Damfield no afloja en Tribunales contra la Provincia: cuál es el plan

El rechazo del amparo de Damfield contra la Provincia no cerró la disputa judicial por el emprendimiento inmobiliario de Funes. La desarrolladora tiene en trámite una presentación ante el fuero contencioso administrativo, donde busca que se revisen las decisiones que revocaron sus autorizaciones hídricas y paralizaron las obras.

Ese expediente pasó a ocupar el centro de la estrategia judicial después de que la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Rosario confirmara la desestimación del amparo. La nueva instancia permite un debate más amplio y la producción de pruebas periciales para analizar los aspectos técnicos del proyecto y los fundamentos de las medidas provinciales.

La presentación contencioso administrativa se impulsó en paralelo al recorrido del amparo, luego de agotar la instancia administrativa. Por lo tanto, el paso siguiente no consiste en iniciar otra demanda desde cero, sino en avanzar con un proceso que ya está planteado. En esa tarea interviene el abogado especializado en derecho administrativo Hernán Martínez.

El objetivo sigue siendo revertir las decisiones del Gobierno santafesino. Por un lado la resolución del Ministerio de Obras Públicas que revocó las autorizaciones hídricas otorgadas desde 2021 y el decreto que dispuso la paralización de los trabajos. La desarrolladora mantiene su cuestionamiento a los fundamentos de esas medidas y procura respaldarlo con los estudios técnicos del emprendimiento.

El eje hídrico tendrá un lugar central. Damfield sostiene que los antecedentes incorporados permiten demostrar que el proyecto no genera el riesgo que motivó la intervención provincial. La discusión comprende la ubicación del predio respecto del sistema de la presa del arroyo Ludueña, los movimientos de suelo, los drenajes y la incidencia de las obras sobre el funcionamiento de la cuenca.

Precisamente, la necesidad de examinar esos elementos mediante pericias fue uno de los argumentos de la Cámara para descartar el amparo. Los jueces entendieron que la controversia requería una instancia con mayor amplitud de prueba, incompatible con el trámite abreviado de esa herramienta judicial.

Esto deja abierto un ámbito para discutir los actos administrativos, aunque el fallo también incluyó definiciones adversas para la desarrolladora. La Cámara remarcó que los certificados invocados no constituían una autorización definitiva para comenzar las obras, porque estaban condicionados a una aprobación ambiental que no se había obtenido. Además, consideró que no se había acreditado una arbitrariedad manifiesta de la Provincia.

La dimensión ambiental es otro de los puntos de desacuerdo. La posición de Damfield concentra el origen del conflicto en la revisión de las autorizaciones hídricas y cuestiona el peso que adquirió después la cuestión ambiental. El tribunal, en cambio, sostuvo que ese aspecto integraba la controversia desde el inicio y estaba contenido en las propias decisiones administrativas impugnadas.

El recorrido del amparo tuvo varias etapas. Un primer rechazo fue anulado por la Cámara en diciembre de 2024 por una cuestión procesal, lo que obligó a dictar un nuevo pronunciamiento. Luego, el Juzgado Civil y Comercial de la 18ª Nominación volvió a desestimar la acción en diciembre de 2025. Esa decisión fue confirmada ahora con el voto de Marcelo Molina y la adhesión de Jéssica Cinalli. Gerardo Muñoz se abstuvo ante la existencia de dos votos coincidentes.

Mientras avanza el frente contencioso administrativo, la desarrolladora mantiene comunicación directa con los compradores sobre la situación judicial y los pasos que siguen. Todavía no hay una fecha de resolución ni un plazo definido para el trámite.

Por ahora, las medidas provinciales continúan vigentes y el rechazo del amparo no habilita la reanudación de las obras. La posibilidad de modificar ese escenario queda ligada al avance del otro expediente, donde Damfield buscará demostrar la validez de sus planteos y obtener una revisión de las restricciones.