Los argumentos de la sindicatura de Herrera para evitar ser desplazados

Luego de que dos letrados rosarinos le apuntaron a los síndicos designados por el Poder Judicial para intervenir en el expediente de quiebra del financista en default Luis Herrera con la sospecha de que comparten los mismos abogados que el propio empresario acusado de quedarse con plata ajena, los contadores en foco finalmente ensayaron una argumentación ante el juez que debe definir si los desplaza.

Los síndicos esta semana presentaron un escrito ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 4° Nominación de Rosario, a cargo del juez Nicolás Villanueva. Se trata del despacho que tiene jurisdicción sobre la quiebra y el que recepcionó el pedido de revocatoria de la sindicatura promovida por los abogados Alejandro Gurfinkel y Yanina Suberville, apoderados de un grupo de acreedores de Herrera.

De acuerdo al planteo, por lo  menos dos de los tres contadores que integran el estudio designado para actuar como  sindicatura concursal -Los contadores Eleonora Riva y Gabriel Palmero-, tienen como asesores  letrados por lo menos desde el año 2016 al estudio jurídico que asiste a Herrera.  

Siempre siguiendo la presentación que en todo caso el juez Villanueva deberá considerar o desestimar, el estudio contable compuestos por los socios Riva, Palmero y Sergio García tienen constituido domicilio legal en la ciudad de Rosario, en el domicilio del estudio jurídico de los abogados que representan a Herrera, en calle San Martín al 700. Esa misma situación, siempre de acuerdo a la versión de los denunciantes, se repite en las ciudades de Santa Fe, Casilda, Cañada de Gómez, San Lorenzo y  Villa Constitución.

La denuncia  va más allá. Los letrados de los acreedores que al parecer descubrieron la maniobra indican que la contadora Riva es asistida jurídicamente por el estudio que representa a Herrera en por lo menos tres procesos de quiebra abiertos en la ciudad de Rosario, dos de ellos, en el mismo juzgado donde tramita la quiebra de Herrera. Es decir, la 4ta nominación, a cargo de Villanueva.

La defensa de los síndicos acusados

Esta semana ingresó al despacho del juez Villanueva un escrito firmado por los contadores Eleonora Riva, Sergio García y Gabriel Palmero, con el patrocinio del abogado Juan Pablo Magnani. En el documento, al que accedió Punto biz, la sindicatura no rechaza haber tenido vínculos con asesores letrados ligados a Luis Herrera, aunque argumentan que los planteos hechos por quienes remarcaron esa supuesta irregularidad son endebles e intentan convencer al magistrado actuante de no avanzar en una remoción.

“Generar de manera artificial la idea de una supuesta connivencia entre Sindicatura, fallido y abogados patrocinantes por el mero hecho de haber sido patrocinados por los mismos letrados en otras causas anteriores, no implica más que confirmar una relación profesional que en modo alguno incide en la actuación en los presentes, atento y justamente, por el grado de imparcialidad, independencia y transparencia que debe obrar en autos, demostrado por la Sindicatura desde el inicio de su actuación”, reza el escruto en uno de los pasajes. Vale aclarar que los abogados que van contra los síndicos anticiparon a este medio que los excusas derivadas de este documento remitido al juez resultan “endebles” y preparaban un material para ser girado al juez Villanueva para refutar la versión de los contadores.

En otro párrafo de la argumentación, los síndicos mencionan que la causal de remoción está fundada en vínculos probados con el fallido (Herrera) y los acreedores (702 fueron los que verificaron en la quiebra) y no, como habría ocurrido en este caso, por vinculaciones con abogados que eventualmente pueden haber mantenido relaciones profesionales con el fallido y algún acreedor en expedientes anteriores.

“La incompatibilidad lo es respecto del FALLIDO y sus ACREEDORES, no respecto a abogados patrocinantes en otros expedientes. La afirmación contraria implicaría crear categorias efectuar un prejuzgamiento respecto de la potencial actuación de la Sindicatura sin ningún basamento legal. La advertencia sobre tal incompatibilidad se efectuó respecto a los acreedores que entraban en la misma, en tiempo y forma, designando V.S. una sindicatura ad-hoc al efecto”, plantean.

En la denuncia que originalmente se hizo, los abogados Alejandro Gurfinkel y Yanina Suberville se hicieron la siguiente pregunta: “¿Cómo podrá actuar objetivamente si por otra parte los abogados de Herrera (que son sus abogados), van a intentar que sean reconocidos la menor cantidad posible y de ese modo bajar el pasivo a pagar?”. Para ese interrogante hubo respuesta de los acusados.

“Las ‘preguntas’ que presentantes se hacen sobre la eventual o futura conducta de la Sindicatura, relativas a potenciales pedidos extensión de quiebra (de ser ello procedente y en el momento tiempo oportuno) o tareas investigativas para la detección de activos ocultos, implican claramente condicionamiento al accionar imparcial, independiente y transparente que pregonan debe ser el norte del accionar sindical”, se defendieron los síndicos.

Si bien ahora el juez Villanueva debe definir si avanza o no con la remoción, el escrito de los contadores cierra esgrimiendo que las actuaciones de los denunciantes parecen “querer desviar o dilatar los tiempos procedimentales de la quiebra con intervenciones infundadas y carentes de sustento legal”.