Casanovas: la defensa se juega la prescripción de los delitos económicos

La causa penal contra el financista rosarino Daniel Andrés Casanovas se encamina hacia una instancia decisiva. Este miércoles 18 de noviembre, la defensa del empresario, que permanece detenido bajo prisión preventiva, tendrá una nueva oportunidad para sostener su pedido de prescripción de buena parte de los delitos económicos que le atribuye la Fiscalía. La audiencia, que se desarrollará en el Centro de Justicia Penal de Rosario, podría concluir con una resolución del juez Alejandro Negroni y definir si las acusaciones cuestionadas continúan su camino hacia el juicio oral.

La instancia será la tercera jornada de un debate que comenzó en agosto y continuó el 8 de octubre, cuando la Fiscalía y los abogados querellantes rechazaron los argumentos de la defensa. Ahora llegará el turno de las réplicas, una etapa en la que los representantes de Casanovas buscarán reforzar su interpretación sobre el vencimiento de los plazos legales para perseguir penalmente determinadas maniobras. La audiencia tiene una duración prevista de tres horas y, en principio, el magistrado estaría en condiciones de resolver el planteo durante esa misma jornada.

Lo que está en discusión no es la totalidad de la investigación, sino un conjunto significativo de hechos de estafa, administración fraudulenta y colusión del deudor que forman parte del expediente. La estrategia defensiva consiste en demostrar que transcurrió el tiempo máximo establecido por la legislación penal sin que se produjeran actos procesales capaces de interrumpir la prescripción. De prosperar esa interpretación, numerosas acusaciones quedarían fuera de un eventual juicio oral.

El planteo fue introducido formalmente el 7 de agosto, cuando los abogados del financista solicitaron la extinción de la acción penal respecto de más de veinte hechos individualizados en las investigaciones por estafas y administración fraudulenta, además de una extensa nómina de episodios vinculados con los concursos preventivos de Cereales del Sur S.A. y Rosario E-Trade S.A.

La controversia jurídica gira alrededor de dos cuestiones centrales: cuándo comenzó a correr el plazo de prescripción de cada delito y qué actuaciones judiciales tuvieron capacidad para interrumpirlo. Sobre ambos puntos existen interpretaciones contrapuestas entre la defensa y las partes acusadoras.

Uno de los argumentos centrales de los abogados de Casanovas consiste en fraccionar determinadas operaciones financieras en hechos independientes. Bajo esa interpretación, cada entrega de dinero efectuada por un inversor constituiría una estafa individual, con su propia fecha de consumación y, por lo tanto, con un plazo de prescripción diferente.

La Fiscalía sostiene una interpretación distinta. Para la acusación, determinadas maniobras constituyeron un único hecho defraudatorio desarrollado a lo largo del tiempo, durante el cual los inversores habrían permanecido bajo un mismo engaño y realizado sucesivos aportes de capital.

La diferencia no es menor. Si una persona entregó dinero en enero, volvió a invertir en febrero y efectuó un tercer desembolso en mayo como consecuencia de una misma maniobra, la defensa pretende que esas operaciones sean examinadas como hechos separados. La postura acusatoria, en cambio, considera que pueden integrar una única estafa cuya consumación debe analizarse teniendo en cuenta el desarrollo completo de la maniobra y la última disposición patrimonial atribuida al engaño.

De esa interpretación depende, en buena medida, el cómputo de los plazos. Mientras la defensa busca retrotraer el inicio de la prescripción a las primeras operaciones, la Fiscalía y los querellantes sostienen que, en los casos imputados como una única defraudación, no corresponde fragmentar artificialmente los desembolsos para anticipar el vencimiento de la acción penal.

A ese argumento se suma otra discusión sobre los efectos interruptivos de las audiencias imputativas. Las partes acusadoras sostienen que los primeros llamados a imputación interrumpieron oportunamente el curso de la prescripción, mientras que la defensa cuestiona la interpretación de esas actuaciones y su alcance sobre los distintos hechos investigados.

La Fiscalía también considera relevante que la descripción de determinadas estafas como maniobras únicas, desarrolladas en distintas etapas, fue formulada durante la investigación y no como una respuesta posterior al planteo de prescripción. Esa caracterización ya había sido examinada en instancias judiciales anteriores, según la posición sostenida por la acusación.

El debate se produce en una causa de gran volumen, que reúne denuncias de particulares y empresas que entregaron fondos a sociedades vinculadas con Casanovas bajo distintas modalidades de inversión. Una de las principales herramientas utilizadas fueron operaciones respaldadas por certificados de depósito de granos y warrants emitidos por Compañía Argentina de Warrants S.A., firma que integraba el entramado empresario del financista.

Según la hipótesis fiscal, en numerosos casos las inversiones se ofrecían con promesas de rentabilidad y garantías que luego no pudieron ejecutarse. También se investigaron operaciones con cheques de pago diferido y colocaciones financieras cuyos fondos no fueron restituidos a los inversores.

La investigación se amplió posteriormente hacia las maniobras desarrolladas durante los concursos preventivos de Cereales del Sur y Rosario E-Trade. En ese capítulo, la Fiscalía atribuyó a Casanovas 41 hechos de colusión del deudor, a partir de presuntos acuerdos particulares con acreedores destinados a conseguir las mayorías necesarias para aprobar las propuestas concursales.

Esos convenios habrían contemplado pagos anticipados, cesiones de créditos, entrega de bienes, arrendamientos de campos y otras ventajas económicas a cambio de prestar conformidad a los acuerdos preventivos. La acusación sostiene que esos beneficios diferenciados perjudicaron al conjunto de los acreedores que debían someterse a las condiciones generales de los concursos.

Entre los episodios alcanzados por el planteo de prescripción aparecen operaciones relacionadas con Transporte Prince SRL, Nutrefreed S.A., Vínculos SGR, Mutual Cañada Rosquín, Mutual Libertad de Sunchales y Maquinarias del Norte, entre otras firmas y acreedores.

La causa también involucra a Samanta Verónica Bravo, esposa del financista y exdirectiva de sociedades del grupo, y a Silvina Mariela Casanovas, hermana del principal acusado. Ambas aparecen comprendidas en actuaciones vinculadas con las presuntas maniobras defraudatorias investigadas.