La mini reforma laboral de Pullaro se pasó para febrero

Los proyectos de leyes provinciales que promueven reducir los costos de los peritajes en juicios laborales finalmente no serán tratados durante el período de sesiones extraordinarias y el tema se pospuso para febrero. Las iniciativas impulsadas por un sector del radicalismo son resistidas por el socialismo y algunos sectores de la oposición.

Las propuestas fueron presentadas por los diputados Martín Rosúa y José Corral, ambos miembros del partido radical. Según sus impulsores, el objetivo principal de las mismas radica en bajar la litigiosidad laboral, impulsada por la denominada “industria del juicio”. Las leyes se dieron a conocer en tándem por los legisladores y contaron con el apoyo de la Red de Entidades Vinculadas a la Producción. 

Desde el radicalismo aducen que el socialismo, disconforme con la iniciativa, decidió ponerle un freno a la sanción de la norma. Aunque los boinas blancas esperaban que la inclusión de los temas en el temario habilitado para ser considerado en el período de sesiones extraordinarias, remitido por el Ejecutivo, ejerciera presión sobre el PS, estos no se movieron de su postura.

Según fuentes de la UCR, el planteo de sus socios de alianza radica en que el tema debe ser abordado integralmente y se debe contemplar la opinión de las organizaciones que representan a los peritos. Ante la consulta de este medio por el par de leyes, desde el socialismo prefirieron no hacer declaraciones.

El oficialismo agrupado en Unidos Para Cambiar Santa Fe tiene el dominio de las dos Cámaras del Poder Legislativo provincial. Si bien en Senadores la mayoría automática de Unidos es propiedad exclusiva del radicalismo, en Diputados el partido de la rosa ostenta la primera minoría, por lo que el acuerdo interno resulta indispensable para la aprobación de cualquier norma.

Según José Corral, impulsor de una de las dos iniciativas legislativas, “las alícuotas de las ART en Santa Fe son un 15% más caras que en Córdoba y un 50% más que a nivel nacional, encareciendo el costo de la producción en el territorio provincial y esta situación desincentiva, a la vez, el trabajo registrado”.

El diputado también mencionó a Punto Biz datos sobre la litigiosidad laboral en la provincia. “Hay aproximadamente 142 juicios laborales por cada 10.000 trabajadores, esta cifra duplica la media nacional”.

Las nuevas normativas propuestas por los diputados radicales incluirían una serie de cambios en la legislación laboral que equiparen el costo laboral de las empresas santafesinas con las del resto del país. Los textos plantean que los honorarios de los peritos que tienen actuación en los juicios ya no queden “enganchados” a la sentencia final mediante un porcentaje del monto dictaminado por la justicia. Actualmente, estos perciben un monto que puede representar hasta un 30% de la sentencia, lo cual podría alterar la imparcialidad de la parte mediadora.

Los textos también proponen aumentar la celeridad procesal achicando el plazo permitido para presentar reclamos en sede judicial. Actualmente, el tiempo límite es de dos años. La iniciativa propone reducirlo a 45 días.

Otro de los puntos que plantea el par de leyes es el de incorporar la actuación de los peritos del Cuerpo Médico Forense, quienes no percibirían un haber adicional por tratarse de empleados a sueldo del Poder Judicial, como regla general e incorporar a terceros solo de ser necesario. Este cuerpo aún está en proceso de formación y no están determinados ni su alcance ni su composición.

Legisladores del peronismo comentaron a este medio que, pese a que el tema no fue sometido a debate interno, la evaluación de su espacio sobre la problemática de los juicios laborales pasa por otro lado. Para Juan Manuel Pusineri, Ministro de Trabajo durante la gestión de Omar Perotti, el problema de fondo es la diferencia de criterios entre las evaluaciones que se realizan en sede judicial y las que llevan adelante las Comisiones Médicas.

El diputado considera que la mayor parte de los juicios laborales se realizan por enfermedades que las comisiones médicas no reconocen como tales, sino que se las califican como inculpables o no se reconoce incapacidad derivada. En cambio, en el ámbito de la justicia, si se le reconoce al trabajador el daño ocasionado durante sus tareas laborales, dada la jurisprudencia al respecto. Este es, según Pusineri, el enfoque que debería tener la problemática ya que en los casos de accidentes laborales suele haber acuerdo entre las partes y no se produce la judicialización.