El Triple impacto en Argentina y el mundo: una historia de transformación

En las últimas décadas se viene gestando en todo el mundo una nueva economía en la que empresas e instituciones incluyen en su medición de ganancias cuál es el impacto social, económico y ambiental que producen en las comunidades en las que se desarrollan. Así, la conversación dejó de girar en torno a cómo reducir el daño ambiental y se asumió el protagonismo de llevar adelante planes de acción que logren revertir el problema.

El foco está puesto en la responsabilidad social, no ya desde una perspectiva filantrópica, que pretende fomentar acciones de caridad y solidaridad, ni desde una mirada ambiental limitada a acciones aisladas como la separación de residuos. La agenda de triple impacto instala una mirada transversal sobre cómo se articulan y condicionan los aspectos sociales, económicos y ambientales entre sí, utilizando la fuerza de mercado.

Cada vez hay más programas de inversión para empresas de la nueva economía que alientan financieramente proyectos de triple impacto. ¿Cómo y cuándo logró instalarse este nuevo paradigma?

Hay dos fechas claves en el calendario: la primera es el 26 de julio de 2000, cuando se consolidó el Pacto Mundial de la ONU, evento que se denominó como la iniciativa por la sostenibilidad corporativa más grande del mundo. Un año antes, quien era secretaria general de la organización había llamado a los líderes empresariales aliarse para crear un “impacto global” de valores y principios compartidos, con el fin de aportar una faceta humana al mercado global.

El Pacto Mundial incluye 10 principios universales en las áreas de los derechos humanos, laborales y el medio ambiente, con el fin de salvaguardar el crecimiento económico sustentable en un contexto de globalización. La segunda fecha clave es la del 25 al 27 de septiembre de 2015, cuando en la Asamblea General de las Naciones Unidas tuvo lugar la 70º Cumbre del Desarrollo Sostenible. En la ciudad de New York, 193 jefes de Estado aprobaron el documento
“Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible” con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas de carácter interdependiente y universal.

La aplicación de cada ODS depende de la prioridad y capacidad, desarrollo y política de cada uno de los 193 países comprometidos. La agenda propone, entre otras cosas, poner fin a la pobreza y al hambre, proteger el planeta contra la degradación
ambiental, velar para que todos los seres humanos disfruten de una vida próspera, favorecer la construcción de sociedades pacíficas y promover una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

¿Por casa cómo andamos?

Existe la Red de Pacto Global Argentina que cuenta con más de 800 participantes presentes en las 23 provincias. Su objetivo es movilizar al sector empresarial y a grupos de interés con los 10 principios universales establecidos por las Naciones Unidas y la Agenda 2030. En 2015 tras la asunción del gobierno de Mauricio Macri se designó al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) como organismo responsable de coordinar y articular a todos los ministerios públicos en el proceso de adaptación de las metas de los ODS. Actualmente, el área se encuentra en la órbita del Ministerio de Capital Humano.

En el ámbito legislativo, Argentina aún no logró avances. En 2018 se presentó por primera vez el proyecto de ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), que recibió media sanción en la Cámara de Diputados pero perdió estado parlamentario. En 2022 se presentaron otros cuatro proyectos en este sentido pero sólo uno de ellos prosperó y espera tratamiento, sumado a uno presentado en el año 2023. La comunidad triple impacto argentina aún espera por esa legitimidad.

En lo que respecta al sector empresarial ya hay bancos que tienen líneas de crédito específicas para empresas B, que son las empresas que obtuvieron la certificación del Sistema B. Esta es la organización que nuclea actores económicos que utilizan la fuerza del mercado para dar solución a problemas sociales y ambientales. “Son empresas que se comprometen a medir, comunicar y mejorar el impacto socio-ambiental de sus operaciones con el mismo nivel de importancia que su rentabilidad”, explican desde la entidad.

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