Agente de bolsa quedó desafectado de la investigación de una trama narco

El agente de bolsa rosarino Juan Francisco Rouillón quedó oficialmente desvinculado de una investigación por narcotráfico que se tramita en la Justicia Federal de Santa Fe. Así lo resolvió el fiscal Walter Rodríguez, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, quien entendió que no existen elementos que justifiquen sostener la sospecha sobre su participación en los hechos delictivos investigados.

Rouillón había sido mencionado en las primeras etapas de la causa, en el marco de una pesquisa que apunta a desarticular una organización criminal con conexiones entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. La resolución fiscal se basó en un análisis técnico de las pruebas disponibles, las cuales no permitieron establecer una vinculación concreta del agente bursátil con las maniobras de tráfico de estupefacientes que están siendo juzgadas.

Mientras tanto, el fiscal Rodríguez avanzó en la misma causa con un requerimiento de elevación a juicio contra Leonardo Roberto Airaldi, un productor agropecuario y expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, Entre Ríos. Al empresario, de 43 años y oriundo de Mar del Plata, se lo acusa del almacenamiento de casi 30 kilogramos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto, en el departamento San Jerónimo de Santa Fe, hecho por el cual enfrenta cargos por infracción al artículo 5°, inciso “c” de la Ley de Estupefacientes N° 23.737, que prevé penas de entre 4 y 15 años de prisión.

El caso quedó al descubierto tras una denuncia por amenazas con arma de fuego radicada por una vecina contra Diego Roberto Torres, empleado rural de Airaldi y señalado como su colaborador en las maniobras ilegales. En el allanamiento realizado el 10 de agosto de 2022 en la vivienda que alquilaba Torres, la policía halló debajo de una cama 28 paquetes de cocaína envueltos en cinta azul, con imágenes de un avión y los sellos “Emirates” y “Qatar”. El peso total del cargamento secuestrado fue de 29,49 kilogramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza.

Torres se encuentra prófugo desde entonces. Por datos que permitan su captura, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de tres millones de pesos.

De acuerdo al fiscal, Airaldi contaba con la estructura y logística necesarias para organizar un esquema eficiente de exportación de drogas desde la zona de islas del Paraná. Según la investigación, la droga habría sido trasladada por vía fluvial desde un puesto rural propiedad de Airaldi hasta Puerto Gaboto, utilizando embarcaciones menores.

La pista de las maniobras ilegales se fortaleció con el testimonio de un testigo reservado, quien reveló que Torres se refería a su patrón como el dueño de una estancia en Diamante con una pista clandestina para aterrizaje de avionetas. Además, la brigada Los Pumas constató que el puesto rural en el que trabajaba Torres, perteneciente a la firma “El Pillo S.A.”, era propiedad del imputado.

La investigación también incorporó evidencia proveniente de otro operativo realizado el 22 de julio de 2022 en Rosario, cuando Airaldi fue detenido por Gendarmería en barrio Ludueña mientras conducía una camioneta Amarok. En el vehículo se hallaron drogas, armas, dinero en efectivo y seis teléfonos celulares que fueron sometidos a pericias forenses.

El análisis de los dispositivos reveló conversaciones que fortalecen la hipótesis de una asociación para el tráfico de estupefacientes entre Airaldi, Torres y otras personas. Parte de esa información también conecta al productor con una causa en curso en la Justicia Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires, donde se investigan actividades de la banda narco liderada por Miguel Ángel “Mameluco” Villalba.

La camioneta Amarok de Airaldi, de hecho, fue secuestrada nuevamente en diciembre de 2023 en Entre Ríos, durante un procedimiento vinculado a esa investigación por narcotráfico y lavado de activos.

En este complejo entramado, el nombre de Juan Francisco Rouillón había sido barajado como parte de una posible red de operaciones financieras para el lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Sin embargo, el fiscal Rodríguez resolvió dejarlo fuera del requerimiento de elevación a juicio, por entender que no existen elementos probatorios que acrediten su participación en las maniobras investigadas.