Agroexportadora Díaz y Forti reactivó actividades por un amparo judicial

La empresa agroexportadora Díaz y Forti obtuvo una cautelar judicial que le permite seguir operando a fasón para Vicentin, tras ser ser suspendida en los registros del Ministerio de Agricultura y por determinaciones del Banco Central (BCRA). 

La medida fue dispuesta por el juez porteño Enrique Alonso Regueira, a cargo del juzgado contencioso administrativo federal número uno de Capital Federal, quien dispuso se "levante todo tipo de restricción que pese sobre la empresa Diaz & Forti SA en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (Ruca) o de cualquier otra medida que pudiera incidir en el normal desarrollo de las operaciones comerciales realizadas por la empresa vinculada con la aplicación de la Resolución 132/20 a operaciones anteriores a la fecha de su entrada en vigor, tales como: i) no darse curso a los pedidos de despacho a plaza; ii) no darse curso a sus boletas de embarque de mercadería; iii) no acordarse autorizaciones de cambio; hasta el momento en que presente el informe que se le solicita o venza el plazo fijado para su producción". La decisión del juez fue comunicada al Ministerio de Agricultura, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y al Banco Central.

El juez respondió a un planteo de Díaz y Forti, que había planteado la aplicación retroactiva de una penalidad por no liquidar dólares de las exportaciones de granos.  "Afirma (Díaz & Forti) que la demandada le aplicó en forma retroactiva la sanción establecida en el punto 1.5.15 del Anexo I de la Resolución 21-E, pues esa condición fue incorporada por el art. 1º de la Resolución 132/20 -publicada en el Boletín Oficial el 02/12/20 y con vigencia a partir del 03/12/20-, y la demandada el mismo día que esa norma entró en vigor suspendió a la empresa actora del Ruca por presuntos incumplimientos cometidos con anterioridad al 30/11/20".

"En consecuencia, sostiene que existió por parte de la accionada una aplicación retroactiva de la ley, violentando derechos adquiridos y, por ende, el derecho de propiedad de su parte y, en forma manifiesta, el derecho de ejercer la industria y el comercio", agregó el magistrado.

La empresa debió pagar multas por u$s 1.3 M por la cancelación de contratos a término de provisión de mercadería. Además, se perdió la posibilidad de acceder de manera diaria a 25.000 toneladas de mercadería y eso la colocó en una "situación apremiante".

El Ministerio de Agricultura recibió una comunicación de parte del BCRA con los importes sin liquidar de Díaz y Forti. Como una resolución oficial de Agricultura plantea que se debe estar al día con la liquidación de divisas para no ser sacado del Ruca, procedió a la suspensión de la firma. El Central había dado de baja a la empresa en el mercado de cambios y trabado exportaciones en la Aduana. Voceros de Díaz y Forti vieron en su suspensión un intento por parar a Vicentin, para la cual operan a fasón.

Entre otros puntos, la empresa argumentó también que seguir suspendida del Ruca implica también un perjuicio para el Estado ya que, dijo, no podrá liquidar los dólares una vez que le paguen más de u$s 194 M pendientes de cobro por operaciones de exportación ya realizadas.