La reforma que quedó boyando: puntos clave del proyecto oficialista

La nueva Ley de Alquileres, que extendió la duración de los contratos de dos a tres años y convalidó una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación, terminó siendo perjudicial tanto para inquilinos como para propietarios y afectó severamente al mercado inmobiliario.

Apenas unos meses después de su entrada en vigencia, se ofrecían menos propiedades en alquiler y a precios más altos. Desde entonces, se presentaron unos 30 proyectos legislativos en el Congreso para modificarla o derogarla, pero ninguno avanzó. De hecho, el año pasado se firmaron dos dictámenes, uno de mayoría en representación del Frente de Todos y otro de minoría, de Juntos por el Cambio. La propuesta que tuvo el dictamen de mayoría no alteraba el plazo mínimo de tres años ni el ajuste anual, los puntos más polémicos.

La Ley de Alquileres volvió a la agenda política este abril, luego de que el Gobierno evidenciara su intención de querer modificarla para amortizar el impacto que tuvo desde su sanción. Tras aprobarse a mediados de 2020, en plena pandemia, los contratos aumentaron casi el 250%.

Los puntos a modificar 

- El proyecto del Frente de Todos deja el marco normativo actual tal y como está y sólo propone “incentivos a la oferta de bienes inmuebles con destino habitacional”, con los que apuntan a tratar de solucionar el problema de la escasez de inmuebles en alquiler.

- Exime del impuesto sobre Bienes Personales a los inmuebles en alquiler “con destino exclusivo a casa habitación”, los cuales no estarán alcanzados cuando su valor sea de hasta $30 M, punto coincidente con el dictamen opositor porque también se basa en los montos de la ley que rige a este tributo.

- Fija un beneficio para los pequeños contribuyentes que tengan inmuebles en alquiler para vivienda. El dictamen señala que podrán seguir en el Régimen Simplificado quienes “no posean más de tres (3) unidades de explotación, sin considerar a estos fines el caso de inmuebles que sean afectados a la locación con destino exclusivo a casa habitación del locatario y su familia”. 

- Incorpora la obligación de que los contratos de alquiler con destino habitacional consignen los datos bancarios necesarios de la parte locadora para recibir el pago del canon convenido por transferencia o depósito bancario. 

- Establece que “toda publicidad, en cualquier medio o plataforma, que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional” y prohíbe hacerlo en dólares.