Empresario rosarino denunció al directorio de Bioceres por lavado y fraude

El empresario rosarino Sergio Airoldi, socio gerente de Air SRL, presentó una denuncia penal ante la Delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para que se investigue la presunta comisión de delitos de lavado de activos, administración fraudulenta, estafa, falsedad ideológica e insolvencia fraudulenta vinculados a la operatoria financiera de Bioceres SA.

Según surge de la denuncia, a la que Punto biz tuvo acceso, la presentación fue impulsada por los abogados penalistas Froilán Ravena y Renzo Biga y apunta contra integrantes del directorio de Bioceres SA, entre ellos su presidente Marcelo Carrique, el vicepresidente Aimar Dimo, el CEO de Bioceres Crop Solutions (BIOX) Federico Trucco, además de otros directores, ejecutivos y responsables de control y auditoría de la compañía. También fue incluida la propia Bioceres SA como persona jurídica.

La denuncia llega en momentos en que Bioceres SA, la sociedad radicada en Rosario que emitió los instrumentos financieros cuestionados, atraviesa un proceso de quiebra dispuesto por la Justicia provincial.

De acuerdo con el escrito, Air SRL invirtió entre abril y julio de 2024 un total de u$s2 M en pagarés bursátiles emitidos por Bioceres SA. Siempre según la denuncia, la compañía sólo abonó el primer vencimiento por u$s250.000, quedando un saldo impago de u$s1,75 M.
En la presentación judicial, los denunciantes sostienen que Bioceres SA acudió al mercado de capitales exhibiendo una imagen patrimonial respaldada por balances consolidados favorables del grupo empresario, mientras que la situación financiera individual de la sociedad emisora era significativamente más delicada.

Según la denuncia, los inversores analizaron la operación a partir de información que mostraba resultados positivos a nivel consolidado, aunque la sociedad que efectivamente emitía los pagarés registraba pérdidas crecientes y un marcado deterioro patrimonial.

Para Airoldi y sus abogados, esa diferencia entre la situación consolidada del grupo y la realidad individual de la empresa emisora generó una apariencia de solvencia que resultó determinante para captar fondos de inversores.

Otro de los ejes de la denuncia se concentra en una reorganización societaria ejecutada dentro del grupo Bioceres a partir de 2021. Según el escrito, activos considerados estratégicos habrían sido transferidos desde Bioceres SA hacia sociedades vinculadas radicadas en el exterior, particularmente Bioceres Group PLC con base en Europa, mediante operaciones intragrupo que reemplazaron activos con capacidad de generación de fondos por créditos entre empresas relacionadas.

Los denunciantes sostienen que esa reestructuración provocó que la sociedad que luego salió a captar recursos mediante pagarés bursátiles llegara al mercado con una estructura patrimonial debilitada respecto de la que exhibía años atrás.

En esa línea, la denuncia menciona la existencia de dividendos generados por activos que, tras la reorganización, quedaron fuera de la esfera patrimonial de Bioceres SA y pasaron a beneficiar a otras sociedades del grupo.

La presentación judicial también plantea que los fondos obtenidos mediante la colocación de pagarés no habrían permanecido en Bioceres SA para reforzar su capacidad de pago frente a los acreedores.

Según la hipótesis de los denunciantes, esos recursos habrían sido canalizados a través de distintas sociedades vinculadas mediante financiamientos intragrupo, reorganizaciones societarias y otras operaciones internas.

Para los abogados patrocinantes, esa circulación posterior de los fondos podría encuadrar en una maniobra de lavado de activos, en tanto habría dificultado la trazabilidad del dinero y reducido las posibilidades de recupero por parte de los acreedores de la sociedad emisora.

Además de formular la denuncia penal, los abogados Ravena y Biga solicitaron una serie de medidas cautelares y diligencias de investigación que ahora deberán ser evaluadas por la Procelac y eventualmente por la fiscalía federal que intervenga en el caso.