Condiciones para la sostenibilidad de la deuda soberana argentina

En la práctica internacional, la gestión de deuda pública se apoya en el refinanciamiento sistemático de las amortizaciones, limitándose al pago de intereses para preservar la solvencia intertemporal del Estado bajo el principio de tax smoothing. Este enfoque busca evitar superávits primarios excesivos y procíclicos, que podrían profundizar las fases recesivas del ciclo. Las tesorerías modernas priorizan una estructura escalonada de vencimientos, colocaciones por adelantado y operaciones de manejo de pasivos destinadas a estabilizar la razón deuda/PIB y a reducir el riesgo de refinanciación.

En contraste, el caso argentino muestra una restricción estructural de acceso a los mercados de capitales. La reiteración de episodios de incumplimiento —desde la crisis Baring hasta las reestructuraciones de 2005, 2010 y 2020— mantiene una prima de riesgo elevada y un historial crediticio que desalienta la participación de inversores institucionales. Aunque los fundamentos macroeconómicos han mejorado, con superávit primario, menor inflación y cierta normalización monetaria, la percepción de riesgo sigue reflejando la fragilidad política e instituciónal.

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Durante 2024, el riesgo país descendió desde niveles cercanos a los 1.900 puntos básicos hasta alrededor de 560 pb en enero de 2025, impulsado por la consolidación fiscal, la mejora externa y la recomposición parcial de reservas. Sin embargo, la tendencia se interrumpió en el primer semestre de 2025, estabilizándose cerca de 700 pb, más del doble del promedio regional. Este diferencial refleja tanto los factores macroeconómicos como la incertidumbre política y las limitaciones estructurales en la acumulación de reservas internacionales.

La imposibilidad de refinanciar vencimientos en moneda extranjera obliga al Tesoro a generar divisas mediante superávit primario o compras al Banco Central, trasladando la presión al mercado cambiario. En este contexto, el nivel de reservas se vuelve un determinante esencial del riesgo soberano. La evidencia empírica confirma la existencia de una relación negativa entre reservas y spreads soberanos: los países con ratios reservas/PIB o reservas/ARA (métrica del FMI) más altos enfrentan costos de financiamiento significativamente menores. En el caso argentino, las reservas equivalen al 5,7% del PIB, frente a un promedio regional de 14,4%, lo que sitúa al país entre los más vulnerables junto a Bolivia y Ecuador. Para alcanzar un ratio similar al promedio regional, sería necesario acumular entre 40.000 y 60.000 millones de dólares adicionales, dependiendo del régimen cambiario.

La insuficiencia de reservas también tiene implicancias macrofinancieras. La percepción de escasez de activos líquidos internacionales limita la efectividad de la tasa de interés para sostener la demanda de pesos y amplifica la sensibilidad del tipo de cambio ante shocks políticos o electorales. La experiencia reciente mostró que, en un entorno de elevada dolarización de portafolios, la incertidumbre política puede traducirse rápidamente en presiones cambiarias, pérdida de reservas y aumento del riesgo país, generando un círculo vicioso difícil de revertir sin señales claras de coordinación macroeconómica y política.

Por lo tanto, la sostenibilidad de la deuda soberana argentina no depende exclusivamente de la disciplina fiscal, sino de la capacidad de construir un marco institucional creíble que reduzca la prima de riesgo. Un consenso político amplio, orientado a la estabilidad y a las reformas estructurales, podría facilitar la convergencia del riesgo país hacia los niveles de la región, habilitando el acceso voluntario a los mercados y reduciendo la necesidad de financiamiento vía reservas. En cambio, un escenario de fragmentación política y elevada incertidumbre podría forzar al ajuste por tipo de cambio, con implicancias negativas sobre la inflación y el crecimiento.

En síntesis, la normalización del acceso al crédito internacional requiere una doble ancla: macroeconómica y política. La primera, asociada a la consistencia del programa fiscal, monetario y externo; la segunda, al fortalecimiento institucional y a la previsibilidad en la toma de decisiones. Solo la combinación de ambas permitirá estabilizar las expectativas, acumular reservas en forma sostenida y reinsertar a Argentina en los circuitos de financiamiento internacional bajo condiciones compatibles con la estabilidad de largo plazo.