A empresa de vigilancia se le cayó un contrato de peso y fue a concurso

Apretada por deuda fiscal y la caída de un contrato de peso con el Estado, la empresa Delta Seguridad y Vigilancia SRL ingresó formalmente en concurso preventivo luego de que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 9° Nominación de Santa Fe, a cargo de José Ignacio Lisazoain, declarara abierta la convocatoria de acreedores.

La resolución fija el 10 de septiembre de 2026 como fecha límite para la presentación de pedidos de verificación de créditos; el 23 de octubre para la presentación de los informes individuales del síndico; el 25 de noviembre para el informe general; el 3 de febrero de 2027 para la audiencia informativa y el 10 de febrero de 2027 como vencimiento del período de exclusividad para alcanzar un acuerdo con los acreedores.

En la presentación judicial que dio origen al proceso, documento al que accedió Punto biz, la firma con sede en Santo Tomé sostiene que atraviesa un estado de cesación de pagos producto de una combinación de factores económicos, financieros y operativos que terminaron por hacer inviable el cumplimiento de sus obligaciones.

Según expone la compañía, el deterioro de su situación patrimonial responde principalmente a la falta de cobro de una importante deuda que mantiene la Provincia de Santa Fe por servicios prestados, el colapso de sus planes de facilidades de pago con ARCA y una creciente competencia que califica como "desleal".

En el escrito, la empresa fija el 1 de abril de 2026 como la fecha en la que la gerencia concluyó que ya no existían alternativas para refinanciar sus compromisos fiscales. En ese momento, sostiene, acumulaba deudas vencidas con ARCA por alrededor de $570 M, imposibles de atender con los flujos de fondos disponibles.

Uno de los principales argumentos expuestos por Delta apunta directamente al Estado provincial. Según afirma la compañía en la documentación presentada ante la Justicia, el Ministerio de Cultura rescindió de manera "intempestiva, arbitraria e incausada" un contrato de vigilancia mientras mantenía impagas facturas por unos $350 M correspondientes a servicios ya prestados.

Siempre de acuerdo con la presentación judicial, la empresa sostiene que venía financiando el servicio abonando salarios y cargas sociales pese a no cobrar las certificaciones y que la rescisión del contrato se produjo luego de insistentes reclamos por las demoras en los pagos y por la actualización de los valores contractuales, que habían quedado desfasados por la inflación.

La firma incluso afirma que la deuda provincial se arrastra desde diciembre de 2024 y que esperaba destinar esos fondos al cumplimiento de los planes de pago suscriptos con ARCA. La empresa explicó que la falta de ingreso de esos recursos provocó el incumplimiento de los planes fiscales.

Como consecuencia, señaló que ARCA inició ejecuciones fiscales, promovió embargos sobre cuentas bancarias y bloqueó la operatoria cotidiana de la compañía. Según el escrito, esa situación terminó afectando el pago de salarios, proveedores y obligaciones corrientes. En la presentación también solicitó el levantamiento de esos embargos para permitir la continuidad de las operaciones mientras transita el proceso preventivo.

La empresa sostiene que los cambios implementados en la economía desde fines de 2023 incrementaron la presión competitiva sobre el sector. Sin cuestionar la competencia en sí misma, afirma que muchas empresas operan con costos artificialmente bajos por incumplimientos laborales y previsionales.

En ese sentido, la presentación sostuvo que existen operadores que recurren a procedimientos preventivos de crisis para reducir salarios y cargas sociales, lo que —según Delta— les permite ofrecer precios imposibles de igualar para empresas que cumplen íntegramente con la normativa vigente. También cuestiona la falta de controles estatales sobre esas prácticas.

Asimismo, atribuyó parte de la crisis al encarecimiento de los costos medidos en dólares, la caída del consumo, la reducción de la demanda de servicios de seguridad y el elevado costo del financiamiento. Delta asegura que actualmente trabaja apenas al 30% de su capacidad instalada.

Según expone en el expediente, ya no cuenta con recursos para asumir nuevos contratos que requieran incorporar más personal, mientras que el deterioro financiero también afectó su parque automotor y limitó la posibilidad de competir en licitaciones de monitoreo e instalación de sistemas electrónicos de seguridad.

La firma agregó que la rescisión del contrato con el Ministerio de Cultura obligó a desafectar alrededor de 24 trabajadores, situación que considera uno de los principales detonantes de la cesación de pagos.

En materia financiera, la empresa describe un escenario de fuerte asfixia. Siempre según la documentación presentada ante la Justicia y a la que accedió Punto biz, Delta informa que registra más de $370 M en ejecuciones promovidas por ARCA, vencimientos fiscales inmediatos por otros $271,5 M, deudas con proveedores superiores a $400 M y cuotas vencidas de préstamos bancarios por aproximadamente $12,7 M.

Como síntesis de las causas del default, la empresa enumera la deuda que mantiene la Provincia, los reajustes pendientes con ATE, la competencia desleal dentro del sector, la caída del consumo, el aumento de costos, la capacidad ociosa y el elevado costo del financiamiento.

Actualmente, Delta informa que mantiene una dotación cercana a 64 empleados, además de personal eventual para eventos, y sostiene que el objetivo del concurso preventivo es preservar la continuidad de la empresa, mantener las fuentes laborales y alcanzar un acuerdo con sus acreedores.

El síndico designado en el expediente es Víctor Horacio Pugliese, quien recibirá los pedidos de verificación de créditos hasta el 10 de septiembre. Tras esa instancia comenzará el análisis de las acreencias, mientras que la empresa dispondrá de un período de exclusividad que se extenderá hasta el 10 de febrero de 2027 para negociar una propuesta de acuerdo con sus acreedores y evitar la quiebra.