El paquete de la reforma constitucional incluye la autonomía municipal. ¿Deberían todas las ciudades jugar con las mismas reglas?
La reforma constitucional -que comenzó a debatirse el pasado lunes 14 de julio en Santa Fe- promete habilitar finalmente la autonomía de los municipios, una deuda institucional que arrastra la provincia desde hace décadas. Pero mientras el debate avanza hacia una solución general, en Rosario empieza a sonar una advertencia clara: no da lo mismo Rafaela que Rosario. Tampoco Venado Tuerto, ni Reconquista. Incluso la propia ciudad de Santa Fe, con todo su valor institucional, juega en una escala distinta.
La autonomía municipal es un derecho garantizado por el artículo 123 de la Constitución Nacional. Pero ese piso común no puede esconder una realidad evidente: Rosario juega en otra liga. Con 2 millones de habitantes en su área metropolitana según el último censo, es la segunda aglomeración urbana del país, centro logístico, industrial y educativo fuera de Buenos Aires. Su peso económico, político y social no admite comparaciones fáciles con ciudades de 100.000 o 50.000 habitantes. Datos que deberán ponerse sobre la mesa en la comisión de autonomía de la Convención Constituyente, pero también en la audiencia pública que tendrá lugar en el Concejo Municipal de Rosario el próximo viernes 25 de julio.
Por eso, si bien es legítimo que todas las ciudades santafesinas accedan al derecho a la autonomía, Rosario necesita un régimen especial. Uno que le permita no solo dictar su Carta Orgánica, sino también asumir competencias plenas en materia de transporte, seguridad, planificación urbana, infraestructura y gestión tributaria. Sin tener que esperar el visto bueno del gobierno provincial o compartir normas pensadas para menores escalas .
La cuestión no es discriminatoria, sino de eficiencia institucional y sentido común. Salvando las distancias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) en el escenario nacional es un ejemplo claro: autonomía plena, constitución propia y rango especial. Lo mismo debería poder discutirse para Rosario, aunque siga dentro de Santa Fe con la “autonomía parcial” que se plantea. No por capricho, sino por necesidad. Córdoba, ciudad similar en términos de escala, es capital provincial. No entra en el debate.
¿Quieren datos? Rosario, con su área metropolitana, duplica en población a diez provincias argentinas —desde Salta hasta Formosa—; triplica a San Luis y cuadruplica con holgura a Tierra del Fuego. Una concentración urbana y demográfica de esta magnitud, sin ser capital provincial, no tiene paralelo en el país y exige un régimen de autonomía acorde a su escala y complejidad.
Vale destacar ese hecho singular que hace más urgente este debate: Rosario no es capital provincial. Una rareza absoluta en el mapa institucional argentino. No hay otra ciudad en el país que, sin ser capital, concentre semejante peso demográfico, económico y urbano. Como se planteó, Rosario, por sí sola supera en población y densidad a muchas provincias enteras. Sin embargo, carece de las herramientas de gestión que sí poseen otras jurisdicciones con menor complejidad.
La dimensión metropolitana que adquirió Rosario refuerza aún más esta demanda. Según las propias autoridades del Ente de Coordinación Metropolitana (Ecom), San Nicolás de los Arroyos —en la provincia de Buenos Aires— ya es parte funcional del Área Metropolitana de Rosario (Amro) en el límite sur, hoy reconocido institucionalmente hasta Villa Constitución. Sin embargo, la localidad bonaerense no fue incorporada de manera oficial por cuestiones de jurisdicción. Esto se evidencia en la conectividad interurbana entre ambas ciudades que es cotidiana y dinámica, gracias a una línea de colectivos —la “A” de Azul Sata— que enlazan no sólo Rosario y San Nicolás, sino también las localidades intermedias del Gran Rosario como Villa Gobernador Gálvez, Arroyo Seco, Pueblo Esther, General Lagos o Alvear. En los hechos, ya se conforma un corredor urbano continuo que desafía cualquier límite político-administrativo.
Así, mientras formalmente se considera a Timbúes como el extremo norte del Amro, en la práctica el límite sur ya desbordó las fronteras provinciales. Esta expansión natural obliga a pensar la planificación del territorio con otra lógica, una ciudad-región que necesita autonomía no solo para gestionar sus barrios, sino para coordinar políticas públicas a escala metropolitana y hasta interprovincial. Rosario ya no puede gobernarse como una isla dentro del esquema provincial.
Mientras tanto, ciudades como Rafaela, Venado Tuerto o Reconquista —con estructuras más limitadas— podrían acceder a modelos de autonomía progresiva, escalonada o supervisada. Eso evitaría sobrecargar administraciones locales que quizás no estén preparadas para gestionar de manera plena sus competencias sin el acompañamiento de la Provincia.
El avance de la autonomía municipal es un paso fundamental para democratizar el territorio. Pero debe hacerse con inteligencia política y con conciencia de las diferencias. Porque si el futuro institucional de Rosario queda atado al mismo modelo que el de ciudades mucho más chicas, el riesgo es claro: una autonomía recortada, sin impacto real, atrapada en un molde que le queda chico.
Santa Fe tiene hoy la oportunidad histórica de diseñar un nuevo pacto de gobernanza local. Pero para que eso funcione, debe partir de un principio básico: la equidad no es tratar a todos igual, sino dar a cada uno lo que necesita para desarrollarse. La ciudad de Rosario y su área metropolitana necesitan más autonomía porque su complejidad así lo exige. Ignorarlo sería condenarla a seguir funcionando con reglas pensadas para otra escala, otro tiempo y otra realidad. Hay que pensar siempre a largo plazo, de acá a 50 años, en las generaciones futuras y en lo que será la Rosario de las próximas décadas.
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