sistema.