Impuestos: cuánto paga tu negocio según dónde esté ubicado

La ubicación de un negocio puede cambiar bastante su factura tributaria, incluso sin salir del Gran Rosario. Un relevamiento de la Fundación Apertura sobre 19 jurisdicciones comparó el Derecho de Registro e Inspección (DReI) que pagan comercios, industrias y prestadores de servicios, y encontró diferencias en alícuotas, adicionales y mínimos obligatorios. La conclusión: para saber cuánto cuesta instalarse en cada localidad, mirar solamente la tasa general deja una parte de la cuenta afuera.

En la comparación de alícuotas generales efectivas, Fray Luis Beltrán y Puerto General San Martín aparecen con las más bajas, del 0,5%, seguidas por Timbúes, con el 0,525%. Rosario se ubica en el tramo medio, con el 0,65%, en línea con Funes, Granadero Baigorria, San Lorenzo, Luis Palacios, Roldán y Pueblo Esther. En el extremo superior están Alvear, con el 0,748%, y Villa Gobernador Gálvez, con el 0,743%: los adicionales obligatorios sobre el DReI, del 15% y el 10%, respectivamente, elevan la carga final.

La actividad cambia la cuenta

Para la industria manufacturera, Funes ofrece una alícuota del 0,3%, mientras que Rafaela —otra de las ciudades relevadas— aplica el 0,35%, y Puerto General San Martín, Timbúes, San Lorenzo y Santa Fe cobran el 0,5%. Rosario mantiene el 0,65%, con excepciones para determinadas actividades, pero sin una alícuota industrial diferencial de alcance general. Según Fundación Apertura, esa falta de diferenciación le resta competitividad frente a otras localidades a la hora de captar radicaciones.

En gastronomía, la brecha se agranda: Fray Luis Beltrán y Puerto General San Martín aplican el 0,5%, frente al 1,5% de Funes, el 1,8% de Capitán Bermúdez y el 2% de Pérez. En Rosario, la carga llega al 0,75% al incorporar la contribución al Ente Turístico Rosario (ETuR). Para el comercio de alimentos, en cambio, Puerto General San Martín cobra el 0,25% y Funes el 0,4%, mientras que Rosario aplica el 0,6%, con una reducción al 0,5% para almacenes de una sola unidad.

Los mínimos también pesan

La otra variable que puede torcer la comparación son los mínimos mensuales, especialmente para pymes y actividades con muchos empleados. El informe lo ilustra con una metalúrgica de 30 trabajadores y 2.500 m² en General Lagos, que afrontaría un piso de $5,445 M mensuales. En el escenario utilizado por el estudio, ese desembolso equivale al 2,178% de sus ventas, muy por encima de la alícuota general del 0,6% de la localidad.

En Rosario, las empresas de servicios que llegan a diez empleados quedan sujetas a un mínimo de 610 módulos tributarios, equivalente a $320.860 mensuales según los valores relevados, un esquema que Apertura señala por su impacto sobre las firmas con mayor dotación de personal. En Roldán, la alícuota general pasa del 0,65% al 0,75% cuando los ingresos anuales alcanzan los $140 M. El umbral fue fijado en 2021 y, según el relevamiento, no se actualizó: una facturación de unos $11,7 M mensuales ya alcanza para superarlo.

La factura de los grandes complejos

Para los establecimientos agroindustriales, portuarios y energéticos, varias localidades combinan alícuotas con cuotas fijas o mínimos vinculados con el almacenamiento, el procesamiento y las instalaciones, por lo que los montos corresponden a distintos perfiles de actividad. San Jerónimo Sud establece un mínimo de unos $170 M mensuales para plantas agroindustriales y de acopio con capacidad superior al millón de toneladas, mientras que Puerto General San Martín llega a $159,1 M para determinados complejos de minerales y productos agrícolas. Villa Gobernador Gálvez, por su parte, fija una cuota de $140 M para actividades que incluyen agro, puertos, silos y consumo energético.

En Timbúes, el mínimo para establecimientos agroindustriales de hasta 150.000 toneladas se ubica en $34,5 M mensuales, aunque el esquema tiene una herramienta que puede cambiar por completo el cálculo de una inversión. La localidad cuenta con un régimen de incentivo a la producción y las inversiones que contempla exención total del DReI y estabilidad fiscal por diez años para los proyectos adheridos.