Convocan a damnificados por la colocación de deuda de Surcos

El fiscal federal Walter Rodríguez inició una convocatoria pública para contactar a personas físicas o jurídicas que hayan adquirido obligaciones negociables emitidas por Surcos SA, comercializadora de insumos agropecuarios, en octubre de 2024, un mes antes de que ingresara en cesación de pagos. La medida se enmarca en una investigación por presunta estafa bursátil, tras una denuncia de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El fiscal federal Walter Rodríguez, integrante del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe, convocó a eventuales damnificados por la adquisición de obligaciones negociables de la empresa Surcos S.A., en el marco de una causa que investiga un posible delito financiero cometido por la firma al colocar títulos de deuda poco antes de declararse en cesación de pagos. “Se trata de una denuncia promovida por la CNV que consisten en la presunción de que la empresa emitió ON mediante ocultación deliberada. Ahora hay que corroborar ese procedimiento mediante eventuales damnificados”, expresó el fiscal, en contacto con Punto biz.

La convocatoria, que estará vigente durante 30 días, está dirigida a personas físicas o jurídicas que hayan adquirido obligaciones negociables Serie XIV (clases A, B y C) emitidas por la firma a fines de octubre de 2024. Según el fiscal, la empresa habría ocultado información clave sobre su situación económica al momento de la colocación de esos instrumentos financieros.

Quienes consideren haber sido perjudicados pueden comunicarse con la Área de Atención y Acompañamiento a Víctimas (AVIC) del Ministerio Público Fiscal, mediante el correo electrónico (atencionvictimas-sfe@mpf.gov.ar), donde recibirán asesoramiento y serán puestos en contacto con el fiscal a cargo de la causa.

Los interesados deberán proporcionar nombre y apellido, DNI, número de teléfono celular, domicilio, una franja horaria de contacto y la documentación que respalde su relación con la operación de inversión. A tales fines, el Ministerio Público Fiscal puso a disposición un instructivo para facilitar el proceso de presentación.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que alertó sobre una posible maniobra fraudulenta. El 29 de octubre de 2024, Surcos S.A. emitió un suplemento de prospecto por hasta 100 millones de dólares en obligaciones negociables. Sin embargo, el fiscal Rodríguez sostiene que la operación se habría realizado “mediando la ocultación de factores de riesgo especialmente vinculados a la deuda instrumentada”.

Según la pesquisa, la compañía ya atravesaba un severo descalce de liquidez, lo que quedó en evidencia cuando semanas después incurrió en el incumplimiento de pagarés bursátiles y solicitó la apertura de concurso preventivo. La Justicia fijó como fecha oficial de cesación de pagos el 28 de noviembre de 2024, apenas un mes después de la colocación.

El hecho podría encuadrarse dentro del delito previsto en el artículo 309 inciso b) del Código Penal, que castiga a quienes, en una oferta pública de valores, ocultan o falsifican información relevante. La causa, identificada como Caso Coirón Nº 279494/2024, se tramita en la Unidad Fiscal de Santa Fe, ubicada en calle San Jerónimo 1427, 6º piso.

La difusión pública apunta a facilitar la identificación de víctimas en el mercado de capitales, un ámbito en el que las operaciones se desarrollan de forma descentralizada y sin mecanismos eficaces para contactar de forma directa a los compradores individuales de títulos bursátiles.

La operación ahora bajo sospecha fue presentada en el mercado como la Serie XIV de Obligaciones Negociables de Surcos S.A., compuesta por tres clases (A, B y C), con diferentes condiciones de vencimiento y retorno. La emisión había sido aprobada por la CNV dentro del régimen general para el mercado local y fue estructurada por entidades financieras con presencia activa en el negocio de financiamiento corporativo.

Surcos S.A., firma especializada en insumos y productos para el agro, ya arrastraba dificultades operativas previas al lanzamiento de esa colocación. Pese a ello, el suplemento de prospecto no habría reflejado los riesgos reales de la inversión, lo que ahora constituye el eje central del caso judicial.