El financista Casanovas tiene una estrategia para zafar del juicio oral

La defensa del financista rosarino Daniel Andrés Casanovas, quien permanece detenido bajo prisión preventiva por una investigación que involucra millonarias maniobras de fraude, retomará este jueves su estrategia judicial para intentar frenar el avance de la causa hacia el juicio oral. A partir de las 8, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se reanudará la audiencia en la que sus abogados buscan que se declare la prescripción de buena parte de los delitos que le atribuye el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La instancia estará presidida por el juez Alejandro Negroni y contará con la intervención de la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, María Teresa Granato, además de los representantes de la defensa y los abogados querellantes. El expediente también involucra a Samanta Verónica Bravo, esposa del financista, y a Silvina Mariela Casanovas, hermana del principal acusado.

La audiencia constituye la continuación del debate iniciado el pasado 7 de agosto, cuando los defensores del financista solicitaron la extinción de la acción penal por prescripción respecto de numerosos hechos investigados. El planteo quedó entonces sin resolución definitiva y el magistrado dispuso un cuarto intermedio para permitir que la Fiscalía completara su respuesta a los argumentos de la defensa.

La estrategia de los abogados de Casanovas consiste en sostener que transcurrieron los plazos legales para perseguir penalmente buena parte de las maniobras atribuidas al empresario, especialmente aquellas que se remontan a operaciones financieras realizadas entre 2016 y 2019. Si prosperara el planteo, una porción importante de las acusaciones podría quedar fuera de un eventual juicio oral.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como los representantes de las víctimas se oponen a esa interpretación. Consultado por Punto biz, Rodrigo Vico Gimena, uno de los abogados querellantes, confirmó que la posición de los damnificados será rechazar el pedido de prescripción y sostener que los hechos todavía pueden ser juzgados.

"Que no están prescriptos. Que la imputativa interrumpe", sintetizó Vico Gimena al explicar el argumento que impulsará la querella. La postura apunta a que las audiencias imputativas realizadas durante la investigación constituyen actos procesales con efectos interruptivos sobre el cómputo de los plazos de prescripción, por lo que, según esa interpretación, no se habría extinguido la posibilidad de avanzar con las acusaciones.

El abogado también confirmó que Casanovas continúa detenido bajo prisión preventiva y que la causa podría ingresar en una nueva etapa una vez despejada la discusión procesal. "Apenas se resuelva prescripción, se haría la preliminar", indicó en referencia a la audiencia preliminar, instancia en la que se discuten las acusaciones y las pruebas antes de una eventual elevación a juicio oral.

El alcance del planteo defensivo es significativo. En la audiencia de agosto, los abogados solicitaron la prescripción de más de veinte hechos individualizados dentro de la investigación por estafas y administración fraudulenta, además de una extensa nómina de episodios vinculados al delito de colusión del deudor.

Esta última figura penal fue incorporada a la investigación a partir de las presuntas irregularidades detectadas en los concursos preventivos de Cereales del Sur S.A. y Rosario E-Trade S.A., dos de las principales sociedades del entramado empresario que controlaba Casanovas.

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que el financista habría celebrado acuerdos particulares con acreedores para conseguir las conformidades necesarias para aprobar las propuestas concursales. Esos convenios habrían contemplado pagos anticipados, cesiones de créditos, entrega de bienes, arrendamientos de campos y otras ventajas económicas que no estaban disponibles para el conjunto de los acreedores. Según la acusación, el objetivo era conseguir las mayorías exigidas por la legislación concursal mediante beneficios diferenciales, en perjuicio de quienes debían someterse a las condiciones generales de los acuerdos preventivos.

Entre las operaciones alcanzadas por el pedido de prescripción aparecen casos relacionados con Transporte Prince SRL, Nutrefreed S.A., Vínculos SGR, Mutual Cañada Rosquín, Mutual Libertad de Sunchales, Casa Usandizaga y Maquinarias del Norte, entre otros acreedores. La acusación original comprende 41 episodios de colusión, aunque el planteo de prescripción no abarca necesariamente la totalidad de ellos.

En paralelo, el expediente reúne acusaciones por estafas y administración fraudulenta derivadas de inversiones que Casanovas y su entorno habrían captado mediante distintas sociedades. Una de las modalidades investigadas consistía en ofrecer colocaciones financieras con tasas de rentabilidad atractivas, respaldadas por certificados de depósito de granos y warrants emitidos por la Compañía Argentina de Warrants S.A., otra empresa vinculada al financista.

La Fiscalía sostiene que, en numerosas operaciones, los granos que debían respaldar las inversiones no estaban disponibles al momento de ejecutar las garantías, mientras que otras colocaciones se canalizaron mediante cheques de pago diferido que terminaron rechazados. La investigación también alcanzó al Fideicomiso Ganadero Norte, que ofrecía inversiones vinculadas al engorde de hacienda y prometía rendimientos periódicos. Según la acusación, parte de los fondos aportados por los inversores no habría sido aplicada al destino comprometido contractualmente.

Por estas maniobras fueron involucrados otros integrantes del entorno societario y familiar del financista, entre ellos su esposa Samanta Bravo, quien ocupaba cargos directivos en Cereales del Sur y Rosario E-Trade, y su hermana Silvina Casanovas.

La audiencia de agosto dejó además una consecuencia procesal relevante: el juez Negroni dispuso suspender los plazos para que la defensa contestara la acusación fiscal y para que los querellantes presentaran sus respectivos requerimientos, hasta tanto adquiriera firmeza la resolución sobre las excepciones de prescripción.

De esta manera, el expediente quedó condicionado por una discusión jurídica que deberá resolverse antes de avanzar hacia la instancia preliminar. El planteo de la defensa no implica, por sí mismo, que los delitos hayan prescripto, sino que esa cuestión deberá ser definida judicialmente.

Para los damnificados, el resultado de la audiencia es determinante. La aceptación de la prescripción podría dejar sin posibilidad de juzgamiento numerosos episodios que integran la investigación, mientras que su rechazo permitiría retomar el camino hacia un juicio oral en el que se analicen las responsabilidades penales de Casanovas y los restantes imputados.