Avalan que Cotar quede en manos obreras, pero deben pagar $1.600 M

La recuperación definitiva de Cotar por parte de sus trabajadores dio un paso decisivo. La Justicia rosarina avaló la propuesta presentada por la cooperativa Nueva Cotar de la Gente para adquirir los principales activos de la histórica industria láctea, cuya quiebra fue declarada en junio de 2023. Sin embargo, la operación quedó condicionada a que los interesados consigan cerca de $1.600 M para afrontar gastos judiciales y de conservación de los bienes.

La resolución fue dictada en el marco del expediente que tramita ante el Juzgado Civil y Comercial de la 17ª Nominación de Rosario. El fallo, al que accedió Punto biz, reconoce la viabilidad económica del proyecto que los trabajadores sostienen desde 2022, cuando asumieron la explotación de la fábrica, y habilita un mecanismo previsto en la legislación concursal para que puedan utilizar sus acreencias laborales como moneda de pago.

La propuesta comprende la planta industrial, su equipamiento y otros inmuebles de la sociedad fallida. Según las tasaciones incorporadas al expediente, los bienes involucrados tienen un valor de u$s7.246.150, equivalentes a unos $10.833 M al tipo de cambio considerado por la sindicatura.

El grueso de la adquisición podrá cancelarse mediante la compensación de créditos laborales, que fueron actualizados hasta alcanzar los $8.682,7 M. A ese monto se suman otros $56,2 M correspondientes a un crédito con garantía real de la Agencia de Desarrollo Región Rosario (ADERR), que también fue admitido como parte de pago.

De esta manera, la Justicia reconoció compensaciones por un total de $8.738,9 M. No obstante, la operación exige afrontar otros $1.599,7 M en concepto de gastos de conservación y justicia, que deberán ser cancelados o suficientemente garantizados antes de concretar la transferencia de los activos.

Ese desembolso representa ahora el principal desafío financiero para la cooperativa, que deberá definir cómo reunir los recursos necesarios para completar la adquisición. Sumando las compensaciones admitidas y los gastos estimados, el compromiso económico asciende a $10.338,6 M, equivalente a poco más del 95% del valor de tasación de los bienes.

La pulseada con los acreedores

La propuesta de los trabajadores había recibido objeciones de distintos acreedores, entre ellos Sodecar y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Uno de los principales cuestionamientos apuntaba a la intención de Nueva Cotar de utilizar también créditos comerciales que había adquirido de terceros para incorporarlos como parte de pago. La Justicia rechazó esa posibilidad para las acreencias sin garantía real, al considerar que admitirlas implicaría otorgar un beneficio indebido frente al resto de los acreedores de igual categoría.

También hubo reparos sobre la actualización de los créditos laborales, cuyo valor original superaba los $1.000 M y terminó multiplicándose por efecto de los mecanismos de actualización. La magistrada tomó como referencia los cálculos de la sindicatura, aunque dejó establecido que deberán respetarse los parámetros legales aplicables a cada acreencia.

En cuanto a ARCA y los restantes acreedores que no participan de la compensación, el fallo sostuvo que conservan sus derechos dentro del proceso de quiebra y que sus créditos deberán ser atendidos conforme a las prioridades establecidas por la legislación concursal.

Una fábrica que nunca dejó de producir

Uno de los argumentos centrales para respaldar la propuesta fue que Nueva Cotar de la Gente logró mantener en funcionamiento la planta durante todo el proceso judicial. Los trabajadores asumieron la explotación en abril de 2022, más de un año antes de que se declarara la quiebra de la cooperativa original. Desde entonces sostuvieron la producción, incorporaron mejoras y nuevos canales comerciales, y conservaron una unidad industrial que, de otro modo, podría haber terminado desmantelada.

La resolución valoró especialmente esa continuidad, no solo por su impacto sobre el empleo, sino también porque permitió preservar el valor económico de los activos. El fallo todavía no convierte a los trabajadores en propietarios definitivos de Cotar. Para completar la transferencia deberán cumplir las condiciones económicas, fiscales y registrales establecidas por el tribunal.

Superada esa instancia, quedará habilitado el camino para formalizar la adjudicación y cerrar un proceso que podría dejar en manos de sus trabajadores una de las marcas históricas de la industria láctea rosarina, aunque las marcas comerciales no integran los bienes objeto de esta adquisición.

La resolución establece expresamente que la adjudicación fue dispuesta a favor de Nueva Cotar, pero su perfeccionamiento queda condicionado al cumplimiento de las obligaciones económicas y legales. Una vez acreditado ese cumplimiento, el juzgado fijará la audiencia formal de adjudicación.