Semilleros mueven una ficha para tratar de acordar una nueva ley

La negociación por una nueva ley de semillas dejó acercamientos entre productores y empresas, pero sigue trabada en la definición más sensible: quiénes deberán pagar por guardar parte de su cosecha para volver a sembrar y quiénes conservarán la gratuidad. Con las posiciones sobre la mesa, el Gobierno prepara una propuesta para llevar al Congreso. En ese escenario, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) salió este lunes 26 a reclamar una actualización de la normativa y aseguró que amplió las excepciones al pago para facilitar un entendimiento.

El impulso oficial tiene al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, entre sus principales promotores, con intervención del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y del presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Famulari. La discusión gira alrededor del uso propio, una práctica especialmente relevante en soja, trigo y arroz: reservar semilla obtenida de una cosecha para utilizarla nuevamente en la explotación. La Ley 20.247, sancionada en 1973, contempla esa posibilidad sin afectar el derecho de propiedad del obtentor, es decir, de quien desarrolló la variedad. La reforma busca redefinir cómo se remunera esa genética y bajo qué condiciones puede reutilizarla el agricultor.

Durante las conversaciones participaron las entidades de la Mesa de Enlace —Sociedad Rural, Federación Agraria, CRA y Coninagro— y la industria semillera. El avance consistió en trabajar sobre un sistema que combine uso propio gratuito y pago, con excepciones según la escala productiva. También cambió el criterio para ordenar la negociación: del planteo inicial de una exención de hasta 500 hectáreas se pasó a analizar grupos de productores según la superficie registrada en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (Sisa). 

La distancia quedó expuesta a fines de septiembre. Según la información publicada sobre esa instancia, las entidades propusieron que pagara el 30% de los productores de mayor escala, que concentraba el 82,72% de la superficie del universo analizado. La industria planteó alcanzar al 60% de los productores, con el 95,44% de esa superficie. La diferencia entre ambas posiciones involucraba a unos 16.800 agricultores: el desacuerdo estaba en dónde ubicar el límite de la excepción.

En el comunicado difundido este lunes, ASA aseguró que revisó y amplió la superficie contemplada dentro del régimen de excepción respecto de su propuesta original, aunque no precisó el nuevo umbral ni cuántos productores quedarían comprendidos. La entidad presentó esa modificación como una concesión para acercar posiciones y sostuvo que el sistema debe reconocer la propiedad intelectual y contemplar las distintas realidades productivas. También argumentó que reglas previsibles permitirían atraer inversiones, ampliar la oferta de variedades y mejorar los rendimientos.

Para los semilleros, el objetivo es generar más valor mediante nuevos desarrollos y recuperar la inversión en investigación y mejoramiento genético. Del lado de los productores, la preocupación pasa por preservar el uso propio y limitar el alcance de las regalías. La discusión incluye, además, durante cuánto tiempo podrían cobrarse: las entidades plantean como criterio general tres años para soja y trigo, mientras la industria pretende un plazo mayor. 

Otro desacuerdo de fondo es el marco internacional. Las entidades rurales defienden una reforma dentro de UPOV 78, al que adhiere la Argentina, mientras ASA impulsa UPOV 91, que amplía la protección de los derechos de los obtentores. La reforma de la ley nacional y la adhesión al acta internacional son procesos distintos; esta última también forma parte de los compromisos del Gobierno con Estados Unidos.

El próximo paso anunciado es que el Ejecutivo evalúe las propuestas y redacte su propio texto. El presidente de Coninagro, Lucas Magnano, explicó tras la reunión de fines de septiembre que el Gobierno volvería a convocar a productores y semilleros para recibir observaciones antes de avanzar.