Megatorre de Puerto Norte, un proyecto que salió con fórceps del Concejo

El viernes 16 de diciembre el Concejo de Rosario aprobó la construcción de una torre de 200 metros en Puerto Norte. Ocurrió tras un procedimiento con numerosas irregularidades: se desecharon pedidos de audiencia pública a vecinos interesados, se modificó el plan maestro que había asignado alturas para todos los emprendimientos del nuevo barrio, se forzó la renuncia de una concejala oficialista porque los números no alcanzaban para sacar dictamen en comisión de Planeamiento y luego directamente se trató el proyecto  sobre tablas -ignorando toda discusión previa- porque los votos tampoco daban en la comisión de Presupuesto. 

Fue un escándalo y de proporciones, aunque su trascendencia pública quedó atenuada porque toda la atención se concentraba en torno la definición del Mundial de Fútbol, que estaba por jugarse 48 horas después. También contribuyó al ostracismo informativo que brillaron por su ausencia los informes de prensa que habitualmente emiten las autoridades del concejo de los debates en comisión y en el recinto, sumó además que algunos medios masivos de prensa miraron para otro lado. 

El proyecto llegó al Concejo el pasado 13 de octubre a través de un mensaje del Ejecutivo municipal que solicitaba su aprobación. El permiso lo obtuvo dos meses después mientras otros proyectos fueron sometidos a un largo debate, como el cambio de los indicadores urbanísticos para el barrio de Fisherton que se debatió durante todo el año o la habilitación del hotel Mercure en Arroyito que durmió largos meses y consiguió luz verde sobre el filo del año legislativo. Y ni hablar de proyectos inmobiliarios como el del constructor Aldo Latucca en la manzana de Córdoba y Corrientes, que tardó casi dos años en ser aprobado luego de un largo peregrinar entre distintas comisiones del Concejo hasta conseguir la autorización definitiva. Es dable esperar que este tipo de trámites se agilicen en el Concejo para no poner en riesgo las inversiones, pero también evitar que haya hijos y entenados. 

Por detrás del proyecto de la nueva torre están la aseguradora Sancor, la constructora Obring, el principal empresario de medios de Santa Fe, Gustavo Scaglione; e integrantes del estudio Salvatierra, cada vez más metido en los negocios de la región, especialmente cuando se trata de proyectos en los que debe intervenir el Estado. 

La torre de 200 metros consiguió tratamiento exprés y se debatió en la Comisión de Planeamiento del jueves 15 con el fin de darle despacho y que ese mismo día pudiera ser votado en el recinto. Pero al oficialismo, acompañado por Juntos Por el Cambio, la mayor parte de los peronistas y otros bloques menores no le dieron los números. A los tres concejales del oficialismo que empujaban el proyecto le faltaba uno para avanzar. Cuando la presión se volvió insoportable, la concejala Verónica Irizar (del bloque socialista) que había venido pidiendo más tiempo para analizar y debatir el proyecto inmobiliario, renunció a la comisión. La reemplazó Ciro Seisas (que responde al intendente Pablo Javkin) y su voto permitió darle despacho al expediente. 

Pero los problemas se sucedieron. A la 1 de la madrugada del viernes, se reparó que el proyecto debía pasar también por la comisión de Presupuesto, en la cual también participa Irizar y Mónica Ferrero, otra integrante del bloque socialista, razón por la cual tampoco tendría vía libre. Como ya no había más margen para seguir haciendo “renunciar” a concejalas discordantes, y como los números en el recinto cerraban,   se optó por ignorar los trabajos en comisión y llevar la iniciativa a ser tratada sobre tablas, un procedimiento poco frecuente. 

“No hubo una discusión extensa sobre el proyecto ni pasó por las áreas técnicas específicas, como tampoco se analizó la factibilidad de los servicios. No está clara la infraestructura que necesita el desarrollo ni se hicieron estudios para determinar si una estructura de estas características puede construirse sobre la barranca”, describió a Punto biz Verónica Irizar sobre los argumentos que la llevaron a desmarcarse de la posición sustentada por el oficialismo. No es la primera vez que la concejala socialista se diferencia de la postura oficial en temas urbanísticos, y fue en 2020 cuando votó en contra del proyecto del Ejecutivo que habilitó la construcción de edificios más altos en Rosario, a partir de sumar altura a las plantas bajas. 

