Colegios profesionales rechazan decreto que impacta en aportes previsionales

Un nuevo frente de conflicto se abrió en Rosario tras la publicación del decreto 706/2026, con el que el municipio eliminó la exigencia de acreditar aportes previsionales en los trámites vinculados a obras. La medida, presentada como una simplificación administrativa para agilizar procesos, generó un fuerte rechazo de los colegios profesionales, que advierten sobre sus consecuencias legales y económicas.

Desde el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Santa Fe y el Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obra y Técnicos sostienen que la decisión no es menor. Plantean que elimina un control clave dentro del sistema previsional profesional y pone en riesgo su financiamiento.

“Se trata de un acto intempestivo e inconsulto por parte del intendente y supone un claro avasallamiento de derechos y un desconocimiento del marco legal vigente”, señaló Marcelo Lamberto, presidente del colegio de arquitectos. “Un municipio no puede, por decisión unilateral, desarmar sistemas de control establecidos por ley”, agregó.

El punto central de la discusión es la eliminación de la verificación de aportes a las cajas previsionales como requisito previo para aprobar trámites de obra. Para los colegios, ese control no solo es ágil sino que cumple una función estructural en el sistema.

“La verificación de aportes es inmediata y no retrasa los trámites”, remarcan desde las entidades, que también destacan que el visado profesional funciona bajo esquemas transparentes y eficientes.

Un conflicto legal en puerta

El rechazo no se limita al plano institucional. Los colegios aseguran que la medida contradice leyes provinciales vigentes que obligan a verificar aportes previsionales y regulan el ejercicio profesional.

Entre ellas mencionan la ley 6.729 y la 11.089, que establecen la obligatoriedad de los aportes, y las leyes 4.114 y 10.653, que regulan el visado profesional en obras. “Normas plenamente vigentes que no pueden ser dejadas sin efecto por una decisión administrativa local”, remarcan.

En ese marco, anticipan una escalada judicial. “Estamos ante un atropello a las instituciones. Ya estamos trabajando con nuestros asesores legales y vamos a poner un freno en la Justicia”, afirmó Gabriel Boeri, presidente del colegio de técnicos.

Impacto en el sistema previsional

Más allá del encuadre legal, el eje de preocupación pasa por el impacto económico. Los colegios advierten que la eliminación de estos controles debilita el sistema de financiamiento de las cajas profesionales.

Se trata de un esquema solidario con más de 70 años de historia que sostiene a más de 20 mil familias en la provincia. Según plantean, si se reduce el control sobre los aportes, se compromete la sustentabilidad de las jubilaciones futuras.

También alertan sobre otro punto sensible. La necesidad de que el municipio garantice la verificación de matrícula y habilitación profesional, un aspecto que consideran clave para la seguridad de las obras.

Simplificación versus control

Del lado del municipio, la medida se enmarca en una estrategia más amplia de desburocratización orientada a facilitar inversiones y acelerar tiempos administrativos en el sector de la construcción.

Sin embargo, para los colegios, el planteo es engañoso. Sostienen que no se trata de eliminar trabas sino de suprimir controles esenciales.

“El debate no es simplificación sí o no, sino qué tipo de controles se mantienen para proteger a la sociedad y al sistema profesional”, resumen en el sector. Con posiciones firmes y un trasfondo legal complejo, el conflicto promete escalar en las próximas semanas.