Javkin sale a corregir el decreto que desató ruido en la construcción

El intendente Pablo Javkin busca desactivar el conflicto que se abrió con colegios profesionales tras la eliminación de la obligatoriedad de presentar aportes colegiales para obtener permisos de obra en Rosario. Luego de las críticas que despertó la medida entre ingenieros y arquitectos, el municipio acordó avanzar con un decreto reglamentario que aclarará que los colegios profesionales seguirán certificando que quienes intervengan en obras privadas estén matriculados, habilitados y cuenten con las incumbencias correspondientes.

Así lo confirmó a Punto biz Marcelo Crer, vicepresidente del Colegio de Ingeniería Civil de Rosario, luego de mantener una reunión con el intendente este martes por la mañana. “Fue una muy buena reunión. La Municipalidad quiere dejar de tercerizar controles que no le corresponden, pero la norma, como salió publicada, se malinterpretó”, explicó el dirigente.

La polémica se originó a partir de la resolución municipal que eliminó la exigencia de acreditar aportes a colegios profesionales para avanzar con permisos de edificación, una medida que el Ejecutivo presentó como parte de un paquete destinado a agilizar inversiones y reducir burocracia.

Sin embargo, desde distintos colegios interpretaron que la norma debilitaba controles técnicos fundamentales y abría un vacío respecto de la responsabilidad profesional en obras privadas. Según explicó Crer, el problema surgió porque la resolución mezcló dos cuestiones distintas: el control sobre aportes económicos y la validación técnica de los profesionales intervinientes.

“La responsabilidad siempre la tiene que tener un matriculado habilitado. Cuando le fuimos a plantear la situación al municipio, se dieron cuenta de que lo que habían hecho no era lo que correspondía”, sostuvo. El dirigente explicó que la intención original del municipio era dejar de verificar cuestiones vinculadas al pago de aportes profesionales, algo derivado de una vieja normativa. Pero aclaró que eso no implica eliminar el control sobre quién está habilitado para proyectar o dirigir una obra.

Desde el Colegio de Ingeniería Civil insistieron en que el debate excede lo económico y está directamente vinculado con la seguridad estructural de las construcciones. “En una obra de cualquier magnitud, los profesionales que están al frente tienen responsabilidades muy importantes por accidentes, ruinas o daños futuros. Está en juego la vida de las personas”, advirtió Crer.

El vicepresidente del colegio remarcó además que el trámite de validación profesional “demora apenas entre 24 y 48 horas” y rechazó que represente una traba significativa para el desarrollo inmobiliario. Incluso puso como ejemplo el caso del edificio de Parque Patricios, en Buenos Aires, que presentó graves problemas estructurales. “No hubo muertos de casualidad”, afirmó.

Tras la reunión con Javkin, los colegios profesionales esperan recibir en las próximas horas un decreto reglamentario que precise el alcance de la medida original. La nueva redacción establecería que los colegios seguirán emitiendo certificados que acrediten que el profesional actuante está correctamente matriculado y habilitado para ejecutar la obra presentada.

“Lo que va a volver a emitirse es ese certificado que acredita que el profesional está habilitado y puede ejecutar la obra”, explicó Crer. El municipio busca cerrar rápidamente el tema luego del revuelo que generó la resolución original.

“Cuando una obra es muy grande, el desarrollador mira el monto que tiene que pagar y cuestiona esos aportes. Pero el profesional también tiene responsabilidades y costos que debe afrontar”, planteó Crer. De todos modos, desde Ingeniería Civil buscaron bajar el tono de la disputa y remarcaron que acompañan la necesidad de impulsar inversiones privadas en Rosario. “Queremos que la ciudad crezca. Para que Rosario mejore tiene que haber inversión privada y la tenemos que apoyar”, concluyó.