Qué es el "silencio positivo" y por qué puede beneficiar a las empresas

El proceso de "silencio positivo" es una de las novedades que incluye el Titulo II de la Ley Bases, establecido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y reglamentado hace unos 20 días. Ahora publicaron en el Boletín Oficial los plazos de implementación: a partir del 1 de noviembre de 2024 será obligatorio para las reparticiones de la Administración Pública Central, incluidos los organismos desconcentrados; mientras que a partir del 1 de diciembre sucederá lo propio para los organismos descentralizados.

¿En qué consiste el silencio positivo y por qué esperan que cambie el vínculo entre los privados y el Estado? En resumen, significa que, a partir de ahora, ante la presentación de una empresa ante el Estado por un trámite, la no respuesta de parte del sector público en un plazo estipulado deberá ser considerada como una autorización automática. Dicho de otra forma, los privados deberán tomar la no respuesta estatal como un "si". 

En la Casa Rosada entienden que esto tendrá un efecto de "mayor transparencia" ya que los funcionarios públicos se verán impedidos "cajonear" las solicitudes de los peticionantes.

Para Sturzenegger, el objetivo es "implementar un mecanismo anti-ñoquis en el empleo público, y cambiar los procedimientos administrativos con procesos anti-coimas". En principio, el Gobierno ahora revisará la totalidad de los procedimientos administrativos de las distintas reparticiones. Una vez detectados aquellos a los que será aplicable el "silencio con sentido positivo", deberá incluirse (en la plataforma correspondiente) "una leyenda que ponga en conocimiento del particular la aplicación" del mismo. 

Qué dicen los expertos

El tema había cobrado notoriedad durante el debate en comisiones de la popularmente llamada "Ley Ómnibus" en el Senado, cuando Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana) alertó sobre la posibilidad de que este mecanismo sea utilizado por particulares para quedarse con tierras del Estado.

Al respecto, el especialista en Derecho Administrativo y Regulatorio, Eduardo Mertehikian, destacó que "la regla general es que sigue teniendo un sentido negativo" y que, en cambio, "se definen cuándo sí se aplica el silencio positivo".

"Se otorga en situaciones muy específicas, cuando vos le pedís a la administración una autorización para llevar adelante una actividad reglada, con un derecho prexistente", explicó el especialista  en diálogo con El Cronista.

En ese sentido, ejemplificó: "Si vos querés construir en tu propiedad, necesitas que la administración verifique que vos cumplís, lo que está haciendo es verificar el derecho que ya tenés. No te da el derecho, te lo posibilita. El caso contrario es portar armas, que está prohibido por regla general, pero ciertas personas pueden, y piden un permiso. En el primer supuesto, si el Estado no contesta, el silencio va a ser positivo. Mientras tanto, en el caso del arma, será negativo".

En cambio, Gutiérrez Colantuono sostuvo que, además de posibles planteos de inconstitucionalidad en puntos referentes a los amparos por mora, la crítica que puede realizarse a la nueva reglamentación es que "no ha distinguido situaciones distintas que merecen tratamientos distintos, como lo marca la Constitución de 1994".

"Establece que el procedimiento del silencio positivo es para beneficio de quienes piden autorizaciones, no es para sectores vulnerables, o cuando hay una afectación de derechos fundamentales o que están en situación protegida por la Constitución como consumidores y usuarios", añadió.

Por su parte, Carlos Nielsen Enemark, abogado y magister en Derecho Administrativo por la Universidad Austral señaló: "El silencio es uno de los tantos problemas que tiene la Ley, pero es algo más bien intermedio. La modificación a la Ley de Bases, en general y en lo que hace al procedimiento administrativo, es un retroceso en materia de derechos. Esta ley se aleja de todo lo que tiene que ver con las personas, se dirige hacia las empresas, tanto por lo que dice como por lo que omite", destacó.

En ese sentido, tal cómo se planteó durante el debate, muchos apuestan a que se conseguirá el efecto contrario al buscado: "Los funcionarios, ante la duda, rechazarán todo lo que caiga en sus manos".