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Agro

Cómo quedó formado

El Gobierno oficializó parte del nuevo Consejo Directivo del Inta

El Gobierno oficializó parte del nuevo Consejo Directivo del Inta

Por Redacción

A través del Decreto 786/2025, Milei y Caputo oficializaron la designación del nuevo Consejo Directivo.

Tras casi tres meses de idas y vueltas judiciales y políticas, el Gobierno oficializó la designación de cinco nuevos vocales en el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta). Los nombramientos, con vigencia retroactiva al 3 de septiembre, buscan poner fin a la parálisis institucional del organismo, aunque la mesa directiva sigue incompleta.

A través del Decreto 786/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, se realizaron cinco de las siete designaciones que buscan “recuperar la gobernanza” del instituto autárquico, un término que, fue el eje central de la discusión entre el Gobierno y la Mesa de Enlace tras una profunda crisis institucional.

Este jueves, fueron nombrados Gustavo Tettamanti, representante de Federación Agraria Argentina (FAA); Juan Manuel Bautista por la Sociedad Rural Argentina (SRA); Jorge Dutto por la Asociación Universitaria De Educación Agropecuaria Superior (Audeas) en representación por la Facultad de Agronomía; Martín Tuculet, por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), y Juan Patricio Hutak, por Coninagro, todos por un período de cuatro años.

En tanto, en septiembre pasado, Nicolás Bronzovich fue designado como presidente del Inta, y Carlos Alberto Antonio Vera, médico veterinario, como vicepresidente.

Pese a estos cinco nombramientos clave, el Consejo Directivo del Intaaún no puede sesionar con su quórum completo. Faltan dos definiciones cruciales para terminar de conformar el cuerpo colegiado que establece la ley de creación del instituto. La vacante más sensible corresponde a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Según fuentes cercanas a la entidad, la demora es meramente institucional y no responde a un conflicto con el Gobierno. Se espera que el consejo de CRA realice la votación interna para definir a su representante la próxima semana. Una vez que el nombre esté consensuado, será elevado formalmente al Inta para su posterior oficialización mediante un nuevo decreto.

Además del representante de CRA, tampoco se ha oficializado la designación del vocal correspondiente a la Facultad de Veterinaria de las universidades nacionales, la otra pata académica del Consejo Directivo.

“Que las personas propuestas reúnen las condiciones necesarias para cumplir eficientemente con las responsabilidades y funciones de los cargos vacantes de Vocales del Consejo Directivo del Inta”, cita el decreto.

Vale recordar que el Gobierno impulsó a mediados de este año, mediante el Decreto 462/2025, una profunda reforma que eliminaba su autarquía y pasaba a ser un organismo “desconcentrado”, dependiente de la Secretaría de Agricultura. De esta forma, se disolvía el Consejo Directivo. Con este avance, el gobierno centralizaba todas las decisiones en un presidente designado por el Ejecutivo, en este caso, Bronzovich.

Según La Nación, el objetivo del Gobierno era achicar la estructura del Estado, por ende, sus gastos. Entre las medidas adoptadas, se decidió una reducción de cargos gerenciales y coordinaciones, que representaban un “ahorro” de $1400 M para el organismo, equivalente a la baja de 115 agentes. El presupuesto 2025 del Inta fue de $223.000 M.

El rechazo a la reestructuración escaló hasta el punto que, tras un revés legislativo y judicial que frenó la “reforma”, el Gobierno debió dar marcha atrás y restituir el funcionamiento del Consejo Directivo, junto a todos los cambios propuestos.

Ahora, las designaciones despejan la incertidumbre generada en el sector agropecuario tras el fallido plan, que incluso impulsó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Para el sector agropecuario, el objetivo de ahora en adelante es volver a poner en funcionamiento un organismo que estuvo “casi paralizado” durante meses, con dificultades presupuestarias y sin poder ejecutar trabajos de investigación y extensión a lo largo de este tiempo.

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