El dueño de la distribuidora Tyna, Gabriel Romera, se mostró a favor de la iniciativa del Concejo que plantea la creación de un registro de técnicos instaladores de alarmas pero mientras tanto tomó medidas en el asunto: tras el robo sufrido en febrero en su comercio de zona sudoeste (perpetrados por gente que manejaba datos del sistema de seguridad) decidió suspender el contrato con las dos empresas de alarmas que le prestaban servicio y planteó que debe exigirse a las empresas de seguridad que realicen una auditoría periódica “para asegurarse que todos los elementos de seguridad funcionen”.
En el marco de la propuesta impulsada por el concejal del Pro Roy López Molina de crear un registro técnico de instaladores de alarmas, el empresario titular de la distribuidora de galletitas aseguró que existe una falencia municipal al no controlar “como se debe” a las compañías de seguridad, al tiempo que entendió que estos organismos aumentaron el número de clientes y la respuesta a las demandas no se pueden canalizar por completo. “La habilitación es precaria”, sostuvo Romera.
El pasado 11 de febrero, un grupo de delincuentes ingresaron a la distribuidora Tyna de Presidente Perón al 6900, desmontaron el sistema de alarmas, destruyeron una caja fuerte de 2.500 kilos y se apoderaron de 600.000 pesos. El hecho se investigó en la comisaría 32º y tras un allanamiento fueron detenidas tres personas.
Algo similar ocurrió el pasado fin de semana largo en uno de los locales de la empresa de electrodomésticos Calatayud, ubicado en San Martin al 2100. Al igual que en el caso de Tyna, los delincuentes desactivaron el sistema de alarmas y se hicieron de un motín de más de $ 400.000, 75.000 de ellos en efectivo y el resto en artículos electrónicos.
Ante la sospecha de que en ambos robos los delincuentes manejaban datos acerca del sistema de alarma de los comercios, el concejal por el Pro, Roy López Molina, propuso la creación de un registro municipal de técnicos instaladores de sistemas de monitoreo y alarma electrónica, con el objetivo de brindar garantías y dar un marco regulatorio a los negocios prestadores de servicios de seguridad.
