Pidieron la condena de CFK como jefa de una asociación ilícita en Casación

Ante la Cámara de Casación, el fiscal Mario Villar reclamó que la pena de la expresidenta Cristina Kirchner sea elevada a 12 años de prisión en la causa Vialidad y que se la condene no solo por fraude al Estado sino por el delito de jefa de una asociación ilícita. La expresidenta fue condenada a seis años de prisión por el desvío de obras públicas santacruceñas en beneficio del empresario Lázaro Báez.

Villar dijo que la pena debe ser determinada por este delito de asociación ilícita, aunque como jefa de asociación ilícita le podrían corresponder 12 años de cárcel, que es lo que pidió en el juicio oral el fiscal Diego Luciani.

Villar argumentó ante los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña en una audiencia ante la Cámara de Casación. Luego habrá otras cinco audiencias en las que les tocará exponer a los abogados defensores sus razones para pedir la absolución de sus clientes. Culminará en el mes de abril.

Criticó al tribunal por la escala penal que usó para castigar. “¡Que le decimos a los funcionarios que asumen el cargo. Si al arrancar en la función comenten muchos delitos, se los considerará uno solo, que ejemplo estamos dando!”, dijo Villar.

Y argumentó: “Si una persona roba las cuatro ruedas de un auto, una por día, y lo condenan por un solo robo, no es razonable que un delito de corrupción mercezca esta pena. Es sentido común, es sentido de justicia. Es muy extraño. Se le saca la asociaciión ilícita, cuando la escala penal permitía una pena razonable”, expresó, casi con indignación. “Esta pena no refleja la gravedad del hecho, incetiva a los funcionarios a cometer delitos”, aseguró el fiscal Villar.

El fiscal pidió que sean condenados por asociación ilícita Cristina Kirchner como jefa y como organizadores José Lopez, el exsecreatrio de Obras Públicas; el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el extitular de Vialidad Nelson Periotti, y el empresario Lázaro Báez.

Asimismo pidió que sean condenados Abel Fatala, exsubsecretario de obras públicas; Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, y Carlos Kirchner, exfuncionario de Planificación Federal.

Para el fiscal Villar se deben aplicar las penas que pidió Luciani: 12 años de prisión para Lázaro Báez, 10 años para Julio de Vido, José López y para el ex titular de Vialidad Periotti 6 años de prisión; 4 años para Abel Fatala y 3 años de prisión en suspenso para Héctor Garro. Respecto de Carlos Santiago Kirchner, Luciani pidió 2 años de prisión en suspenso por administración fraudulenta.

Villar arrancó explicando las razones por las cuales persiste la asociación ilícita de la que dijo que participaron Cristina Kirchner, Julio de Vido, José López, entre otros, Dijo que no es un delito continuado el fraude en las 51 obras públicas, sino varios delitos.

El fiscal dijo que esta teoría del delito continuo arrancó en la edad media, cuando la sucesión de tres hurtos se castigaba con la pena de muerte y para ser menos duros decidieron interpretar que se trataba de un solo delito continuado. Dijo que en este caso sucedió lo mismo con el fraude en las 51 obras públicas, que son varios delitos y no uno solo. Y asimismo se deben considerar las tres administraciones en las que ocurrieron los delitos, uno de Néstor Kirchner y dos Cristina Kirchner.

A su vez, argumentó acerca de la existencia de una asociación ilícita. Aclaró que no era el Estado la asociación ilícita, sino algunos funcionarios. “No fue el Estado el que cometió los delitos si no estas personas que desviaron los fondos para ellos mismos”, enfatizó.

Casi sin público, en la sala de audiencias de las causa Amia, y ante los jueces y el defensor de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, entre otros, Villar explicó que entre 2003 y 2012 funcionó en el gobierno kirchnerista una asociación ilícita y que la integraban los funcionarios acusados. Habló de una escalera en la toma de decisiones que iba desde la expresidenta a los funcionarios de Vilaidad provincial para desviar las obras en favor de Báez, pasando por López y Fatal en Obras Públicas.

Habló de un grupo delictivo organizado, y dijo que ya en la sentencia se habla de que se trató de un grupo organizado, con una voluntad unificada y permanencia en el tiempo. Sin embargo, en la sentencia no se aplicó la figura de la asociación ilícita porque los jueces entendieron que hubo un solo hecho de fraude y no 51 hechos de fraude.

Villar rechazó ambos argumentos al afirmar que no se trata de un delito continuado sino de delitos diferentes que se sucedieron en el tiempo y que deben considerarse como tales. “La asociación ilícta quedó consumada desde el primer día”, dijo. Y por supuesto rechazó la idea del lawfare como planteó la defensa. “¿Que clase de lawfare hay a 51 hechos de fraude los convierto en uno solo y le cambio el tipo penal?”, se preguntó.

Pedido de pena para De Vido

“El tribunal comete una arbitrariedad, se debe considerar integrantes a los cico mimberos desde el princpio”, dijo Villar. Luego argumentó acerca de la intervención de De Vido y su actividades que terminaron en la trasnferencia de fondos a Báez. Y explicó la manera en que se aprobarn decretos para cambiar el presupuesto y dotar de fondos a Vialidad para pagarle al empresario.

Finalmente, indicó que en el plan “limpiar todo”, cuando el kirchnerismo perdió las elecciones y decide despedir a los operarios de Báez, se evidencia la intervención de los acusados con una transferencia del Ministerio de Planificación para pagar lo adeudado.

Cristina Kirchner fue condenada por los jueces del tribunal oral federal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso a la pena máxima por administración fraudulenta, que son 6 años de prisión. Consideraron que las 51 licitaciones de obra pública de la provincia de Santa Cruz direccionadas en favor de Lázaro Báez como un solo hecho de fraude.

A pesar de que Cristina Kirchner está condena a seis años de prisión, no quedó presa porque esa sentencia debe ser revisada primero por la Cámara de Casación Penal y luego por la Corte Suprema de Justicia. Solo si la Corte rechaza todos los recursos de la defensa y deja firme el fallo, la exvicepresidenta podría ser detenida. Cristina Kirchner no tiene fueros que eviten su arresto, pero tiene más de 70 años, por lo que puede pedir cumplir una eventual pena en su casa.