Los detectaron en un rastrillaje del Colegio de Corredores de Rosario. Hacían alquileres y compraventas. Llevarán pruebas a la Justicia.
Un nuevo rastrillaje territorial del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) detectó a 30 personas operando en presunta situación irregular en las zonas de San Lorenzo y Venado Tuerto. La entidad informó que los involucrados fueron intimados a regularizar su situación o cesar la actividad, mientras el Departamento de Fiscalización avanza con la preservación de las pruebas para llevar los casos a la Justicia.
María Cristina Peracchia, presidenta de Cocir y nexo del área de Fiscalización, explicó que tanto San Lorenzo como Venado Tuerto cuentan con ordenanzas que exigen matrícula habilitante para abrir una inmobiliaria. El control municipal, sin embargo, no alcanza a quienes trabajan desde oficinas privadas y sin locales que den a la calle. “Alquilan una oficina que no es a la calle. Entonces, como no te tenés que habilitar, funcionan en oficinas y la municipalidad no los ubica”, dijo en diálogo con Punto biz.
Los operadores relevados realizaban alquileres y compraventas y, según Peracchia, algunos llevaban tiempo trabajando de esa manera. “Son comerciantes que en vez de abrir un kiosco abren una inmobiliaria”, sostuvo. La titular del Colegio advirtió que, al no contar con formación técnica, pueden realizar tasaciones alejadas de los valores de mercado y afectar el patrimonio de propietarios o compradores. También remarcó que la tasación y la intermediación son actividades reservadas a corredores inmobiliarios habilitados.
Una parte central del operativo se apoyó en información aportada por los propios matriculados de la zona, que señalaron casos para que fueran investigados. A partir de esos datos, el equipo de fiscalización fotografió cartelería y rastreó publicaciones, páginas web y redes sociales en las que los involucrados se promocionaban para operar en el mercado. El procedimiento ya había sido utilizado en Totoras, donde un caso que no se regularizó terminó con una denuncia penal radicada en Cañada de Gómez.
Ahora, Cocir trabaja con una profesional en informática para asegurar la prueba digital antes de presentarla ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). “Nosotros no hacemos nada más que detectar, asegurar la prueba y llevarlo a la Justicia”, explicó Peracchia. La entidad mantiene un canal directo con el organismo para este tipo de expedientes y la presidenta señaló que las próximas denuncias serán tomadas por el fiscal Hugo Iván Enríquez, lo que permitirá continuar el trámite una vez que quede preservado el material reunido.
El antecedente inmediato son las 18 denuncias impulsadas contra operadores de Rosario durante la gestión anterior. Según Peracchia, las actuaciones tuvieron resultados favorables para el Colegio: hubo personas que debieron cesar la intermediación y eliminar publicaciones en redes, mientras que otras que tenían formación universitaria pero no estaban habilitadas iniciaron su matriculación. La Ley Provincial N.º 13.154 prohíbe el ejercicio habitual del corretaje a personas no matriculadas y el Colegio encuadra las denuncias penales en el artículo 247 del Código Penal. Frente a una compra, venta, alquiler o entrega de dinero, la recomendación es consultar previamente el Padrón de Matriculados de Cocir y comprobar que los datos del corredor coincidan con los registrados oficialmente.
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