Tradicional láctea venía a los tumbos y pidió el concurso

La crisis de Lácteos Verónica desembocó en los tribunales. La tradicional compañía santafesina se presentó esta semana en concurso preventivo de acreedores después de más de un año marcado por la falta de capital de trabajo, plantas prácticamente paralizadas, salarios impagos y una creciente presión de proveedores y entidades financieras.

La presentación quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°17, Secretaría N°34. El expediente permanecía en despacho y la Justicia debía resolver la apertura formal del proceso, que buscará ordenar la relación entre la compañía y sus acreedores.

El deterioro financiero alcanzó una escala considerable. La empresa acumula más de 2.900 cheques rechazados por encima de los $11.200 M y registra alrededor de $4.745 M en compromisos con bancos y compañías de crédito. Entre ambos frentes, el monto supera los $15.900 M.

La firma llegó al concurso después de haber intentado atender distintos reclamos de manera individual. La acumulación de ejecuciones, pedidos de quiebra y obligaciones vencidas terminó por volver cada vez más difícil esa estrategia.

Bancos y proveedores aumentaron la presión

Entre los principales acreedores financieros aparece Banco Galicia, con una exposición de $1.376,7 M. De acuerdo con los últimos datos informados por el Banco Central, correspondientes a junio, esa obligación figuraba en Situación 3, categoría asignada a deudores con problemas.

La nómina también incluye al Banco Nación, con cerca de $1.327 M; Credibel, con $1.115 M; Catalinas Cooperativa de Crédito, con $708 M, y Banco Macro, con aproximadamente $208 M. Además figuran compromisos con Santander, Banco Provincia, Banco Ciudad y Banco Industrial.

La presión no quedó limitada al sistema financiero. Distintos proveedores y compañías avanzaron con pedidos de quiebra y ejecuciones judiciales. Entre ellos aparecieron Establecimientos Los Cerros y Munay, Agropecuaria El Timbó, Criolani Agropecuaria, Dices Argentina y Libertador Factoring.

También se iniciaron acciones vinculadas con Libres Seguridad, Trading Internacional, Soluciones Randstad, Fremar e Hypred Argentina.

La compañía ya había conseguido desactivar algunos conflictos particulares. En marzo canceló $23,2 M en sede judicial y logró frenar uno de los pedidos de quiebra. Sin embargo, el cuadro general continuó deteriorándose a medida que se acumularon nuevos cheques rechazados y reclamos de acreedores.

Para transitar el concurso, la empresa quedó patrocinada por el Estudio Alegria, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo (ABFFM), especializado en derecho empresario, insolvencia y reestructuraciones financieras.

Tres plantas casi sin actividad

El frente productivo también explica la magnitud de la crisis. Las plantas ubicadas en Clason, Lehmann y Suardi, todas en Santa Fe, permanecen paralizadas o con una actividad mínima.

La compañía había llegado a procesar más de un millón de litros de leche diarios y a emplear directamente a más de 700 personas. Con el avance de la crisis perdió materia prima, capital de trabajo y capacidad para sostener una operación regular.

El impacto alcanzó además a la plantilla. La cantidad de trabajadores se redujo después de varios meses de atrasos salariales, mientras parte del personal buscó otras fuentes de ingreso ante la falta de pagos.

Durante ese período se sucedieron protestas, movilizaciones y reclamos ante autoridades provinciales y nacionales. El gobierno de Santa Fe llegó a disponer asistencia económica y alimentaria para familias vinculadas con las plantas afectadas.

La falta de fondos también deterioró la relación con tambos y proveedores. Los esquemas de producción a fasón que habían permitido mantener algo de actividad durante parte del año anterior no alcanzaron para reconstruir de manera permanente el flujo de producción.

Una compañía con más de un siglo de historia

Verónica fue fundada en 1923 y lleva más de seis décadas radicada en Santa Fe. La compañía permanece bajo control de la Familia Espiñeira y llegó a convertirse en una de las usinas lácteas de mayor escala de la región.

La crisis financiera también quedó atravesada durante los últimos meses por denuncias de trabajadores y dirigentes políticos sobre un presunto vaciamiento de la empresa. Esos cuestionamientos no constituyen, hasta el momento, una determinación judicial.

Parte de las acusaciones apuntaron a Las Becerras S.A., sociedad vinculada a la familia controlante que había funcionado como tambo y proveedora de materia prima. Los denunciantes cuestionaron que esa compañía dejara de abastecer a Verónica mientras la láctea sufría dificultades para conseguir leche y mantener sus líneas productivas.

También quedaron bajo análisis la conformación, durante septiembre de 2025, de tres sociedades relacionadas con integrantes de la familia. Se trata de Kawsay S.A., Agro Prada S.A. y Grandal Agropecuaria S.A., constituidas con objetos vinculados a actividades agropecuarias, tambos y comercialización.

Trabajadores y legisladores habían planteado además cuestionamientos por presuntos movimientos de campos, maquinaria y otros activos dentro del grupo empresario. La existencia de esas denuncias formará parte del escenario que rodeará el proceso, aunque será la Justicia la que deberá determinar el patrimonio disponible y el alcance efectivo de las obligaciones.

Con el concurso preventivo, las cuentas y los bienes de la histórica láctea quedarán sometidos a revisión judicial. Los acreedores deberán verificar sus créditos y la empresa tendrá que intentar alcanzar un acuerdo que le permita evitar la quiebra y encontrar una salida para una estructura industrial que permanece prácticamente detenida.