El Gobierno reeditó la cláusula “anti-China” en una obra eléctrica clave

El Gobierno volvió a imponer una restricción a empresas controladas por Estados extranjeros en una licitación estratégica. La Secretaría de Energía publicó el pliego de Amba I, una obra destinada a ampliar la capacidad de transporte eléctrico en el área metropolitana, y estableció que ese tipo de compañías no pueden presentarse como oferentes ni integrar un consorcio oferente.

El proyecto contempla unos 270 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión y demandará una inversión estimada en u$s800 M. La infraestructura permitirá sumar alrededor de 2.000 MW de capacidad en una región que concentra cerca del 40% de la demanda eléctrica del país.

Según publicó La Nación, la condición reprodujo el esquema que ya había aparecido en la licitación de la Hidrovía de 2024 y posteriormente en las concesiones viales. La decisión volvió a poner el foco sobre las compañías de China, en momentos en que el país quedó atravesado por la disputa de influencia entre ese país y Estados Unidos.

Además de la restricción sobre el control estatal extranjero, el pliego incorporó otro requisito: tampoco pueden participar firmas cuyos accionistas o directores estén procesados por delitos contra la administración pública.

Un filtro que excede a China

Aunque las compañías chinas aparecen entre las principales afectadas por la disposición debido a la participación estatal que caracteriza a buena parte de sus grandes grupos, el alcance de la cláusula es más amplio.

Una de las firmas que quedaría imposibilitada de asumir el papel de contratista principal es Powerchina, que desarrolla en Argentina cinco parques eólicos y cuatro solares, con inversiones por alrededor de u$s1.000 M. La restricción también podría alcanzar a la italiana Enel, controlada por el Estado de ese país.

El pliego, de todos modos, no cierra completamente la puerta a estas compañías. La prohibición alcanza al rol de oferente, contratista principal u operador, pero no impide que intervengan como subcontratistas.

La Nación también señaló que el nuevo capítulo se produjo pocos días después de que Calf, una distribuidora eléctrica neuquina, denunciara presiones de la embajada estadounidense para frenar un acuerdo con Huawei. El episodio generó además una respuesta de la representación diplomática china en Buenos Aires.

La obra detrás de la licitación

Amba I apunta a resolver uno de los principales cuellos de botella del sistema energético argentino: la limitada expansión de la red de transporte eléctrico.

Durante la última década, el consumo residencial aumentó alrededor de 20%, mientras que la red de alta tensión creció cerca de 8%. Esa diferencia limitó la capacidad del sistema y también condicionó nuevos proyectos mineros, renovables y de hidrocarburos que necesitan transportar la energía generada.

La iniciativa incorpora líneas de 500 kV, 220 kV y 132 kV y forma parte de un programa más amplio de infraestructura eléctrica.

Un esquema para atraer inversiones

El financiamiento aparece como otro de los desafíos de la licitación. El esquema prevé un aporte inicial no reembolsable de Cammesa por u$s110 M, mecanismos de recuperación de la inversión por hitos de obra y una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), todavía en estructuración, por alrededor de u$s200 M.

Los adjudicatarios también podrán recurrir al Rigi. El contrato fue estructurado bajo estándares de project finance del BID e incorporó instrumentos como arbitrajes en el exterior.

El cronograma prevé abrir el primer sobre hacia diciembre, adjudicar la obra durante 2027 y ponerla en funcionamiento hacia fines de 2030.

Amba I será además la primera prueba de un paquete de 16 proyectos de transporte eléctrico que, en conjunto, demandarán inversiones superiores a u$s6.600 M. Su resultado marcará así el punto de partida para las próximas licitaciones de infraestructura energética.