El proyecto de la megatorre contó con el voto favorable de la mayoría de los ediles en el recinto, pero abrió una grieta hacia el interior del propio oficialismo, entre la postura de los concejales que responden al intendente Pablo Javkin y los del socialismo. “El proyecto tiene muchos puntos debatibles. El principal argumento está dado en que existe un plan urbanístico en la ciudad diseñado hace años que hay que respetar. Habilitar una torre de 200 metros en una zona donde se construyó a la mitad de altura, reabre una discusión con los actores de Puerto Norte. Durante la gestión del gobernador Miguel Lifschitz hubo un proyecto de ciudad, ahora no puede ser todo excepción, hay reglas que seguir”, opinó la concejala, quien fuera ex secretaria de Hacienda en la intendencia de Mónica Fein. 

Pero el dato cierto es que la iniciativa sumó muchas voluntades y de distinto color en el Palacio Vasallo, varios de los cuales deberán revalidar títulos en las elecciones del año que viene. Levantaron la mano Nadia Amalevi y Ciro Seisas (Creo), Carlos Cardozo (Unión PRO- Juntos por el Cambio), Lisandro Cavatorta (Todos Hacemos Rosario), Ariel Cozzoni (Unite - Un Gol para Rosario), Julia Irigoitía (Todos Hacemos Rosario), Daniela León (UCR - Juntos por el Cambio), Ana Laura Martínez (Unión PRO- Juntos por el Cambio), Marcelo Megna (UCR), Aldo Pedro Poy (PDP), Alejandro Roselló (Unión PRO- Juntos por el Cambio), Martín Rosúa (UCR - Juntos por el Cambio), Susana Rueda (Rosario Progresista), Valeria Schvartz (Volver a Rosario) y Miguel Tessandori (Volver a Rosario).

En contra votaron Juan Monteverde, Caren Tepp, (Ciudad Futura), Luz Ferradas (Ciudad Futura), Pedro Salinas (Ciudad Futura), Jésica Pellegrini (Ciudad Futura) y Norma López (Frente de Todos - PJ), mientras que Mónica Ferrero (Bloque Socialista) Verónica Irízar (Bloque Socialista), Marina Magnani (Todos Hacemos Rosario), Silvana Teisa (Todos Hacemos Rosario), Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) se abstuvieron.

La megatorre estará emplazada sobre la barranca del río Paraná, en terrenos que pertenecieron al corre acopio BLD y que cambiaron de manos con la crisis de la compañía agropecuaria. La venta de BLD a la constructora se produjo en un contexto de alta presión, que en su momento fue la comidilla de la comunidad de negocios de Rosario. 

El edificio será el segundo más alto de la Argentina -sólo superado por la torre Alvear de Puerto Madero (Buenos Aires) y estará ubicado en la Ex Unidad 1, detrás del complejo Forum y en el mismo lugar que ocupó por décadas la planta de silos de la cooperativa Faca. Tendrá el doble de metros que las Dolfinas y las Maui, que están en la misma zona, que tiene el metro cuadrado más caro de Rosario.

En el master plan del ambicioso emprendimiento inmobiliario se menciona que los constructores harán "un parque de vegetación autóctona de una hectárea y media con vista plena al río, que permitirá extender el paseo público de Puerto Norte". Serán 60 pisos, con departamentos de alta gama. Uno de los argumentos del oficialismo para avanzar con la iniciativa es que el proyecto reportará a las arcas municipales unos u$s6 M como compensación económica. Una cifra que muchos consideraron baja si se tienen en cuenta los valores en dólares que se manejan en este tipo de desarrollo. 

Para llevar adelante la obra, será necesario demoler un silo de valor patrimonial, lo cual dará una mayor edificabilidad al proyecto inmobiliario. Otro punto que también despierta polémica.