Radiografía de la primera batalla del Gobierno: Milei mide su poder

El presidente Javier Milei comenzó su gobierno con el botón de reset en la mano y se propone apretarlo hasta el fondo. Como sea. La idea de reestructurar y “refundar” la Argentina, a través de la experiencia liberal, no está en cuestionamiento por una gran parte de la ciudadanía que lo eligió en el balotaje. En esa legitimidad descansa el mandatario para, de manera temeraria y sin voluntad de negociar políticamente, avanzar con su paquete de medidas. Justamente la impronta de este nuevo gobierno es el método intransigente que quedó expuesto con el envío del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación, y con la inabarcable Ley Ómnibus que pretende sacar de un plumazo. Esas acciones encendieron los cuestionamientos más básicos vinculados con el orden democrático.

En rigor, una cosa es la voluntad de llevar adelante una estrategia dogmática y otra es la que dispone instintivamente la realidad política a la que se terminará sometiendo, en mayor o menor medida, todo presidente. Por eso, lo que resulte del tirante proceso del DNU y la ley ómnibus que generó Milei será una radiografía de qué tipo de gobierno y qué presidente será: un mandatario débil o uno superpoderoso.

Las armas

El líder de La Libertad Avanza (LLA) decidió reducir cuanto antes la inflación y optó hacerlo a partir de un fuerte ajuste fiscal materializado en un shock que, en gran parte, depende del Congreso para modificar leyes impositivas que considera clave. La cuestión tiene una encerrona de origen y procedimiento: un DNU cuestionado por estar flojo de papeles y un texto interminable de 664 artículos que mete ruido en algunos puntos, incluso para los propios, cuyo tratamiento pretendió que sea exprés y a la fuerza.

Milei se arrogó como necesario y urgente derogar 300 leyes y decenas de medidas destinadas a dar vuelta la estructura económica y social del país para, como aclara, refundarlo. El enfoque ordenador, comandado por el asesor económico Federico Sturzenegger, supone privatizaciones, una desregulación económica total, cambios en los regímenes laborales y, principalmente, instaurar una visión irrestricta sobre el poder del mercado. Los cuestionamientos señalaron al mecanismo más que al contenido, que puede ser o no debatible.

Como segunda estocada apeló al proyecto denominado ‘Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos’, en el cual le pide al Congreso que modifique el impuesto a los Bienes Personales y el régimen de impuestos internos, blanqueos y moratorias, ley del IVA, de las jubilaciones, de pesca, de biocombustibles e hidrocarburos, y hasta reformas del Código Civil y al Código Penal.

Pero, de nuevo, choca con las formas: en sus primeros artículos solicita la delegación de poderes, es decir, dictar normas durante prácticamente todo su mandato en el marco de una decena de emergencias. Por lo tanto, a través de un mecanismo excepcional como el DNU y la delegación legislativa, sin pasar por la lógica y los límites de la Constitución, termina coqueteando con la suma del poder público que le soltaría definitivamente la mano al Estado de Derecho. Todo chocó con objeciones de la Justicia –que amaga con ser el resorte republicano en esta circunstancia– y la oposición que, en scrum, pidió lo más básico del republicanismo: discutir en el Congreso.

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