El concurso de una empresa detonó acusaciones cruzadas por fraude

La apertura del concurso preventivo de una reconocida firma de seguridad privada abrió un expediente, que rápidamente desbordó los límites del fuero comercial. Lo que inicialmente se interpretaba como un caso más de una empresa golpeada por deudas bancarias y cheques rechazados, en pocas semanas derivó en un conflicto mucho mayor: denuncias penales cruzadas, acusaciones de estafa, versiones enfrentadas sobre la administración interna de la compañía, presentaciones espontáneas ante la Fiscalía y un entramado de relaciones políticas, mutuales y vínculos empresariales que hoy hacen ruido en el mercado de la seguridad privada, pero también generan atención en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y levantaron revuelo en un pueblo santafesino.

La empresa concursada es Blindaje Seguridad SRL. La firma llegó a la convocatoria de acreedores mediante la resolución del Juzgado Civil y Comercial de la 2ª Nominación, que abrió la reestructuración, designó a la contadora Vanina Muro como síndica y fijó plazos clave: el 10 de marzo de 2026 como fecha límite para que los acreedores soliciten la verificación de créditos y el 6 de noviembre del mismo año para la audiencia informativa prevista por ley.

Desde el inicio, la empresa atribuyó la situación financiera —que incluye más de $1.167 M de deuda bancaria y 77 cheques rechazados por $146,2 M tal cual se reporta el BCRA— a una presunta maniobra defraudatoria encabezada por su exgerenta administrativa, Iris Caparrós. Hasta agosto, Caparrós ocupó un rol central en la operatoria diaria de la compañía y fue electa vicepresidenta comunal de Pavón Arriba. Además, controló el Pami Rosario durante el kirchnerismo. 

En declaraciones a Punto biz, el abogado de Blindaje Seguridad describió lo que a su criterio fue el corazón del estrés financiero de la compañía: el uso de chequeras firmadas en blanco por parte de la exgerente para abrir cuentas en distintas mutuales, gestionar préstamos, tomar financiamiento en bancos y luego desviar esos fondos hacia cuentas propias, las de su marido o las de la empresa de limpieza que ella había fundado en paralelo, llamada Génesis. “Con esa estructura, Caparrós aprovecho la cartera de clientes a la que accedía como gerenta para ofrecer servicios relacionados por fuera de Blindaje Seguridad”, mencionó Mariano Martínez, letrado a cargo de la defensa de la firma concursada e hijo de Luis Enrique Martínez, gerente y accionista de la SRL en default.

Lo cierto es que al margen del trámite en el fuero civil, los representantes de la compañía de seguridad privada denunciaron la presunta maniobra ilegal ante la fiscal de Delitos Económicos y Complejos, María Teresa Granato. Allí se expuso una operatoria que, según la empresa, funcionó durante años. Un ejemplo: la instalación de equipos de GNC en al menos ocho vehículos particulares, siete de ellos a nombre de Caparrós y uno de su esposo, el actual presidente comunal de Pavón Arriba, Walter Bastianelli que al parecer hacían trabar para la empresa de seguridad . Todos esos servicios fueron facturados a nombre de Blindaje Segurdad y pagados mediante cheques de la compañía,  siempre de acuerdo a la visión de los denunciantes, sin decisión alguna de los propietarios de la firma. Según la documentación aportada por la firma Haus SA dedicada a la instalación de tubos de GNC, cada instalación rondaba entre uno y dos millones de pesos, lo que llevaría el total de ese desvío a más de diez millones de pesos. La empresa también afirmó haber detectado transferencias realizadas por la Mutual del Personal del Jockey Club Rosario hacia cuentas de Caparrós y de sociedades integradas por ella, como Génesis Rental SRL, supuestamente a cambio de cheques emitidos desde Blindaje sin conocimiento de los titulares.

El abogado señaló que la empresa abrió el concurso preventivo como herramienta para frenar ejecuciones, ordenar el mapa de obligaciones surgidas de esa operatoria y registrar adecuadamente qué se debe y a quién. Sostuvo que los préstamos tomados, los cheques rechazados y los compromisos bancarios que aparecen en la base del Banco Central tienen su origen en los meses donde —afirman— la exgerenta operaba con autonomía indebida. En su versión, la combinación de chequeras firmadas en blanco, acceso a documentación interna y la relación fluida que mantenía con mutuales y entidades financieras permitió que esas maniobras se desplegaran sin que los directores lo advirtieran de inmediato.

