Circula borrador de la nueva ley de alquileres que impulsa el Gobierno

La versión de que el Gobierno podría suspender o derogar la cuestionada Ley de Alquileres cobra fuerza día a día. Incluso, comenzó a circular un borrador que tiene como objetivo avanzar en el reemplazo de la “Ley Lipovetky”.

La propuesta del Ejecutivo pretende suspender la ley aún vigente, ideada por el entonces diputado nacional del PRO, Daniel Lipovetzky, que fue aprobada en junio del 2020 durante el gobierno del Frente de Todos, pero impulsada por Juntos por el Cambio durante la gestión de Mauricio Macri. Esta decisión podría formalizarse a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU),

Una vez que la actual ley deje de estar en vigencia, se utilizaría el marco legal previo para la firma de nuevos contratos -habrá que ver qué sucede con los que están en curso- durante un plazo de 180 días.

En ese período, el Gobierno enviaría al Congreso una nueva ley para que sea discutida, analizada y tratada por los legisladores de ambas cámaras. De cumplirse los plazos estipulados, recién en los últimos meses de 2023 y en pleno proceso electoral, habría una nueva normativa.

Por otra parte, el Gobierno también pretende aplicar beneficios fiscales para los propietarios que pusieran sus inmuebles en alquiler. Por un lado, intentará suspender el pago de Bienes Personales sobre los inmuebles que se pongan en alquiler y del Impuesto a las Ganancias sobre los nuevos contratos de alquiler.

La medida habría sido discutida en un encuentro que mantuvieron el lunes el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.

No sería la primera vez que Sergio Massa pone el ojo sobre la cuestión de los alquileres. En noviembre del 2021, el entonces presidente de la Cámara Baja llamó públicamente a buscar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para “suspender” la Ley de Alquileres y sancionar una nueva norma que de “certeza al propietario y garantías al inquilino”.

Efectivamente, desde entonces, Diputados empezó a debatir en comisiones una modificación de la ley, pero no una derogación. En junio del año pasado, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal (peronistas disidentes y socialistas), un sector de los libertarios y Provincias Unidas (rionegrinos y misioneros, aliados recurrentes del oficialismo) llegaron a un principio de acuerdo con un dictamen unificado.

El dictamen opositor reducía el plazo mínimo de contrato a dos años, en lugar de los tres años de la normativa actual; establecía una actualización entre los tres y los doce meses, con mecanismo a definirse entre las dos partes, contra el plazo mínimo de un año que prevé la ley que rige hasta el día hoy, con una actualización dispuesta por un índice que combina la inflación y la variación del Ripte (que mide la remuneración promedio de los salarios registrados).

El Frente de Todos, en cambio, decidió mantener en su dictamen el núcleo de la norma sin modificaciones, es decir, el plazo mínimo de tres años de contrato y el método de ajuste anual, pero incluyó “incentivos” impositivos para las propiedades en alquiler, en un intento para ampliar la oferta.

En un escenario de fuerte paridad en la Cámara Baja, ni oficialismo ni oposición lograron llevar el proyecto al recinto para aprobarlo.