Juez levantó suspensión a Díaz & Forti pero sólo para operaciones pendientes

En el marco de su concurso preventivo, la Justicia habilitó a la cerealera Díaz & Forti para volver a operar en el mercado. La decisión no implica el levantamiento de las sanciones que desde noviembre impuso el Ministerio de Agricultura, salvo para cinco buques en recalada que están aguardando las operaciones de elevación y carga.

La decisión fue tomada este lunes por el juez Marcelo Quiroga, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 7ma Nominación, donde se tramita el expediente de la convocatoria de acreedores solicitada por la empresa.

Quiroga publicó dos resoluciones. Una respecto a la habilitación parcial para operar y otra declarando la apertura del concurso preventivo, planteando para este mismo martes el sorteo de la sindicatura. Como ocurre en este tipo de trámites, se decretó la inhibición general de bienes de la firma, así como también se informó a los integrantes del directorio su prohibición para salir del país sin previa comunicación al magistrado.

La agroexportadora Díaz & Forti había pedido la convocatoria de acreedores el pasado 10 de febrero, como última alternativa para lograr lo que hasta ahora no pudo por diversos canales: levantar la suspensión del Registro de Operadores del Mercado de Granos (Ruca) y volver al negocio. A esta altura, la firma acumula casi tres meses sin operar, luego de la sanción producida luego de que el Banco Central reportara incumplimientos en la liquidación de divisas (el órgano informó un saldo pendiente de u$s 450 M).

La compañía le había pedido a la Justicia, con carácter urgente, el levantamiento de la interdicción que pesa sobre la mercadería existente en las plantas de Vicentin y de Renova, al menos para aquellas operaciones convenidas con anterioridad a las restricciones. Especificó que se encuentran en recalada cinco buques esperando las operaciones de elevación y carga (en total son 177.000 toneladas de harina de soja y 20.000 toneladas de trigo).

"(La empresa) indica que cada día de retraso en el cumplimiento origina una multa de u$s 15.000 por barco y estima que las penalidades por incumplimiento contractual podrían rondar los u$s 25 M, en función de lo cual peticiona el despacho de la medida", indicó en los considerandos de la resolución el juez Quiroga, quien hizo lugar al mismo "pues de lo contrario podrían provocarse perjuicios difícilmente reparables en función de los elevados costos que se mencionan".

"Se ponderan también en esta decisión los principios cardinales del proceso concursal, como son la continuación de la empresa y la protección del patrimonio de la concursada en tutela de los acreedores", amplió el magistrado.

Más allá de los cinco buques que ahora podrá operar, Díaz & Forti había pedido a la Justicia el levantamiento de las sanciones impuestas por Agricultura. Frente a ello Quiroga aún no se ha expresado: antes pidió escuchar la opinión de la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Agricultura, la Bolsa de Comercio y el Banco Central.