Fuerte rechazo del sector bursátil a la reforma fiscal de las SGR

El sistema bursátil argentino salió a expresar un enérgico rechazo a la modificación del régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), una medida aprobada por el Congreso Nacional el pasado 10 de julio. Según advierten, el cambio representa “una amenaza directa al financiamiento PyME y al empleo formal”.

En un comunicado conjunto firmado por las principales bolsas de comercio del país y entidades del mercado de capitales —entre ellas el Mercado Argentino de Valores, BYMA y las Bolsas de Comercio de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, entre otras—, los firmantes aseguran que la decisión legislativa constituye “un golpe directo a uno de los instrumentos más eficientes y federales” con los que cuentan las pequeñas y medianas empresas para acceder al crédito, tanto bancario como bursátil.

Las SGR han asistido a más de 100.000 micro, pequeñas y medianas empresas en todas las provincias del país, facilitando más de 3,8 billones de pesos en crédito productivo y sosteniendo más de medio millón de empleos formales, según datos del sector.

“Este cambio, realizado sin debate ni consultas, aniquila un sistema virtuoso de financiamiento y desarma un esquema público-privado de muchos años que ha demostrado eficiencia y compromiso patrimonial”, advierte el documento difundido este 12 de julio.

La reforma fue objetada también por su impacto recaudatorio, que según los firmantes es prácticamente irrelevante frente al perjuicio económico general: el “costo fiscal” que se busca corregir equivale a apenas el 0,02% del PBI, argumentan.

“El crédito productivo representa solo el 11% del PBI argentino, una cifra muy baja en comparación con los países con los que competimos. Sin las SGR, ese ratio sería aún menor”, señala el texto. Las entidades sostienen que el sistema de garantías es una herramienta clave para canalizar recursos hacia el sector PyME, permitiendo inversiones y la formalización del empleo.

Por último, advierten que la medida implica “un serio retroceso en materia de financiamiento productivo” y exhortan a que la situación sea revertida “antes de que se generen daños irreparables en un gran sector de las pequeñas y medianas empresas argentinas”.