¿Garantiza el “pacto de mayo” un equilibrio fiscal sostenible?

El énfasis del Gobierno en el equilibrio fiscal como uno de sus principales objetivos ha sido evidente desde el inicio de su mandato, y esto se reafirmó con el anuncio de la intención de firmar el pacto de mayo durante el discurso presidencial en la apertura de sesiones.

Este enfoque en la búsqueda del equilibrio fiscal ha dado resultados concretos, como se evidencia en el superávit financiero alcanzado en enero, que ascendió a $518.408 millones, equivalente al 0,2% del Producto Interno Bruto (PBI). Este superávit financiero positivo fue el resultado de un superávit primario superior a $2 billones y del pago de intereses de la deuda pública, que ascendió a casi $1,5 billones.

El superávit primario, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno excluyendo el pago de intereses de la deuda, es un indicador clave de la salud fiscal de una nación. Al lograr un superávit primario tan sustancial, el gobierno demuestra su compromiso con la disciplina fiscal y la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

El pago de intereses de la deuda pública también es un componente importante del equilibrio fiscal, ya que representa una obligación financiera del gobierno. Gestionar esta carga de manera efectiva es fundamental para garantizar que el servicio de la deuda no desestabilice las finanzas públicas y comprometa la capacidad del gobierno para financiar otras áreas prioritarias, como la inversión en infraestructura y el gasto social.

Sin embargo, este logro no está exento de controversia. Este inusual resultado fiscal se justifica mediante la prácticamente nula variación real de los ingresos, pero con una fuerte caída de los gastos, representando el mayor recorte real interanual del gasto de los últimos 30 años.

Desde el lado de los ingresos, la variación real interanual fue del 0,7%, es decir, levemente positiva, sustentada principalmente en los derechos de exportación (con un incremento interanual del 90,4%) y el impuesto PAIS, como resultado de una mayor alícuota y la devaluación. Este impuesto, cuya vigencia está en duda y debería desaparecer ante una posible unificación, ha crecido un 281% real en el mes, lo que plantea interrogantes sobre su impacto en la competitividad de la economía.

En lo que respecta a los gastos, se observó una caída del 39,4% en términos reales respecto al año anterior, marcando la mayor contracción interanual de las últimas tres décadas. Este fenómeno se basó en fuertes recortes reales en las erogaciones destinadas a las prestaciones sociales, siendo las jubilaciones el principal componente de recorte, con una disminución del 32,8% interanual.

También se destaca la reducción de los subsidios económicos, que experimentaron un recorte del 64% interanual, justificado principalmente en el rubro de Energía, junto con una disminución de salarios del 27,2% interanual. Es decir, entre jubilaciones, subsidios a la energía y salarios, que representan el 9,6% del total del recorte al gasto, se explica el 56% de la reducción total.

En resumen, el recorte del gasto se llevó a cabo principalmente mediante la licuación de partidas, en un contexto de inflación que superó el 250%. Este enfoque fue fundamental para alcanzar los resultados positivos en materia fiscal tan esperados. Sin embargo, esto significa que la viabilidad del superávit fiscal depende en gran medida de la inflación, lo que plantea serias dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo.

Los datos de las cuentas públicas de febrero ya muestran que los resultados excepcionales obtenidos por el gobierno en enero probablemente no puedan mantenerse en los meses siguientes. Según cifras del sitio oficial del Presupuesto Abierto, en febrero se habría registrado un déficit financiero de $294.444 millones, aunque es importante tener en cuenta que estos datos se refieren al gasto devengado, es decir, no necesariamente se han pagado todos los
compromisos mencionados.

Además, la señal más clara de la insostenibilidad es que la estrategia actual requiere de una alta inflación para continuar reduciendo el gasto público. Esto plantea desafíos significativos en términos de estabilidad económica y fiscal a largo plazo, y sugiere la necesidad de reconsiderar la política fiscal y sus efectos sobre la inflación y la sostenibilidad fiscal.

El desequilibrio fiscal a lo largo de los años

Durante los últimos 60 años, solo se registraron 6 años de superávit fiscal entre 2003 y 2011. Sin embargo, este superávit no fue el resultado de unas cuentas públicas saludables, sino que se atribuyó a una serie de factores coyunturales que desaparecieron rápidamente:

- Contexto internacional favorable: Durante esos años, la economía global experimentó un período de crecimiento y estabilidad, con precios internacionales históricamente elevados, lo que benefició al país al aumentar los ingresos fiscales debido al incremento de las exportaciones.

