Milei aceptó la renuncia de Marcelo Bailaque como juez federal

Marcelo Bailaque ya no es juez federal. El gobierno nacional oficializó la aceptación de su renuncia mediante el Decreto 443/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y establece que la dimisión rige desde el 1° de julio.

La salida del magistrado ocurre en medio de un proceso judicial y político que lo tiene en el centro de una tormenta institucional: Bailaque estaba acusado de favorecer a imputados vinculados al narcotráfico, y afrontaba una inminente suspensión por parte del Consejo de la Magistratura, que ya había instruido el expediente para un juicio de remoción.

La decisión del juez de apartarse del cargo evitó que avanzara el Jury de enjuiciamiento, aunque no lo exime de las responsabilidades penales. Tras quedar sin fueros, Bailaque quedó con prisión domiciliaria mientras avanza la causa en su contra.

Acusaciones graves y vínculos bajo sospecha

La investigación que involucra a Bailaque se consolidó con informes de la Procuración General, denuncias de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y testimonios de arrepentidos que apuntaron a un patrón de encubrimientos y demoras deliberadas en causas vinculadas al crimen organizado.

Entre los cargos más graves, se lo acusa de haber demorado escuchas clave en una causa contra el narco Esteban Alvarado, en la que no se excusó pese a que la investigación estaba en su juzgado desde 2013. Los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari lo señalaron por omisiones en el seguimiento de una empresa vinculada a Rosa Natalí Capuano, parte del entramado financiero delictivo.

Otra imputación refiere a una presunta maniobra extorsiva junto al empresario Fernando Whpei y el ex funcionario de la AFIP Carlos Vaudagna, hoy arrepentido. Según la acusación, habrían montado una causa contra los empresarios Jorge Oneto y Claudio Iglesias con el fin de exigirles coimas para archivar la investigación. Detrás del caso, también se menciona una interna en la aseguradora San Cristóbal, en la que Iglesias aspiraba a un cargo directivo.

El último de los cargos apunta a la relación personal entre Bailaque y Whpei, actualmente con prisión domiciliaria. Según el expediente, esa cercanía habría condicionado la imparcialidad del juez en al menos una de las causas en trámite.

La renuncia de Bailaque se inscribe en un momento delicado para el Poder Judicial de Santa Fe, donde se acumulan denuncias contra funcionarios que habrían facilitado el avance de estructuras narco-criminales. Las actuaciones del Consejo de la Magistratura y las presiones sociales y políticas para avanzar con una depuración en la Justicia Federal se intensificaron tras la difusión de los fundamentos del caso.