Los cadetes se resisten a entregarle los envíos a Uber y Didi

La discusión por la habilitación de Uber y DiDi en Rosario abrió otra pelea: quién podrá hacerse cargo de los envíos de comidas, bebidas, medicamentos y paquetes. El Sindicato de Trabajadores Cadetes y Repartidores consiguió que se incorpore al texto en debate su pedido de preservar ese mercado y limitar la participación de taxis y remises a mercadería que, por su volumen, no pueda trasladarse en motocicletas.

El planteo fue ratificado por Anahí Schibelbein, presidenta de la comisión de Servicios Públicos, durante la reunión conjunta con Gobierno. La propuesta busca reservar para los cadetes el reparto habitual de alimentos, bebidas, artículos de farmacia y mensajería. La posibilidad de realizar entregas mediante aplicaciones quedaría abierta para taxis y remises únicamente cuando se trate de bienes voluminosos. El acuerdo sobre este punto forma parte de una negociación más amplia que todavía no logró destrabar la regulación de las plataformas.

Detrás del reclamo hay una disputa por el empleo en el reparto urbano. Los cadetes argumentan que el proyecto original sumara a taxis y remises a una actividad que, según advierten, ya está afectada por la caída del consumo. Durante la movilización realizada frente al Concejo el 8 de octubre, Brenda Marinucci, representante del sindicato, sostuvo que incorporar trabajadores de otros sectores reduciría todavía más los pedidos disponibles para quienes viven de las entregas.

La presión gremial derivó en cambios concretos en la redacción. Según informó el sindicato, se acordó eliminar el artículo 26, que modificaba directamente la normativa de cadetería, y reformular los artículos 21 y 23 para acotar los repartos que podrían realizar taxis y remises. Nicolás Martínez, secretario general del gremio, valoró la negociación y resumió su posición: “el reparto se discute con los repartidores y con el sindicato que los representa”. Son modificaciones al proyecto, que sigue pendiente de aprobación.

El delivery de comidas está expresamente incluido en la actividad que los cadetes buscan preservar. Con el criterio anunciado en comisión, los pedidos gastronómicos que puedan trasladarse en moto quedarían dentro del reparto reservado al sector. Por lo tanto, la apertura para taxis y remises no sería general: dependería del volumen de la mercadería y de la imposibilidad de transportarla mediante cadetería en motocicleta. El parte no precisa cómo se medirá ese límite ni cómo se controlará.

La discusión coincide con el desembarco de Uber Eats en Rosario. La compañía ya ofrece entregas de restaurantes y comercios y, según explicó su responsable en Argentina, Juan Martín Cappellini, a La Capital, su modelo permite trabajar tanto con repartidores en moto como con conductores de autos. Esa combinación le permite aprovechar los distintos horarios de mayor demanda de viajes y de pedidos gastronómicos.

El alcance informado de los cambios apunta específicamente a restringir el reparto en taxis y remises. No surge de lo comunicado una prohibición general de Uber Eats ni de las aplicaciones que vinculan comercios con cadetes. La interpretación del criterio anunciado es que se busca preservar quién realiza materialmente la entrega y con qué vehículo. El encuadre definitivo de las distintas modalidades dependerá de la redacción que finalmente apruebe el Concejo.

La posición municipal inicial contemplaba incorporar a taxis y remises al servicio de reparto dentro de la actualización de las reglas para las plataformas. Al presentar la iniciativa, el jefe de Gabinete y presidente del Ente de la Movilidad Rosario, Rogelio Biazzi, defendió la necesidad de adaptar la normativa a los cambios en las formas de trasladarse. Schibelbein había incluido la posibilidad de realizar entregas entre los principales aspectos del proyecto enviado por el Ejecutivo.

El mapa de acuerdos y disensos

En la última reunión, el oficialismo también precisó requisitos para los conductores: licencia profesional, mayoría de edad y al menos un año de antigüedad en la licencia. Fabrizio Fiatti, titular de Gobierno, promovió la creación de un Registro de Conductores de Aplicaciones y rechazó las iniciativas para habilitar el traslado de pasajeros en motocicletas. Ese último punto corresponde al transporte de personas, una actividad diferente del reparto de mercadería.

Desde el peronismo plantearon once diferencias con el proyecto oficial. Para los viajes de pasajeros, reclamaron que las aplicaciones ingresen como servicio público y tengan una tarifa mínima equivalente al boleto de colectivo. También solicitaron que los vehículos admitidos tengan inicialmente un máximo de quince años de antigüedad, para luego reducirlo a diez, y formularon objeciones sobre el alcance de los seguros para trasladar pasajeros en motos.

La Libertad Avanza, por su parte, propuso elaborar un dictamen de comisión que encuadre la actividad como un servicio privado de traslado. El bloque objetó modificar la ordenanza 10.544, que regula las plataformas de intermediación para taxis y remises, para incorporar a empresas privadas. Además, planteó liberar a las aplicaciones del pago de tasas municipales actuales o futuras y condonar multas a taxistas y remiseros sancionados por operar mediante esas plataformas.

Los libertarios sostuvieron que buscan establecer un marco normativo con menor intervención estatal y cuestionaron las obligaciones que implicaría declarar la actividad como servicio público, entre ellas la prestación durante las 24 horas. El parte no detalla una posición específica de ese bloque sobre la reserva del reparto solicitada por los cadetes.

La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, pidió avanzar sobre los puntos que reúnen acuerdo y analizar experiencias de otras ciudades. Aunque consideró necesario definir condiciones para que las empresas se incorporen al sistema, advirtió que la opinión de Uber y DiDi no puede condicionar el debate legislativo.

Sin un acuerdo general, las comisiones volverán a reunirse el miércoles 28 de octubre a las 11, un día antes de la próxima sesión ordinaria. Los cadetes, mientras tanto, buscan consolidar las restricciones negociadas y abrir otra discusión: la actualización de la ordenanza 7.042, que regula su actividad, para incorporar mejoras en las condiciones laborales del sector.