Condenaron al Santander a pagar más de $20 M a cliente víctima de fraude

La Justicia rosarina condenó en primera instancia al Banco Santander a indemnizar con más de $20 M a un cliente que fue víctima de una estafa virtual y perdió todos los fondos que tenía depositados en su cuenta, además de quedar endeudado por un crédito que fue gestionado por los delincuentes durante la maniobra fraudulenta.

La sentencia fue dictada por la jueza Verónica Gotlieb, titular del Juzgado Civil y Comercial de la 13° Nominación de Rosario, quien consideró que la entidad financiera incumplió con los deberes de seguridad que le corresponden como proveedora de servicios bancarios digitales.

El fallo ordenó declarar la nulidad de las operaciones cuestionadas y condenó al banco al pago de una reparación integral que incluye daño patrimonial, daño moral y daño punitivo. Según explicó la abogada patrocinante del demandante, Micaela Cresta, la suma supera actualmente los $20 M considerando intereses y actualizaciones.

Cómo fue la estafa

El episodio ocurrió en marzo de 2025 y se inició con el hackeo de la cuenta de WhatsApp del damnificado, un joven profesional rosarino que utilizaba una única cuenta bancaria para percibir su salario y administrar sus finanzas personales.

Según relató Cresta a Punto biz, pocos minutos después del hackeo, la víctima recibió una llamada de una persona que se presentó como empleado de Santander. El supuesto operador contaba con abundante información personal y bancaria del cliente, incluyendo datos de la sucursal donde operaba, lo que contribuyó a generar confianza.

Durante la comunicación, el falso empleado le informó que el banco había detectado un intento de intrusión en su cuenta y que delincuentes estaban intentando gestionar un crédito a su nombre. Bajo ese argumento, le indicó una serie de operaciones que supuestamente permitirían resguardar sus fondos.

La maniobra terminó con dos movimientos de dinero. Por un lado, la transferencia de todos los fondos disponibles en la cuenta sueldo del cliente. Por otro, la gestión de un crédito bancario que fue acreditado de manera inmediata y cuyo importe también fue transferido a cuentas controladas por los estafadores.

"Le hicieron creer que estaba moviendo el dinero para protegerlo de los hackers, cuando en realidad lo estaba enviando a las cuentas de los delincuentes", resumió la letrada.

El reclamo frustrado

Cuando finalizó la llamada, el cliente advirtió casi de inmediato que había sido engañado e intentó comunicarse con el banco para denunciar lo ocurrido y bloquear las operaciones.

Sin embargo, según surgió durante el proceso judicial, realizó más de ocho llamados telefónicos sin lograr atención. La abogada señaló que la entidad no disponía de herramientas dentro de la aplicación que permitieran denunciar una estafa en tiempo real o congelar movimientos sospechosos.

Posteriormente, el usuario realizó la denuncia penal y presentó un reclamo formal ante la entidad financiera, que fue rechazado. El argumento del banco fue que las operaciones habían sido efectuadas utilizando las credenciales válidas del cliente y desde su propia cuenta. Ante esa respuesta, el damnificado inició una demanda civil en agosto de 2025.

Uno de los puntos centrales de la sentencia fue la evaluación de los mecanismos de seguridad utilizados por el banco. De acuerdo con Cresta, la magistrada concluyó que Santander incumplió con el denominado monitoreo transaccional, es decir, el análisis permanente de los patrones habituales de comportamiento de sus clientes para detectar operaciones inusuales.

La jueza valoró que las transferencias involucraban montos extraordinarios para el historial de la cuenta, que los destinatarios eran completamente nuevos y que además se había gestionado un crédito millonario cuya acreditación y posterior transferencia se concretaron en un lapso muy breve.

Sobre la base de una pericia informática incorporada al expediente, el fallo entendió que la entidad debió activar alertas adicionales y aplicar medidas de seguridad reforzadas antes de permitir la ejecución de operaciones de semejante magnitud. "La jueza determinó que el banco tendría que haber detectado esos movimientos como inusuales y adoptar mecanismos de protección adicionales para evitar que los fondos fueran transferidos", sostuvo la abogada.

La resolución también puso el foco en la creciente digitalización de los servicios financieros y los riesgos asociados a las estafas virtuales. Según destacó la letrada, el tribunal entendió que los contratos bancarios actuales se desarrollan casi íntegramente en entornos digitales, circunstancia que obliga a las entidades financieras a extremar las medidas de prevención y control frente a modalidades de fraude cada vez más sofisticadas.

El fallo no se encuentra firme. Santander ya presentó un recurso de apelación, por lo que el expediente deberá ser revisado por la Cámara de Apelaciones antes de que la condena quede definitivamente confirmada. Mientras tanto, la decisión judicial se suma a una serie de pronunciamientos que vienen ampliando la responsabilidad de las entidades financieras frente a estafas virtuales en las que, aun cuando el usuario participa de las operaciones engañado por terceros, los tribunales consideran que los bancos deben contar con sistemas capaces de detectar movimientos anómalos y actuar preventivamente para proteger los fondos de sus clientes.