Amplían acusación contra productor de seguros por estafas millonarias

La Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, a cargo de María Teresa Granato, amplió de forma sustancial la acusación contra el productor de seguros Carlos Dante Retamal, a quien ya se le imputaban múltiples hechos de estafa. La nueva requisitoria incorpora 11 nuevas maniobras en las que se le atribuyen procedimientos fraudulentos con un perjuicio económico global estimado en más de $56 M y u$s571.000. En el marco de la elevación a juicio de la causa, está previsto que el 2 de julio próximo se lleve adelante la audiencia preliminar. 

Retamal, oriundo de Granadero Baigorria, ofrecía a sus víctimas –en su mayoría personas mayores o de su entorno cercano– supuestas inversiones en plazos fijos con altísimas tasas de interés, respaldadas con documentación apócrifa atribuida a entidades como San Cristóbal Seguros de Retiro o distintas mutuales. En muchos casos actuaba junto a su pareja Claudia Fernández, quien se presentaba como contadora y copartícipe del "Estudio Integral Retamal-Fernández".

Las nuevas imputaciones incluyen delitos cometidos entre 2014 y 2022, e involucran una compleja operatoria que combinaba entrega de recibos falsificados, uso indebido de cheques, reconocimientos de deuda incumplidos, e incluso promesas de pago con vehículos que nunca se concretaron. En algunas operaciones también se identificó la participación de otros actores como Leandro Aguilar y Gabriel Zigón, este último titular de una mutual desde la cual se habrían canalizado fondos y facilitado cuentas bancarias para desviar dinero.

La Fiscalía sostiene que Retamal inspiraba confianza entre sus víctimas al invocar su rol como productor de seguros y al ofrecer contratos en carpetas con logos y formularios falsificados. En muchos casos, las víctimas firmaron pagarés o entregaron sumas importantes en efectivo sin más garantía que un recibo trucho. En algunos casos, cuando los ahorristas reclamaban el dinero invertido, se firmaban reconocimientos de deuda y se emitían pagarés que jamás fueron abonados.

Entre las víctimas se cuentan familias enteras, comerciantes y personas que confiaron sus ahorros de toda la vida. Algunas de ellas, como el denunciante Oscar R., llegaron a perder más de $3 M y más de u$s110.000, según consta en la documentación judicial a la que accedió Punto biz. Otras víctimas, también sufrieron perjuicios económicos significativos que, en la mayoría de los casos, no pudieron recuperar.

La calificación legal que pesa sobre Retamal incluye el delito de estafa en calidad de autor o coautor, dependiendo del caso, y se suma ahora el rol de partícipes necesarios en algunos hechos para Fernández, Zigón y Aguilar. La fiscalía adelantó que cuenta con abundante prueba documental, recibos, transferencias bancarias, declaraciones testimoniales y elementos secuestrados durante allanamientos que fortalecen la acusación.

El caso, que comenzó con denuncias aisladas en 2022, se transformó en una causa de alto impacto por el volumen de afectados y el sofisticado esquema de engaño, y se encamina ahora a su etapa de juicio con un expediente voluminoso que refleja uno de los fraudes económicos más importantes de los últimos años en la región.