Liberan a cuatro exdirectivos de Vicentin que estaban con prisión preventiva

En una resolución conocida este viernes por la tarde, la Justicia provincial dispuso la libertad de los cuatro  exdirectivos de Vicentin Saic que desde hace 84 días se encuentran detenidos en Rosario. Se trata de  Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, imputados en una causa penal que investiga delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de esa empresa.

La decisión judicial supuso un revés a la fiscalía que había pedido mantener la prisión preventiva de los cuatro directivos por considerarlos jefes de una supuesta asociación ilícita en una causa en la que están imputados en total 19 personas, e incluyó severos cuestionamientos respecto del accionar de los fiscales, Sebastián Narvaja y Miguel Moreno.

La resolución respondió a una apelación promovida por los abogados defensores de los exdirectivos de Vicentin, luego de que en marzo pasado un tribunal de primera instancia resolviera una serie de medidas cautelares que incluyeron la privación de la libertad. El juez de alzada Gustavo Salvador se encargó de resaltar sus diferencias con algunas medidas resueltas por sus colegas en la audiencia imputativa de marzo, y consideró que los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno no lograron fundamentar el riesgo de peligrosidad procesal para justificar el mantenimiento de las prisiones preventivas que se están cumpliendo.

El juez les fijó una caución real de u$s 1 M a cada uno de los imputados, y aclaró que la libertad de los imputados recipén se podrá concretar luego de implementada la cobertura También les fijó otras medidas cautelares que deberán respetar, como la prohibición de salir del país, dejar a disposición su pasaporte; informar cada uno un domicilio y no cambiarlo, registrar su firma en forma semanal en sede policial o judicial donde residen, y no tener ningún tipo de contacto con los integrantes y personas que forman parte del concurso preventivo designado por el juez. A otros imputados, la resolución judicial de este viernes les aumentó las cauciones reales a 100 mil y 150 mil dólares a cada uno.

De las audiencias participaron unos 15 abogados de todos los imputados y  querellantes, los dos fiscales acusadores, e incluso los cuatro detenidos que pudieron hacerlo por zoom desde la cárcel, desde donde incluso uno de ellos habló en el último día de la audiencia.

A favor de los abogados defensores, el juez desestimó una prueba de documentación obtenida de manera no autorizada. “El fallo no argumenta la existencia de razones atendibles para no respetar las garantías constitucionales”, explicó para fundamentar su postura. ”Si la posibilidad de fuga existía o el entorpecimiento probatorio, se podrían haber fugado antes de la nueva imputación de este año, donde sólo tenían la prohibición de salir del país”, dice al final de las audiencias.

El juez les reprochó a los fiscales que durante todo el tiempo de la investigación no hubo medidas de prisión preventiva que justifiquen la gravedad de la situación que describieron en la audiencia. Igual que para evitar la interferencia de la investigación que también expusieron. Resaltó que incluso dejaron vencer una caución que los imputados tenían fijada. “¿Qué cambió del año 20121 al 2025?”, preguntó Salvador.

En cuanto a la no autorización de las facturas obtenidas para la investigación sin autorización judicial, el juez  cuestionó fuertemente a los fiscales: “Se deben respetar las normas para la obtención o producción de pruebas”, y citó: “El valor Justicia se ve seriamente resentido si quienes deben velar porque las leyes sean cumplidas son los primeros en afectarlas, y quienes tienen como función aplicar e interpretar la ley, los jueces, basan un juicio de reproche penal en la prueba obtenida mediante violación de derechos fundamentales”. Se refería a la facturación del estudio jurídico de Jorge Ilharrescondo y sus socios, que fue obtenida por la Fiscalía desde la ex Afip, un punto denunciado por el abogado defensor en el primer día de audiencia.

En cambio, el juez le dio la razón a los fiscales en algunos puntos cuestionados por la defensa como el reclamo que hicieron de que no se podía reimputar con hechos nuevos la asociación ilícita. “Es la misma asociación ilícita”, dijo el camarista para desestimar el planteo.