Reforma en marcha: cómo sigue el debate constitucional en Santa Fe

Con el escrutinio definitivo de las elecciones del pasado 13 de abril, quedó conformada oficialmente la Convención Reformadora que se encargará de actualizar la Constitución provincial. Serán 69 los convencionales que tendrán en sus manos la tarea, aunque aún restan definir dos cuestiones centrales: la fecha y el lugar donde se desarrollarán las sesiones.

La ley que habilitó la reforma -sancionada en 2024- establece que la Convención debe realizarse en la ciudad de Santa Fe, pero deja en manos del Poder Ejecutivo la convocatoria formal y la elección del espacio físico. En ese marco, el gobernador Maximiliano Pullaro dio este lunes el puntapié inicial a una ronda de consultas con todas las fuerzas políticas representadas en la Convención, con el objetivo de avanzar en esos dos puntos pendientes.

La normativa fija un plazo de hasta un año desde la elección de convencionales para instalar la Convención, por lo que la fecha límite es el 13 de abril de 2026. Una vez iniciadas, las sesiones podrán extenderse por 40 días, con la posibilidad de prorrogarse por otros 20.

Inicialmente, la intención del oficialismo era abrir el proceso reformador en los primeros meses de 2026, evitando así superponer el debate con el calendario electoral nacional. Sin embargo, la suspensión de las Paso para cargos legislativos nacionales -y el corrimiento de las elecciones al 26 de octubre- abrió una ventana inesperada: la posibilidad de que la Convención se realice entre julio y agosto de este año, una vez terminadas las elecciones locales y antes del arranque de la campaña nacional. Como alternativa, sigue en pie la opción de convocarla en febrero o marzo del año próximo.

Pullaro ya adelantó que tomará la decisión antes del 1° de mayo, día en que se inauguran las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial.

Respecto al lugar físico para las sesiones, el recinto de la Cámara de Diputados aparece como la opción más probable. Por un lado, ya funciona como espacio habitual de deliberación política y, por otro, representa una opción “austera” que evitaría gastos adicionales en logística y alquileres, tal como planteó el senador oficialista Felipe Michlig.