Multas a constructoras y posibles inversores revuelven aguas en la EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) y la Provincia no paran de sacarse chispas. Las fricciones entre la compañía y el Gobierno quedaron en evidencia cuando el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, declaró, tajante, que “se acabó la joda en la EPE”. 

Puccini dio instrucciones precisas para eliminar “la discrecionalidad” en las denuncias por robo de energía. Desde ahora, cuando la empresa estatal detecte una conexión irregular en una inspección, la denuncia deberá presentarse directamente en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Antes, de acuerdo al protocolo que estaba vigente, era un grupo de autoridades de la empresa quien definía qué casos merecían ir a la Justicia y cuáles no.

Al barrer ese protocolo, Puccini intentaría marcarle la cancha a la trama corporativa que juega fuerte en la toma de decisiones dentro de la EPE, un núcleo del que forman parte gremios y jerárquicos. Con esa corporación deben coexistir las administraciones políticas de turno, incluido el equipo de Pullaro.

¿Qué fue lo que detonó la discordia? La EPE detectó que un barrio cerrado en construcción -Funes Lakes, de la constructora Ayres del Paraná y el estudio de abogados Casanova, Mattos & Salvatierra, como informó en su momento Punto biz- estaba conectado de forma clandestina a la red de distribución. Desde la EPE informaron que el country en desarrollo robó una cantidad de energía "equivalente al consumo promedio de un usuario residencial durante treinta años, lo cual implica un robo por $14 M”.

El reclamo por “discrecionalidad” de parte de Puccini a la EPE llegó unos días después de la denuncia al country, y está en sintonía con las suspicacias que deslizaron fuentes del sector privado. Según pudo recoger este medio en charlas informales con empresarios, resultó “llamativo” que la información saliera a la luz cuando ya estaba encaminado el pago de la multa correspondiente, y después de que la constructora haya llevado a la Justicia su reclamo a la EPE. También circuló la versión de que los números de consumo que denunció la empresa estatal estaban inflados, teniendo en cuenta que la conexión ilegal se habría utilizado para unos pocos artefactos de iluminación en horario nocturno. 

Por último, está el tema de las demoras eternas, tanto de parte de EPE como de los estudios de impacto ambiental, que en el caso de Funes Lakes demoraron más de dos años en resolverse. El plazo, que suena imposible, es el habitual en la provincia de Santa Fe. 

Así, mientras la empresa estatal habla de robo de energía, los privados aseguran que las esperas para recibir el palo cajón y el estudio de impacto ambiental son inviables para la actividad privada. 

El desmarque y la idea de privatizar

Al margen del caso particular de Funes Lakes, las declaraciones de Puccini sonaron a tirón de orejas para la corporación de la EPE, pocas semanas después de que la Provincia publicara un informe sobre la situación deficitaria de la empresa energética, que la administración Pullaro postula como el estandarte de la negligencia de la gestión Perotti.  

Los empresarios de la construcción certifican el déficit: no hay desarrollador en Rosario que no afirme que las demoras de EPE son su preocupación número uno. La Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), de hecho, señaló que en Rosario hay más de 300 edificios activos que aún no fueron conectados a la red eléctrica, y funcionan con luz de obra, en tanto que hay 100 pedidos de palos cajón. 

En la EPE hay quienes entienden que las declaraciones de Puccini se enmarcan en un objetivo mayor de la Provincia, que es desmarcarse de los vicios de la gestión previa y preparar el terreno para una posible privatización. En su momento, fue el propio Pullaro quien reveló a la prensa que había entrado en contacto con fondos árabes interesados en tomar el toro por las astas en la vapuleada EPE. Hasta el momento, los inversores extranjeros no entraron a escena.