Por Redacción
Un análisis de Jorge Vasconcelos alerta por los desequilibrios fiscales y el costo del financiamiento, con impacto en el sector exportador argentino.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva abre una nueva etapa política en Brasil, pero también plantea interrogantes sobre la sustentabilidad de su modelo económico. Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, advierte que el crecimiento pierde fuerza, el gasto público presiona sobre las cuentas fiscales y el costo del crédito limita las posibilidades de inversión privada.
El análisis, elaborado por Jorge Vasconcelos, coordinador general de la revista Novedades Económicas, pone el foco en los desafíos que deberá afrontar el mandatario durante su cuarto mandato. Entre 2021 y 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) brasileño creció a un ritmo promedio del 3,3% anual, pero esa dinámica comenzó a frenarse durante 2026. Sin cambios de política económica, las proyecciones de consenso ubican el crecimiento de 2027 en torno al 1,3%.
Para el Ieral, la desaceleración es una de las señales de agotamiento de un esquema basado en la expansión del gasto público. Según el informe, ese proceso contribuyó a llevar las tasas de interés a niveles prohibitivos para el sector privado y alimentó un círculo de desequilibrios fiscales. Cuando se incluye el costo financiero de la deuda, el déficit alcanza el 9,4% del PIB.
Un cuarto mandato con poco margen
El resultado electoral no despeja las dudas sobre la capacidad de Lula para impulsar reformas. Aunque logró revertir la tendencia entre la primera y la segunda vuelta, el informe advierte que su nuevo gobierno deberá negociar con un Congreso en el que el centro y la derecha tienen un peso determinante, especialmente entre las regiones más dinámicas de Brasil.
La presión tributaria, el exceso de regulaciones y el costo del financiamiento aparecen entre las principales demandas de esos sectores. Para Vasconcelos, el desafío será conciliar esa agenda con las prioridades del oficialismo y conseguir acuerdos que permitan avanzar sobre los problemas estructurales de la economía.
La situación fiscal ocupa un lugar central en ese diagnóstico. El informe advierte que, si se mantienen las reglas actuales de actualización de las principales partidas presupuestarias, el déficit primario del sector público podría pasar del 0,5% al 3% del PIB en un plazo de diez años, según un estudio del Centro de Debate de Políticas Públicas.
A esto se suma el estancamiento de la productividad durante los últimos cinco años. El mercado laboral tiene cada vez menos capacidad ociosa, con una tasa de desempleo que bajó del 9,5% en 2022 al 5,5% en los últimos registros. Al mismo tiempo, el consumo impulsado por el crédito empieza a mostrar límites.
La carga financiera de la deuda de los hogares ya equivale al 30% de sus ingresos y la mora llega al 8% en ese segmento de préstamos. El gasto público, por su parte, se concentró principalmente en erogaciones corrientes, con una participación reducida de la inversión, otro de los factores que explican el estancamiento de la productividad.
La deuda y las tasas, bajo la lupa
El informe advierte que, sin acuerdos políticos para desacelerar el gasto público y recuperar credibilidad fiscal, la deuda podría alcanzar el equivalente al 105% del PIB hacia 2030 si se mantienen las actuales tasas de interés. Esa trayectoria tendría consecuencias sobre los proyectos de inversión del sector privado.
Para estabilizar la deuda en torno al 80% del PIB en el mediano y largo plazo, el Centro de Debate de Políticas Públicas plantea combinar una reducción del costo financiero de los pasivos con una mejora sustancial del resultado primario. El ajuste del gasto debería alcanzar una magnitud cercana a los tres puntos del PIB, en un proceso de varios años.
Entre las medidas que podrían contribuir a ese objetivo aparecen cambios en los mecanismos de actualización del salario mínimo y las jubilaciones, modificaciones en la asignación de partidas presupuestarias, una reducción de los beneficios fiscales de la Zona Franca de Manaos y una nueva reforma previsional.
Sin embargo, el propio informe reconoce que se trata de iniciativas políticamente complejas. Las tensiones que dejó la campaña electoral podrían dificultar un acuerdo amplio en el Congreso y derivar en negociaciones puntuales, menos favorables para encarar reformas estructurales.
En paralelo, el Gobierno podría recurrir a una mayor emisión de bonos en los mercados internacionales para aliviar la presión de los vencimientos de deuda doméstica. Brasil tiene una deuda externa equivalente al 10% del PIB y un riesgo país relativamente bajo, dos condiciones que le permitirían buscar financiamiento en el exterior. De todos modos, el Ieral advierte que esa estrategia funcionaría como un paliativo y no impediría que la deuda total continúe creciendo en relación con el tamaño de la economía.
Qué puede pasar con Argentina
El escenario brasileño también tiene implicancias para Argentina. Mientras se define el rumbo económico del nuevo mandato, el informe no espera una reversión rápida de la reciente devaluación del real ni una recuperación inmediata de las cotizaciones bursátiles. Tampoco prevé que las tasas de interés puedan comenzar a bajar en el corto plazo.
El impacto se transmitiría por dos vías, la financiera y la actividad real. Un real más barato en términos de pesos representa una desventaja para las industrias manufactureras argentinas y los servicios turísticos, que deben competir con un destino brasileño relativamente más económico.
Además, una desaceleración adicional de la economía del principal socio comercial de Argentina podría afectar el desempeño exportador de distintas provincias. El informe identifica especialmente a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán y Córdoba, donde entre el 17% y el 27% de las exportaciones tienen a Brasil como destino, según las estimaciones de Jorge Day, investigador del Ieral.
En ese contexto, la evolución de la economía brasileña será una variable relevante para las empresas argentinas que dependen de ese mercado. La capacidad de Lula para recomponer las cuentas públicas, moderar el costo del crédito y recuperar el dinamismo de la inversión será determinante no solo para el rumbo de Brasil, sino también para sus socios comerciales de la región.
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