A cuánto asciende la deuda de Sancor, entre el concurso y la quiebra

El agujero financiero de Sancor Cooperativas Unidas Limitada sigue creciendo a medida que avanza el proceso de verificación de créditos en la quiebra. La sindicatura contabilizó aproximadamente $35.000 millones en obligaciones generadas entre la presentación en concurso preventivo y la declaración de quiebra, una masa de deuda que se incorpora al ya voluminoso pasivo que arrastraba la cooperativa.

El dato surge de información de fuentes ligadas a la sindicatura que interviene en la quiebra de la láctea y a la que accedió Punto biz. La cifra forma parte del informe individual actualizado presentado en el expediente, que contempla tanto los créditos generados durante el período que transcurrió entre el concurso y la quiebra como la actualización de las acreencias anteriores a la presentación concursal. El informe todavía no tiene resolución judicial, por lo que los montos no pueden considerarse definitivamente reconocidos dentro del proceso.

El grueso de la deuda laboral todavía está afuera

Otro dato relevante es que los $35.000 M adicionales no contienen el grueso del pasivo laboral acumulado por Sancor. Según explicaron fuentes vinculadas a la sindicatura, la mayor parte de las acreencias correspondientes a trabajadores está concentrada en los denominados créditos con derecho a pronto pago. Ese universo todavía se encuentra bajo auditoría y, por lo tanto, no existe por ahora una cifra definitiva que permita determinar a cuánto asciende la deuda laboral integral acumulada durante el concurso y la posterior quiebra. Una vez concluida y aprobada esa auditoría podrá conocerse la dimensión completa de uno de los componentes más sensibles del pasivo de la cooperativa.

La actualización resulta especialmente relevante porque permite empezar a precisar cuánto dinero deberá intentar recuperar la quiebra mediante la realización de los bienes. El escenario ya aparecía complicado antes de incorporar las obligaciones postconcursales: el pasivo reconocido en la etapa concursal superaba ampliamente la valuación fijada para los principales activos productivos y las marcas.

La liquidación sigue frenada

Mientras se actualiza el mapa de acreedores, la liquidación de los activos operativos permanece suspendida por decisión de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela.

Actualmente tramitan ante el tribunal distintos recursos de apelación y nulidad contra los pliegos diseñados para vender las plantas, marcas y otros bienes operativos de Sancor. Entre quienes recurrieron aparecen BAF Latam, Fidulac, ITC Fiduciaria y SMD Delong, cada uno mediante presentaciones propias.

También llegó a la Cámara la impugnación del síndico Juan Luis Tomat, cuyo planteo cuestiona haber sido excluido de funciones que considera propias de su actuación como integrante de la sindicatura plural y, específicamente, de la elaboración y control de los pliegos de venta.

Según información recogida por Punto biz de fuentes ligadas a la sindicatura, además existieron planteos de Milkaut y de un grupo de acreedores, aunque las fuentes consultadas no pudieron confirmar si esos recursos completaron el trámite necesario para llegar a la instancia de revisión.

Cinco puntos bajo la lupa

Aunque cada recurrente tiene argumentos y pretensiones particulares, las objeciones que llegaron contra el mecanismo de liquidación tienen varios puntos en común.

Uno de los principales cuestionamientos pasa por la falta de certeza sobre el procedimiento utilizado para valuar las plantas industriales y las marcas. A eso se agrega la decisión de reducir en un 20% la valuación de la planta de Sunchales apenas dos días después del incendio ocurrido en junio.

Otro de los reparos apunta a que el pliego habría incorporado bienes sobre los cuales los impugnantes sostienen que no existe certeza suficiente acerca de su pertenencia al patrimonio de Sancor. Entre los ejemplos mencionados aparecen la propia planta de Sunchales y algunas de las marcas incluidas en el proceso.

También se cuestiona la exclusión de Tomat de la etapa de elaboración de los pliegos, un argumento que aparece replicado en distintas impugnaciones por entender que puede afectar los mecanismos de control de la liquidación.

Finalmente, otro eje de discusión es el propio diseño de los pliegos. Los recurrentes sostienen que las condiciones establecidas podrían impedir que algunos interesados reales compitan por los activos y, en consecuencia, limitar la cantidad de oferentes y el precio que finalmente pueda conseguirse.

Sin fecha para volver a licitar

La Cámara todavía no comenzó a resolver el fondo de esos cuestionamientos. Antes deberá cumplirse el trámite de los recursos y la propia sindicatura plural tiene pendiente emitir opinión sobre las apelaciones presentadas.

Por esa razón, hoy no existe una fecha estimada para que vuelva a ponerse en marcha la licitación.

Hasta que la Cámara resuelva las impugnaciones, la realización de los activos operativos seguirá suspendida. En paralelo, la quiebra continuará avanzando en la determinación del pasivo, con una cifra que acaba de sumar otros $35.000 M y que todavía tiene pendiente incorporar uno de sus capítulos más pesados: la deuda laboral alcanzada por los mecanismos de pronto pago.