Iapos v. anestesiólogos de Rosario: Provincia amenaza con iniciar querellas

Sigue la guerra entre Iapos -la obra social de la Provincia-  y los anestesiólogos de Rosario. La semana pasada, la Asociación que agrupa a los profesionales de la órbita local, Asar, anunció que -desde el 15 de julio- los afiliados de Iapos debían pagar la prestación médica de su bolsillo, y tramitar el reintegro después. Enojado con la medida, el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, negó que el afiliado deba pagar y disparó duro contra la entidad: los acusó de cartelizar precios, de controlar los cupos de formación en la ciudad y dijo que el problema era que los sanatorios "habían perdido el control" sobre los especialistas en anestesiología.

Además, advirtió que si algún afiliado tenía problemas ante una intervención quirúrgica de urgencia o programada, Iapos sería parte de la querella en una posible acción penal contra los profesionales que no hayan prestado el servicio sin el cobro previo.  

La disputa

Según comunicó Asar, la decisión de cobrar a los afiliados surgió ante la falta de actualización de sus honorarios y además porque Iapos mantiene una deuda de $300 M con ellos. El ministro, en cambio, negó responsabilidad ante la entidad. “Los anestesiólogos son parte de los recursos humanos de los sanatorios; el Iapos no tiene contrato con ellos, por lo tanto, el afiliado no tiene por qué pagar sus honorarios", manifestó. Y aclaró: "Si por alguna razón se ve coaccionado a pagar, ese dinero va a ser reintegrado y ese monto va a ser debitado de la correspondiente gerenciadora”.

En este sentido, para Olivares "lo que está sucediendo con el Iapos es meramente un síntoma, la punta del iceberg, que parte de esos recursos humanos han salido de control de sus patrones y están comenzando a pedir honorarios al afiliados. Lo hacen porque el Iapos es una institución de referencia para después realizarlo con las demás obras sociales, por una cuestión de Estado público y por una cuestión de volumen. La preocupación es que si este síntoma expresa que los patrones han perdido el control de sus recursos humanos (que le facturan a cualquiera de sus pacientes), ¿qué nivel de control va a tener el quirófano donde se va a entrar?”, se preguntó el ministro.

Cartelización de honorarios 

"La Asociación de Anestesiólogos de Rosario no tiene competencia para establecer aranceles, hemos analizado los estatutos, es una competencia del Colegio de Médicos. Lo que ha acontecido es que a lo largo de un tiempo ha sustraído de hecho la facultades para generar la oferta, es decir, los cupos de formación de anestesiólogo está siendo gestionada exclusivamente por los propios anestesiólogos. Eso ha regulado la oferta, han hecho acuerdos con anestesiólogos de otras provincias para que no puedan venir a prestar servicio aquí y que ni los de acá pueden prestar en otras provincias. Esto ha generado una cartelización con control del territorio. Esto está significando una presión en los aranceles de los sanatorios, que han tenido un incremento de esos aranceles de más de 500% en un año”, dijo el ministro.

Además, adelantó que serán querellantes si los afiliados decidieran denunciar un posible delito. "Sabemos que una cirugía que se tiene que reprogramar implica un riesgo, si por alguna razón algún afiliado tiene una alguna contingencia, el Iapos va a ser querellante ante esa situación y, por supuesto, vamos a propiciar las denuncias que correspondan. Si en alguna situación se configura alguna tipificación penal, vamos a acompañar”, finalizó el ministro de Economía.

Presiones cruzadas

Vale aclarar que la medida de los anestesiólogos no es el primer inconveniente que tienen los afiliados de Iapos este año, en virtud al reclamo por deudas por parte del Gobierno . En mayo habían sido suspendidas las prestaciones para ellos en algunos sanatorios y también las casas funerarias se habían negado a prestarles servicios.

Para agosto, la Provincia tiene preparado una contraofensiva para aquellos prestadores que quieran tomar medidas que afecten a los afiliados.  El Gobierno anunció que habilitará un canal de denuncias para evitar el cobro del plus, a través de una plataforma digital. La orden médica digital va a permitir generar un token para que los afiliados puedan denunciar irregularidades y agregar un comprobante en caso de que la diferencia haya sido abonada. Si ese comprobante faltara, será un problema tributario para los profesionales y centros de salud, que irán a parar a manos de la API. Ante la reiteración de casos, serían considerados "contribuyentes de alto riesgo fiscal".