La otra versión

La descripción de los hechos es diametralmente opuesta cuando se le consulta a la exgerenta Iris Caparrós, quien asegura que no tiene nada que ocultar y aguarda asumir el segundo puesto en la línea de mando de la comisión comunal de Pavón Arriba, hasta el 10 diciembre en manos de su marido Bastianelli. 

En una presentación espontánea ante la fiscalía a la que accedió Punto biz, realizada con patrocinio del penalista Froilán Ravena, aseguró que la denuncia de Blindaje es una maniobra destinada a responsabilizarla por la crisis financiera que, de acuerdo con su relato, venía gestándose desde hace años bajo la conducción de quienes —dice— manejaban de hecho la empresa: el socio gerente Luis Enrique Martínez y Guillermo Lima, a quien identifica como el verdadero controlante de las sociedades Blindaje Seguridad SRL y Vulcano Seguridad, esta última una sociedad quebrada.

En contacto con Punto biz, la mujer afirmó que nunca tuvo firma autorizada, token ni claves bancarias y que todas las operaciones cuestionadas “fueron conocidas, autorizadas y ejecutadas por el propio Martínez”, agregando que la emisión y circulación de cheques era una dinámica habitual para afrontar sueldos, adelantos de mutuales, gastos corrientes y pagos en negro vinculados con la operatoria diaria.

En su descargo detalló una relación laboral que describe como hostil y plagada de presiones. Sostuvo que la empresa utilizaba a empleados para depositar y retirar efectivo desde sus cuentas personales, que había prácticas sistemáticas de pago de sueldos en negro, que Blindaje y Vulcano compartían estructura administrativa y que ella respondía directamente a órdenes funcionando como nexo entre clientes, proveedores y supervisores. 

Frente al señalamiento de la empresa sobre el “abuso de firma en blanco”, Caparrós afirmó que los cheques siempre eran confeccionados por el personal administrativo y firmados por Martínez, y que la acusación pretende mostrar como “maniobra fraudulenta” una operatoria que —según su versión— era habitual y conocida por todos los integrantes de la conducción.

La defensa también aseguró que la empresa actuó del mismo modo en ocasiones anteriores con otros empleados, atribuyéndoles supuestos robos o maniobras irregulares para, según relata, evitar el pago de indemnizaciones o impedir reclamos laborales.

En presentaciones posteriores, Caparrós agregó un capítulo que complejiza el cuadro: dijo haber sido víctima de amenazas, hostigamiento y actos intimidatorios desde que dejó de trabajar en la empresa. Aseguró que vehículos sin dominio visible la siguen, que personas la fotografían y que recibió correos electrónicos masivos enviados a contactos suyos con copias de la denuncia en su contra. En otra presentación judicial denunció que se organizó, en Pavón Arriba, un escrache contra su persona mediante un colectivo cargado con personas ajenas a la localidad, algo que vinculó con los modos de presión que atribuye a la conducción de Blindaje.

Además, radicó ante la Unidad de Violencia de Género una denuncia penal por falsa denuncia y amenazas mediando violencia de género contra Martínez, Lima y el abogado Mariano Martínez. Acompañó constataciones notariales de audios en los que —según afirma— fue increpada y amenazada por el hijo del socio gerente. Allí sostuvo que decidió denunciar porque no está dispuesta a “ceder ante conductas mafiosas” y porque la acusación que enfrenta “intenta impedir que reclame sueldos adeudados y pagos por alquileres de vehículos que, asegura, mantuvo con la empresa mediante contratos privados”.

Mientras tanto, Blindaje rechaza de plano esas versiones y sostiene que todos los elementos que acompañó ante la Fiscalía —facturas, extractos bancarios, correos electrónicos y certificados de mutuales— acreditan que existió un desvío de fondos deliberado, sostenido y ajeno a la operatoria de la empresa. 

La investigación sigue su curso en la Unidad de Delitos Económicos y Complejos. La fiscal Granato aún no dictó imputaciones y trabaja en la recolección de documentación requerida tanto a Blindaje Seguridad como a las mutuales y entidades mencionadas. La causa podría expandirse hacia el análisis de movimientos bancarios, declaraciones de empleados, pericias sobre dispositivos electrónicos y un relevamiento completo de la estructura administrativa de la empresa en los últimos años. El concurso preventivo, que en apariencia respondía a un cuadro contable exigido pero tradicional, terminó así convertido en un expediente de alta sensibilidad política, empresarial y penal.