Por Redacción
La Cámara alta sancionó la ley de gastos y recursos para el próximo año tras una extensa sesión.
El Senado de la Nación aprobó el Presupuesto 2026, convirtiéndolo en ley y otorgándole al Gobierno una herramienta para encarar el próximo año con previsibilidad fiscal. La sanción se produjo tras una sesión marcada por negociaciones políticas, cuestionamientos opositores y apoyos cruzados, que permitieron al oficialismo cerrar el año parlamentario con uno de sus principales objetivos cumplidos.
El proyecto, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, fija las proyecciones macroeconómicas, el esquema de gastos y las metas fiscales que regirán durante 2026. Su aprobación representa un respaldo político relevante para el Ejecutivo, que logró sortear resistencias y evitar que la iniciativa volviera a Diputados.
Una votación ajustada y negociaciones previas
La ley fue aprobada en general con una mayoría suficiente, aunque sin alcanzar consensos amplios. Durante el debate, varios bloques opositores anticiparon que acompañarían la votación general pero manifestaron objeciones a artículos específicos, lo que obligó al oficialismo a intensificar las negociaciones en las horas previas a la sesión.
El resultado final reflejó un escenario fragmentado, con apoyos provenientes de sectores dialoguistas y de algunos senadores peronistas que se desmarcaron de la postura mayoritaria de su bloque.
Las claves económicas del Presupuesto
El Presupuesto 2026 establece como principales supuestos:
Inflación anual del 10,4%.
Crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%.
Tipo de cambio oficial proyectado en torno a los $1.423 por dólar hacia fines de 2026.
Superávit fiscal primario del 1,5% del PBI, como eje de la política económica.
El gasto total previsto ronda los $148 billones, con una fuerte concentración en partidas sociales. Según el texto aprobado, cerca del 85% del presupuesto se destinará a jubilaciones, pensiones, asignaciones, salud y educación.
Artículos polémicos y críticas opositoras
Más allá de las cifras macroeconómicas, el debate estuvo atravesado por el rechazo a algunos artículos del proyecto. El más cuestionado fue el que elimina los pisos mínimos de financiamiento para educación, ciencia y tecnología, un punto que generó fuertes críticas de la oposición y de sectores académicos.
También hubo objeciones a las cláusulas vinculadas a las universidades nacionales, que condicionan el giro de fondos al cumplimiento de determinados requisitos administrativos y de rendición de cuentas.
Para el Gobierno, la aprobación del Presupuesto constituye un triunfo político clave: le permite comenzar 2026 con un marco fiscal definido, refuerza su estrategia de equilibrio de las cuentas públicas y envía una señal de previsibilidad a los mercados y a los organismos internacionales.
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