- Contabilidad pública: No se registraron como gastos los intereses devengados por la deuda en default. Es decir, los intereses acumulados no se reconocieron como gastos en las cuentas públicas.

- Litigios de jubilados: Cientos de juicios de jubilados agraviados que no vieron respetada la movilidad de sus haberes crearon presiones financieras adicionales en el sistema previsional argentino.

- Traspaso de las AFJP al Estado: En 2008, el gobierno eliminó las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y transfirió los fondos acumulados por los afiliados al sistema estatal de reparto, generando una fuente de financiamiento extraordinaria que fue computada como ingreso.

- Licuación del gasto público: Todo esto ocurrió en un contexto de fuerte reducción del gasto público debido a la mega-devaluación de 2002 y la cesación de pagos de la deuda pública.

Dado que el equilibrio fiscal no era genuino y los términos de intercambio favorables no fueron aprovechados adecuadamente, las cuentas públicas volvieron rápidamente a estar en rojo en 2012.

Esto marcó el comienzo de otra década de desequilibrios fiscales que persisten hasta el día de hoy, caracterizados por un gasto consistentemente superior a los ingresos. El notable aumento en la emisión monetaria en los últimos años es directamente atribuible a este descalabro fiscal.

Hasta la fecha actual, la búsqueda de un equilibrio fiscal sostenible sigue siendo un gran desafío para alcanzar la estabilidad macroeconómica. Especialmente, se hace necesario para reducir la inflación a un solo dígito anual.

¿Cómo lograr un equilibrio sostenible en las cuentas públicas?

El desafío va más allá de simplemente lograr un déficit fiscal cero. Enfocarse únicamente en alcanzar el equilibrio financiero sin considerar la calidad de los impuestos y la asignación del gasto público refleja una tendencia hacia el ajuste que ha demostrado ser insuficiente en la historia argentina. Se requieren transformaciones de mayor envergadura en el Estado. Esto implica alcanzar una solidez financiera y de gestión a través de una reforma integral del Estado. Esto incluye la necesidad de cambios disruptivos en varios frentes:

1. Reorganización previsional: Garantizar la sustentabilidad y equidad del sistema previsional mediante reformas que aseguren su viabilidad a largo plazo.

2. Ordenamiento funcional: Eliminar la burocracia y gastos redundantes en la estructura del Estado para mejorar la eficiencia y la gestión.

3. Simplificación y unificación del sistema tributario: Reformar el sistema impositivo para hacerlo más simple, equitativo y eficiente, eliminando la complejidad y las distorsiones que existen actualmente.

4. Redistribución de ingresos públicos: Garantizar una distribución equitativa de los ingresos públicos, respetando la correspondencia fiscal y revisando el esquema actual de coparticipación para mejorar la asignación de recursos.

Estos cambios son necesarios para promover una transformación profunda en el Estado argentino, asegurando una gestión más eficiente y transparente, así como una distribución más equitativa de los recursos públicos.

Las reformas estructurales son fundamentales para asegurar la sostenibilidad del saneamiento de las cuentas públicas. A medida que la inflación tienda a normalizarse, es probable que ciertas partidas vuelvan a sus niveles originales en términos de cuentas públicas, lo que podría comprometer nuevamente la estabilidad fiscal.

Es importante no caer en la ilusión de que simplemente licuar gastos es suficiente, ya que esto requiere convivir indefectiblemente con una mayor inflación. Aunque el recorte real de gastos ha sido significativo en comparación con los últimos 30 años, una reforma estructural es necesaria para brindar solidez a la convergencia fiscal y evitar depender únicamente de la licuación.

En la actualidad, la inflación puede estar jugando a favor en términos de ajuste fiscal, pero la variable social también será determinante en cuanto a cuánto tiempo podrá sostenerse este enfoque para mejorar las finanzas públicas. La caída del gasto real en jubilaciones es un claro ejemplo de esto.

Es importante comprender que licuar gastos no equivale a sanear las cuentas públicas. Para garantizar el crecimiento a mediano y largo plazo, Argentina necesita implementar reformas estructurales profundas y sostenibles.